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domingo, 21 de diciembre de 2014
martes, 2 de diciembre de 2014
Funciones económicas del Estado, @jesusalexis2020
Por Jesús Alexis González, 01/12/2014
El Estado-Nación,
es un tipo de organización que posee el monopolio de la fuerza dentro del
territorio, supeditado a que sus objetivos sean de integración y homogeneización de la población (Max Weber). Las
funciones del Estado desde el punto de vista económico, están identificadas con
acciones de regulación, de provisión de bienes y servicios, de carácter fiscal,
de redistribución del ingreso, de estabilización de los grandes agregados económicos
(evitando fluctuaciones), de aumento en el nivel de empleo, de procurar una
tasa positiva de crecimiento económico, de acumulación
a los efectos de incrementar la capacidad productiva del propio Estado para
impulsar su accionar y el de la Nación como un todo. Para cumplir dichas
funciones, el Estado debe
instrumentar políticas públicas en
aras de actuar sobre la realidad y modificarla, fundamentadas en planes de
acción para alcanzar objetivos de interés público en función de programas y
proyectos que en conjunto justifiquen el
gasto público como obligante apalancamiento financiero de las políticas de Estado, en el marco de un
definido proceso de planificación
estratégica de desarrollo donde ha de tener relevancia el gasto social definido según la CEPAL
como un monto de recursos destinados al financiamiento de planes, programas y
proyectos, cuyo objetivo es generar un impacto
positivo en algún problema social como educación, salud, nutrición, seguridad,
asistencia social, trabajo, vivienda, electricidad, agua y saneamiento. Es así,
que el gasto público representa la herramienta más importante para la
conducción macroeconómica del país; y de su nivel de eficiencia (o ineficiencia) dependerá el ritmo de la economía bien
para dinamizarla o bien para causar fenómenos como la inflación, la
sobrevaluación, dependencia de las importaciones, escasez de divisas, caída de
las reservas internacionales, devaluación (explícita o implícita), un mercado
paralelo con una paridad perversa y mucho más.
La principal función y responsabilidad económica del
Estado, es la de garantizar que la mayoría de los ciudadanos puedan vivir bien; es decir condicionar
las relaciones económicas para una mejor satisfacción de las necesidades de la población.
La otra gran función que debe
cumplir, es la de regular la actividad
económica mediante la instrumentación de políticas y reglas claras en las
áreas de monetaria, fiscal y de regulación propiamente dicha al establecer un
comportamiento obligatorio en aras de definir ¿qué se puede hacer y qué no? al tiempo de supervisar y corregir
las fallas del mercado. En síntesis,
desde el ángulo económico el Estado por
intermedio de su Gobierno actúa para influir en la actividad económica con
la finalidad de alcanzar objetivos sociales vinculados con el bienestar de la población. Tal enfoque
es diametralmente opuesto a la función
económica del Estado socialista (pre-comunista), que se basa en la
propiedad social de los medios de producción (luego de
nacionalizados/expropiados/confiscados) hasta convertirse en el rector y
organizador de toda la economía a la
luz de un centralismo democrático (principio
leninista) como una etapa de transición hacia la autogestión social comunitaria.
Hacemos un alto para una interrogante: ¿porqué el Estado interviene en la
economía? El mercado no siempre (o casi nunca) se comporta de manera ideal;
de hecho no existe ninguno absolutamente puro y perfecto, y muy por el
contrario en su desenvolvimiento se estructuran ciertos desequilibrios que
impulsan la intervención directa del Estado en el proceso con la finalidad de corregir sus fallas (sin dinamitarlo) y
regular la actividad económica para cumplir con sus funciones inherentes a la
redistribución del ingreso, asignación de recursos y estabilidad de la
economía, sin llegar a coartar la libertad
política y económica. Es de resaltar, que en Venezuela se observa una clara
intención de fortalecer la presencia del Estado en la economía en conjunción
con la demolición del sector privado,
cuya tapa de despegue puede ubicarse en el año 2005 con la reforma de la Ley
del Banco Central y la creación del Fonden; momento a partir del cual si inicia
un soslayamiento de nuestra Constitución en sus Artículos 3: “El Estado tiene como fines esenciales (…) la promoción de la
prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los
principios, derechos y deberes consagrados en esta Constitución”; 299: “El
régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta
en los principios de justicia social, democracia, eficiencia, productividad y
solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una
existencia digna y provechosa para la colectividad. El Estado, conjuntamente
con la iniciativa privada promoverá el desarrollo armónico de la economía
nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado
nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía
económica del país…; 115: “Se
garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce,
disfrute y disposición de sus bienes”.
