Trino Márquez 15 de diciembre de 2022
@trinomarquezc
La
desaparición en la práctica del Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
–especialmente, de la Encuesta de Hogares por Muestreo (EHM), que constituía una
fuente fundamental e inagotable de información acerca de los indicadores
socioeconómicos claves del país- obligó a las instituciones académicas y
organismos privados a cubrir ese vacío y, por lo tanto, a emprender
investigaciones que permitieran fotografiar los distintos procesos y
problemas que conforman la realidad nacional.
Como
parte de esa iniciativa surgió la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), que
actualmente coordina la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) a través de su
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales.
Esa labor, que consiste en radiografiar aspectos medulares de la nación, Encovi la ha cumplido con eficacia, ampliando o complementando el trabajo de los observatorios organizados por varias ONG con la finalidad de cubrir la falta de información en áreas clave; y de empresas de estudios de mercado y opinión, como Consultores 21, que han llevado el pulso de Venezuela y han permitido establecer cuáles son los déficits más graves y dónde se ubican las carencias más notables de la sociedad.
El más
reciente informe de Encovi, correspondiente a 2022, muestra un país que, a
pesar de los modestos avances que se han registrado en el campo económico
durante los dos últimos años, se encuentra muy lejos de haberse ‘arreglado’
–según la expresión que se ha popularizado- o de estar transitando un camino
sólido hacia la recuperación estable y sostenida de la economía.
Una de
las conclusiones de Encovi es que Venezuela no ha crecido con equidad. La
concentración de la riqueza sigue siendo altamente regresiva. De acuerdo con el
Índice de Gini, el instrumento más utilizado para medir la distribución de la
riqueza, entre 2021 y 2022 se produjo un retroceso significativo. En 2021, este
valor era de 0,407. En 2022, pasó a ser 0,603.
Hay
que recordar que, según ese instrumento, mientras el valor más se aleja de cero
y se acerca a 1, la distribución de la riqueza se hace más desigual. Esta
disparidad se aprecia claramente en los niveles de remuneración e
ingresos de los trabajadores venezolanos. El promedio de ingreso de los
empleados públicos es apenas $113 mensuales; el de los trabajadores por cuenta
propia, $142,30; y el de los trabajadores de la empresa privada, $149,80. Estos
constituyen niveles de sueldo muy bajos que no alcanzar para cubrir el costo de
la Canasta Básica (CB) ni el de la Canasta Alimentaria (CA), aunque la encuesta
registra el descenso de la pobreza extrema (familias que no pueden satisfacer
el costo de la CA), la cual bajó de 62% en 2021, a 48,4% en 2022.
Los
indicadores de salud, empleo, migración, ingresos, desigualdad e impacto de los
programas sociales presentados por Encovi, muestran de forma inequívoca el
fracaso del populismo autoritario y de la improvisación que ha dominado la
gestión del régimen a lo largo de casi un cuarto de siglo.
Es
cierto que el Gobierno ya no acude al expediente de las expropiaciones y
estatizaciones compulsivas impuestas durante la etapa socialista más frenética
de Hugo Chávez. Esa política intervencionista y confiscatoria fue apagándose
lentamente ante el evidente fracaso del estatismo.
El
Gobierno también ha ido abandonando progresivamente los controles coercitivos.
Han ido extinguiéndose los controles de precios y de cambio (aunque durante los
días recientes ha reaparecido esa pulsión). Sin embargo, ese esquema
intervencionista que asfixia la iniciativa particular no ha sido
reemplazado por un modelo concertado con los empresarios y los
sindicatos, a partir del cual sea posible recuperar de forma sostenida el
desarrollo económico y social.
El
Gobierno optó por abandonar los controles sin concertar acuerdos permanentes
con los agentes económicos principales. En el área social, ha mantenido una
política basada en la aplicación de programas sociales cuyo eje son las
transferencias monetarias y la distribución de las bolsas CLAP.
Los
datos de Encovi evidencian que esos programas han perdido casi totalmente la
eficacia que tuvieron en el pasado. Las transferencias monetarias fueron
sepultadas por la inflación asociada a la devaluación. Lo que reciben los
beneficiarios en bolívares es insignificante cuando se contrasta con el
incremento galopante del costo de la vida. Con respecto al CLAP, de acuerdo con
Encovi, solo 35% de las familias reciben ese beneficio de forma regular cada mes.
El estudio no habla de la calidad de los productos que se distribuyen a través
de ese mecanismo, que es otro tema a considerar. La mayor parte de los
favorecidos se encuentra en la Región Capital. La política social atenúa muy
poco el impacto del deterioro económico y social que afecta a la inmensa
mayoría de la población.
Los
números que muestra Encovi deberían promover un debate nacional acerca de dos
temas. El primero, la ruina provocada por casi un cuarto de siglo de
desaciertos garrafales y cómo los países deben evitar dejarse seducir por el
lenguaje seductor, pero tramposo, de los populistas. El segundo, los enormes
retos que tienen las fuerzas democráticas para configurar un modelo económico y
social que saque a la gente de la miseria y la incluya en un proyecto colectivo
de reconstrucción nacional.
Trino
Márquez
@trinomarquezc
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