Ha de quedar suficientemente claro, que el Estado a través de su Gobierno debe hacer uso de
la regulación como instrumento para
influir en la actividad económica (inversión, empleo, etc) con la finalidad de
alcanzar objetivos económicos y sociales vinculados con el bienestar de la
población, asumiendo un papel de regulador
de la demanda agregada lo cual es mucho más importante y trascendente que
el de simple regulador de precios,
que a todo evento es consecuencia de la escasez y el desabastecimiento ante la
aniquilación del aparato productivo nacional, agravado ahora con la caída del
precio del petróleo que por mucho tiempo permitió el reflejo de una ficticia prosperidad, al extremo de
ocupar Venezuela a nivel mundial el
último lugar en el Índice de Libertad Económica 2014.
A manera de una reflexión final, podemos señalar que la fortaleza del Estado y su Gobierno descansan sobre el correcto manejo
de las variables económicas; lo cual induce a formular dos inquietudes; ¿Quién regula las fallas económicas del
Gobierno? ¿Cómo se corrigen las imperfecciones económicas del Gobierno?
Econ. Jesús Alexis González
@jesusalexis2020
martes, 25 de noviembre de 2014
Economía acorralada por el Estado, la familia y los obreros, @jesusalexis2020
Por Jesús Alexis González, 24/11/2014
En función de intentar comprender (más allá de la
obviedad cuantitativa) las causas del profundo desajuste macroeconómico que experimenta
Venezuela, abordamos el basamento ideológico
que sustenta la relación
Estado-familia-obreros en lo que se refiere a las aspiraciones
redistributivas de carácter igualador,
que intenta promover (1) estándares elevados de vida o (2) una igualdad en las necesidades mínimas, con la intención soterrada
de evitar que la movilidad social (nuevas clases medias) actúe en contrario al
enfoque del proceso que adelanta la izquierda comunista. Al propio tiempo,
visualizaremos la pretensión gubernamental por una ampliación de los derechos
de los trabajadores para participar en la gestión económica (y empresarial), en
un horizonte que procura una lucha de
clases para controlar los medios y modos de producción con la finalidad
ulterior de cambiar estructuralmente las
relaciones sociales, y retornar a un
Estado (totalitario) como principal agente productor de bienes y
servicios, que de igual modo asume (contradictoriamente) la garantía de los
derechos civiles, sociales y políticos de todos
los ciudadanos.
Resulta pertinente recordar, que las políticas
liberales impulsadas por el Consenso de
Washington (año 1989) se orientaban
al funcionamiento de un sistema de mercado sin regulaciones (autoregulado) en
la producción y distribución de bienes, bajo el marco de la libre competencia;
escenario que a la postre mostro una incapacidad para disminuir la desigualdad
social (pobreza y exclusión). Tal situación, motivo la refundación del Estado interventor para que participara
activamente en la instauración de una cohesión
social, asumiendo el rol de
principal (y casi único) coordinador
y facilitador de una específica matriz socioeconómica entre la sociedad y los agentes económicos,
hasta constituirse (el Estado), en respuesta a un clamor asistencialista emanado de la sociedad, en la más relevante
estructura social que podía inducir beneficios sociales colectivos en armonía
con un obligante crecimiento económico
sostenido; en un contexto donde los sindicatos obreros, aparte de luchar
por mejorar sus condiciones laborales, también participarían para restringir la
libertad empresarial. Es evidente, que el mercado autoregulado y el principio
de la igualdad tienen entre sí postulados
incompatibles, ya que uno (el mercado) exige la no intervención del Estado
mientras que en el otro (la igualdad) se infiere que el Estado debe asumir la
carga de eliminar los obstáculos que impidan al ciudadano contar con una seguridad social a la luz de gozar de
sus derechos (civiles, sociales, políticos y económicos); contradicción que
origina una especie de economía mixta
donde coexisten un sector privado (en
vías de demolición) que participa en un mercado altamente controlado como
mecanismo asignador (¿?), y un sector público
con un marcado rol intervencionista al extremo de imponer (alejado de
cualquier forma de “pacto social”) las políticas sociales y económicas hasta
configurar una relación Estado-sociedad
bajo una premisa de difícil logro: “que cada integrante de la sociedad se
sienta como un miembro pleno, capaz de participar y de disfrutar de la vida en
común” (Kymlicka y Norman, 1997) al establecer vínculos determinados entre los
sectores sociales y el Estado, sin que medie el obligante compromiso entre el capital y el trabajo a los efectos de inducir
tanto crecimiento económico y empleos dignos, como la generación de recursos
financieros para sostener la inversión social.
A tenor de lo expuesto, puede inferirse que la
perturbación económica (con implícita desestabilización política e
institucional) que en la actualidad impera en Venezuela, es en mucho
consecuencia de una errática gestión
fiscal del Estado ante el exceso de recursos (humanos y financieros) que
concentra habida cuenta de su cuantiosa e improvisada (y populista)
participación directa en materias de índole social con el consecuente efecto
sobre el crecimiento del gasto público (en dependencia exclusiva de la renta
petrolera), al tiempo de convertirse en un obstáculo para el desenvolvimiento
de la economía al desatender el impulso que debe prestar a la acumulación de capital (y su
rentabilidad) en favor de magnificar los planes sociales compensatorios
(renunciando a la debida eventualidad de algunos de ellos) propiciando una esperanza creciente hacia el Estado (la
mano extendida), hasta materializar una contradicción que conduce a una
disminución en la eficiencia funcional (y burocrática) de las políticas
públicas y a una pérdida de legitimidad
en la actuación del Gobierno, incluida la ruptura
del consenso social. En lo referente a la intervención del Gobierno en la
economía, debería condicionarse su
participación a la eficiencia (o ineficiencia) en razón a la obligación de hacer buen uso de
los recursos fiscales siempre escasos y a su costo de oportunidad (escoger implica renunciar) so pena de
apuntalar, por una parte, un déficit fiscal continuado y por la otra, estimular
en las familias el fácil sendero de delegar en el sector público la procura de
recursos para financiar la satisfacción de ciertas necesidades (rentismo
mental) que ellos mismos pudieran asumir, con
la sola condición de contar con un empleo decente. En fin, ha de estar
suficientemente claro que la supervivencia del Estado social (y benefactor) está limitada tanto por el tipo (y
condicionantes) de las prestaciones que aspira (y puede) suministrar, como por
la fase del ciclo económico en que
se encuentre el país, ya que en una etapa
expansiva variados componentes de la inversión social tienden a disminuir
al ser absorbidos por el aparato productivo; mientras que por el contrario en una fase
recesiva algunos elementos del gasto social se contraen ( o deberían) por
la elemental circunstancia de hacerse más difícil la recaudación de ingresos para atender el crecimiento natural y los
incrementos en materia de política social. Es justamente una situación de
desequilibrio macroeconómico y crisis recesiva, lo que debe impulsar hacia una redefinición del sector público en su
rol de operador para la satisfacción de las necesidades inherentes al bienestar
de la familia, previa revisión del esfuerzo compartido. En consecuente
comportamiento, ha de revisarse lo relacionado con el desplazamiento que ha
sufrido el sector empresarial en su participación en la conformación del PIB
como reacción a la imposibilidad de competir con las perversas importaciones subsidiadas, con obvio efecto sobre la
desaparición de su responsabilidad social, que en lo sucesivo lo intenta cubrir
el Estado en un papel demáximo patrón aumentando
de tal forma su tamaño y por ende cambiando su ya complicada estructura
organizativa por una más pesada, lenta e ineficiente.
En la existencia de un Estado social de gran tamaño, que ahora aumentará sus
complicaciones ante el anuncio que el venidero 28/11 se instalará para la
reactivación del tejido empresarial el Consejo
Presidencial del Gobierno Popular de la Clase Obrera, puede encontrarse la razón de la ausencia de materia económica fundamental al
momento de aprobarse el pasado 18/11 según Gaceta Oficial No 40.543 unas 28
leyes “vinculadas con la economía” y
destinadas a “la diversificación, el
crecimiento y el desarrollo económico de la patria”, donde no se incluyeron temas trascendentes
como la sobrevaluación, un plan antiinflacionario, el ajuste cambiario
(reducción del subsidio cambiario), una flexibilización del control de cambio,
una política monetaria, la monetización del déficit fiscal (emisión de dinero
inorgánico), caída del PIB, desequilibrio de la balanza de pagos,
desabastecimiento y escasez, dependencia alimentaria, situación crítica de las
reservas internacionales (especialmente las operativas), estímulo a la
inversión productiva (nacional y extranjera, pública y privada) y un largo etcétera. Se desprende entonces,
que las leyes en comento están dirigidas al hecho fiscal (reforma tributaria y fiscal) con la finalidad de
aumentar los ingresos, cuyo monto reducirá muy poco (cerca del 2% del PIB) el
actual déficit fiscal (superior al 20% del PIB), con el agravante que no se
hace mención alguna sobre la obligante reestructuración
del tamaño del Estado, con la finalidad de elevar la eficiencia del gasto
público y así poder disminuir su monto; lo cual debe complementarse con la devolución a la economía del uso de los
factores de la producción.
lunes, 17 de noviembre de 2014
Sobrevaluación con inflación y sin ajuste: trio perverso, @jesusalexis2020
Por Jesús Alexis González, 17/11/2014
En Venezuela, el mercado
externo ha venido sustituyendo el mercado
interno con el consecuente estrangulamiento del aparato productivo
nacional, a la par de estarle confiriendo mayor importancia a las variables
vinculadas con las relaciones internacionales y dentro de ellas al tipo de cambio, que pasa a convertirse
en una de las más importantes en la actividad económica nacional y un elemento
determinante de la estabilidad (o inestabilidad) económica. De igual modo,
presenta una clara sobrevaluación o
atraso cambiario del bolívar (comparación entre el tipo de cambio real y el
tipo de cambio nominal) con relación al US$, habida cuenta de los diferenciales
de inflación entre nuestro país y el resto del mundo que en mucho es la causa
del desequilibrio macroeconómico y por ende de la crisis socioeconómica e
institucional, dando por valido que los niveles de precios y el tipo de cambio
se influyen mutuamente con obvio efecto
sobre el comercio exterior y el mercado de divisas hasta configurar un contexto
donde las exportaciones no petroleras han venido decreciendo cediendo su
espacio a las importaciones, propiciado por el abaratamiento de los productos
extranjeros y el desplazamiento de nuestro sector industrial manufacturero y
agrícola en favor de un renovado
rentismo, al extremo de representar el sector petrolero el 96% del ingreso
de divisas.
Nos permitimos una interrogante: ¿Qué es el tipo de cambio? El tipo de cambio es un precio relativo, y por tal razón el tipo
de cambio nominal es la relación cambiaria entre dos monedas (precio de una
moneda en términos de otra moneda), a la luz del régimen que adopte un país
desde el flexible (el mercado
establece la cotización) hasta el tipo
de cambio fijo (el Banco Central lo define y controla la oferta de divisas
para mantener la paridad), en el entendido que entre estos dos extremos pueden
acordarse otros regímenes que impliquen mayor o menor intervención del ente
emisor. El tipo de cambio real,
representa el precio relativo de una canasta
de bienes transables (comercializados internacionalmente para un nivel dado
de tipo de cambio) respecto a otras, y se establece de acuerdo a las
condiciones del movimiento de los precios en los países implicados los cuales a
su vez están definidos en función de los diferenciales en el cambio del nivel
de precios, es decir la inflación presente
en cada país; o lo que es lo mismo, es el tipo de cambio nominal deflactado
por un índice de precios doméstico y uno
externo hasta perfeccionar un tipo de
cambio de equilibrio que refleja la comparación de poderes de compra de las
dos monedas dado los respectivos niveles de precios. Formulemos otra
interrogante: ¿Qué significa la
sobrevaluación o atraso del tipo de cambio? El uso del tipo de cambio como
herramienta de ajuste (sin devaluar)
para corregir desequilibrios macroeconómicos, y en especial para mantener el
control de precios como estrategia de lucha contra la inflación, conduce
irreversiblemente (al mediano plazo) a una sobrevaluación (atraso cambiario)
ante la inflexibilidad (como es nuestro caso) para aumentar las exportaciones
(no petroleras) y reducir las importaciones, aunado a la perversidad de
resquebrajar el funcionamiento del aparato productivo nacional en su rol de
generador, tanto de bienes y servicios como de empleos dignos al no poder
competir con importaciones subsidiadas a
Bs 6,30/$. Es así, que mantener en Venezuela un tipo de cambio fijo
sobrevaluado (sin devaluar) con 4 tipos de cambio interactuantes (Cencoex, Sicad
I, Sicad II y paralelo) que se
desenvuelven dentro de un modelo económico carente de perfil y
desprovisto de estabilidad jurídica donde cerca del80% de las divisas asignadas
son adjudicadas a un tipo de cambio de Bs 6,30 para realizar más del 70% de las
importaciones y teniendo un elevado IPC, al tiempo de no utilizar la tasa de
cambio como mecanismo de ajuste al desequilibrio externo, coloca al país en un
umbral de permanente crisis que intenta soslayarse bajo la versión mediática de
estar en presencia de una situación de hostilidad solapada y un enfrentamiento
económico continuado entre el Gobierno y el Sector Privado(¿?) en una Nación
donde el Estado controla la casi totalidad de los ingresos (haciendo que la
sociedad dependa de él y por tanto la subordina), cuando en realidad el
verdadero conflicto radica en la indefinición e improvisación marcadamente
populista del hecho económico, y haciendo uso de los precios justos como artillería.
La política
cambiaria (mecanismos mediante los cuales se fija el tipo de cambio) ha de
instrumentarse en armonía con una eficiente política monetaria (participación del Banco Central en el control
de la cantidad de dinero en circulación), a la luz de orientarse hacia alguna
de dos modalidades concretas: (1) la
subvaluación de la moneda para
apoyar el crecimiento de la actividad productiva y de la economía en su
conjunto, al abaratar y hacer competitiva la producción nacional en el mercado
internacional y estimulando por tanto las exportaciones (de bajo impacto al
inicio); (2) la sobrevaluación de la moneda, acción que se traduce en un
encarecimiento de los productos nacionales (si los hubiere) en el mercado
internacional mientras que los productos extranjeros se hacen más baratos en el
mercado doméstico, motivando un incremento delas importaciones y desestimulando
las exportaciones habida cuenta de ser menos competitivos los productos
nacionales en el exterior, todo lo cual conduce ( a veces más tarde que
temprano) a un ajuste cambiario
(devaluación), que puede ser de un 55% en la Venezuela 2015 con indeseables
efectos financieros, con fuga de capitales (cerca de US$ 200.000
millones desde 2002 mediante empresas ficticias) y un cruel desabastecimiento impulsado por la escasez de dólares y la
paralización del aparato productivo nacional; hasta propiciar más devaluación (¿macrodevaluacion?), a pesar que el país ha percibido más de US$
1.500 millardos de ingresos fiscales en los últimos 15 años, ejecutados en gran
parte por intermedio de un fallido experimento de “modelo económico”. Tal
posibilidad de una macrodevaluacion, se hace probable al momento que el precio
de la cesta petrolera nacional se ubicó en 70,83
dólares/barril(14/11/2014) luego de 10 semanas de caída continuada, y
cuando las reservas liquidas apenas se sitúan en unos US$ 600 millones (10 días
de importaciones) para un total de reservas internacionales (octubre 2014) por
US$ 19.700 millones donde el 70% está en barras de oro; con el agravante que por cada 1 US$ de caída en el precio de nuestra cesta petrolera el
sector publico deja de percibir US$ 770 millonesen ingresos netos; lo cual
representa una disminución de US$ 17.710 millones con relación al 2013 y de
unos US$ 11.550 millones con respecto al 2014; situación que puede traducirse
para 2015 en una inflación cercana al 100%, una contracción de al menos un 4%,
un déficit fiscal superior al 20% del PIB que obligará (para mantener el nivel
de gasto) a un financiamiento monetario mediante la emisión de dinero
inorgánico por parte del BCV respaldada con pagarés que entrega Pdvsa a la
Tesorería Nacional, generando obviamente más inflación, crisis e inestabilidad.
Una reflexión final: a pesar de nuestra condición
de optimista preocupado nos resulta
difícil entender declaraciones de voceros oficiales tales como: “el Banco Central no puede ser responsable
de todo el equilibrio monetario” (El Universal, 14/11/2014), “No está planteada ninguna devaluación;
nosotros seguiremos trabajando con 6,30, con el Sicad I y el Sicad II” (Correo
del Orinoco, 10/11/2014); “el dólar
paralelo o dólar artificial no es parte del problema que ocupe al Ejecutivo” (El
Mundo, 10/11/2014).
martes, 11 de noviembre de 2014
¿Salario real decoroso en contexto inflacionario?, @jesusalexis2020
Por Jesús Alexis González, 11/11/2014
El salario
real (SR) refleja el poder de compra en bienes y servicios que tiene el salario nominal (SN) luego de su ajuste
de acuerdo al índice de precios al consumidor (IPC), es decir una variación del
precio nominal de los artículos que conforman la canasta básica con el consecuente efecto sobre el poder adquisitivo (aumento o
disminución); es así entonces que el SR es igual al SN deflacionado por el
nivel de precios interno, el cual crece (SR) en función a la productividad (relación entre lo
producido y los medios empleados), a la luz del desarrollo tecnológico, de las
inversiones, de una adecuada estructuración del proceso productivo que responda
a un determinado modelo económico, y gracias al avance del sistema educativo que provoca un aumento del salario
real ya que los ciudadanos perciben una remuneración más alta porque se
capacitan, favoreciendo la condición de vida al inducir una mejora en el acceso
a bienes y servicios y por ende a una mejor
calidad de vida, habida cuenta que el SN sobrepasa la carestía o costo de vida. De igual forma, la
política salarial y los incrementos nominales se relacionan con el comportamiento de la inflación,
provocando que el aumento sea, al menos, igual a la variación anual del IPC
experimentado por la economía en el periodo
inmediato anterior, induciendo obviamente una modificación del SR, que
transfiere hacia adelante la inflación
pasada (inercial). Es claro, que la remuneración debe fijarse en armonía
con el salario real de equilibrio
que emerge del mercado de trabajo en correspondencia con las condiciones de la
oferta y demanda de mano de obra, en el entendido que si los salarios son
impuestos unilateralmente por el Gobierno (por encima del nivel de equilibrio)
como una complacencia populista a una supuesta
mejor distribución de la riqueza, estos acabaran ajustándose por cantidades
generando desempleo, operando en
sentido contrario al mandato constitucional sobre el acceso a los derechos sociales
y muy particularmente a la suficiencia
del salario como condición del bienestar. A tenor de lo expuesto, el salario mínimo (SM)ha de entenderse
como la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los
servicios prestados en la jornada laboral, y deberá ser suficiente para satisfacer con decoro las necesidades básicas de la familia en el orden material,
social y cultural; teniendo como norte no sólo la distribución de la riqueza
sino la disminución de la pobreza
apuntalada por una evolución favorable del poder adquisitivo de sus ingresos,
al evitar que la inflación afecte el nivel de precios y en consecuencia el poder de compra.
Resulta imprescindible, acotar brevemente
algunas referencias sobre los nefastos efectos de la inflación. Veamos: (1) perdida en el poder adquisitivo del
dinero, con la consecuente carga de injusticia
social sobre los estratos menos favorecidos, al igual que en los
trabajadores y jubilados quienes perciben
ingresos fijos; (2) incertidumbre
sobre los pagos a futuro, propiciando que los agentes económicos posterguen sus
aspiraciones de inversión productivas para evitar riesgos en un proceso que exige
un horizonte temporal de largo plazo; (3)
desajusta el sistema de precios (vital para el funcionamiento de la
economía), dando paso a una distorsión e ineficiencia en la asignación de
recursos a los fines productivos; y (4) eleva
los costos de transacción, razón por la cual los empresarios tienen que asumir
los “costos de cambiar el menú” ante
la obligación de enfrentar la elevación de costos, desestimulando la inversión
productiva que en obviedad implícita frena el crecimiento económico y genera
desempleo, al tiempo de profundizar los
desequilibrios sociales; mientras que los consumidores han de acoplarse al “costo en suela de zapatos”, es decir
buscar alternativas inmediatas de demanda de bienes y servicios (si los
consiguen) que facilite, tanto la disminución de la tenencia de dinero en efectivo
que a diario pierde valor, como para evitar convertirlos en depósitos bancarios
con tasas pasivas de interés por debajo del IPC con el consecuente deterioro
del patrimonio familiar.
Mención especial, merece lo referente al bienestar de las
clases medias (media-media, media- baja, media-alta). En general, y como se
desprende de un informe de la CEPAL, en laAmérica Latina actual la movilidad
social se produce muy escasamente de una generación a otra y se ha ido
extinguiendo aquella máxima que indicaba que
una generación hacia el sacrificio y la siguiente recibía los beneficios; y
en mucho la causalidad está vinculada con la pérdida del decoro del salario ante la caída del poder de compra
inducido Por el elevado IPC presente en algunos países (como es el caso de
Venezuela); situación que no sólo está dificultando el ascenso socioeconómico camino
al bienestar, sino algo mucho más grave: está
induciendo un desmembramiento del nivel de vida alcanzado con honestidad,
esfuerzo y sacrificio; lo cual equivale a señalar que no se está disminuyendo
la pobreza y la exclusión sino que adicionalmente se está acabando con la clase media.
martes, 28 de octubre de 2014
Venezuela, Nivel Socio Económico en picada, @jesusalexis2020
Por
Econ. Jesús Alexis González, 28/10/2014
El Nivel Socio Económico (NSE), se
corresponde con el uso integral de variados indicadores que reflejan el nivel de bienestar alcanzado
por un individuo o familia, a la luz de tener (o no) cubiertas en el presente
las necesidades trascendentes, en armonía con la posibilidad de planificar su futuro. El NSE, hace
referencia a: (1) Nivel de vida; (2) Costo de vida; (3) Servicio público y (4) Calidad
de vida. Veamos. Nivel de vida: Es
un concepto definido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
refiriéndose al bienestar que un individuo, como integrante de un grupo, aspira
o puede llegar a aspirar, no sólo por los bienes materiales que pudiere
acaparar a lo largo de su vida, sino también por los bienes y servicios públicos que le provee el Estado fundamentalmente
en cuanto a educación, salud, infraestructura y otros, a los efectos de
posibilitar la movilidad hacia estratos sociales superiores (o mejorando el
existente). A tenor de ello, el nivel de vida puede entenderse como la cantidad
de bienes y servicios que es posible
consumir con un ingreso económico determinado en aras de satisfacer
necesidades prioritarias, que le permita a su vez ubicarse en un determinado estilo de vida (bienestar material); en
conjunto con los bienes y servicios públicos que consume de manera colectiva. El Programa de las Naciones
para el Desarrollo (PNUD), establece algunos índices para evaluar el nivel de
vida tales como (a) Índice de desarrollo
humano, fundamentado en la esperanza de vida al nacer, nivel educativo y en
la cuantificación de un nivel de vida
digno medido tanto por el PIB como en términos de la Paridad del Poder
Adquisitivo (PPA) en US$ para propiciar comparaciones; (b) índice de pobreza multidimensional (IPM), que pondera en el ser
humano lo referente a educación, asistencia sanitaria y la calidad de vida; (c) La disponibilidad de servicios médicos por habitante; (d) Abastecimiento de agua, electricidad y calidad del medio
ambiente; y (e) Producto Interno Bruto
(PIB).
El costo de vida, ha de entenderse como
los gastos necesarios para mantener un
cierto nivel de vida; y en la práctica constituye un número índice que mide
los cambios relativos en los precios de un conjunto específico de bienes de consumo representativos de la
compra regular del consumidor promedio. Desde el ángulo del Estado, hace
referencia al gasto mínimo que debe ejecutar la Administración Pública para mantener la economía doméstica en un
adecuado ritmo de crecimiento. El Servicio
público (en concordancia con el punto anterior), se refiere a la actividad
asumida por el Estado (directa o indirectamente) en aras de asegurar a los
ciudadanos la satisfacción de las necesidades colectivas, teniendo como norte
la continuidad, la igualdad y la obligatoriedad en un contexto de protección de la economía nacional en
función de contribuir al bienestar general como mandato Constitucional. En
cuanto a la calidad de vida, hace
referencia al nivel de ingresos y de comodidades que una persona, grupo
familiar o comunidad poseen en un momento determinado, contentivo de los
elementos (emotivos, culturales y materiales) que facilitan que la vida sea
digna, cómoda, agradable y satisfactoria, en cuanto al bienestar integral del ciudadano.
A manera de una
aproximación cuantitativa, resulta pertinente señalar que la Canasta Básica Familiar, se ubicó
(Cendas, septiembre 2014) en Bs
24.541,63 para una variación anualizada de un 92,9%, mientras que la Cesta
Alimentaria se situó en Bs 13.482,56
(54.9% de la Canasta Básica); todo ello en un escenario laboral donde más
del 70% de los trabajadores formales percibe el salario mínimo (Bs 4.251/mes), monto al cual debe
sumarse el ticket de alimentación (Bs
1.351/mes), para un “gran total” de
Bs 5.602/mes como salario mínimo integral. Siendo así, para cubrir la
Canasta Básica se hace obligante (en teoría) que trabaje el 80% del grupo familiar (4 de 5 miembros),
mientras que para cubrir la Cesta Alimentaria se hace necesario (en
teoría) que trabaje el 40% de la familia (2 de 5 miembros); y
en ambos casos sin ninguna posibilidad
de ahorro. Ahora bien, supongamos a efectos puramente académicos, que una
familia desea (le urge) comprar al menos un vehículo usado que hoy tiene un costo de Bs 600.000,00, para lo
cual deciden con gran esfuerzo (sacrificando otras necesidads ahorrar (¡!) el
10% del salario mínimo integral (Bs
1.120/mes). Resultado: lo podrán empezar a “disfrutar” al cabo de 536 meses, es decir 44 años después (¿los herederos?);
dentro de otras dos irrealidades; (1) que
la inflación no afecte el precio durante ese lapso (¡!) y (2) que al comprarlo pueda
conseguir repuestos para el “cacharrito”.
Finalmente,
abrimos un espacio de reflexión
individual en búsqueda de una evaluación particular sobre el actual nivel socio económico del
venezolano, teniendo como referencia que el binomio crecimiento económico y
mejoramiento de la calidad de vida, tendrá efectos favorables no tanto por lo
que se produce sino como se distribuye
entre la población los excedentes de lo producido; en caso contrario se
vendrá en picada el nivel socio económico, arrastrando
a la población hacia un indeseable empobrecimiento.
miércoles, 22 de octubre de 2014
Venezuela: entre el rentismo y la política, @CentroGumilla
Por Piero Trepiccione, 21/10/2014
La verdad no se si la disminución de los precios petroleros es algo coyuntural o se hará tendencia en los próximos meses, pero lo cierto es que personalmente apuesto a que se mantengan o suban, ya que Venezuela, ahora menos que nunca, està preparada para soportar una caída abrupta de su principal y casi único producto de exportación. Sabemos hasta la saciedad la influencia que el rentismo ha ejercido y ejerce sobre el funcionamiento del Estado y de la sociedad misma; pero quienes sufrirían un colapso petrolero internacional serían los venezolanos más vulnerables, aquellos que històricamente, han estado apartados del manejo doloso de los recursos provenientes del llamado oro negro.
Nuestra economía es muy vulnerable y dependiente de los vaivenes del mercado petrolero global. Aunque la Opep se fortaleció en los últimos años y ello favoreció los altos precios, también hay que tomar en cuenta otros factores que han incidido. El crecimiento exorbitante y permanente de la economía china por ejemplo, así como el florecimiento de economías alternativas que han requerido una mayor cantidad de combustibles para potenciar sus niveles de producción. Pero, al parecer, también con los altos precios del crudo, se ha impulsado la aparición de nuevas zonas de explotación petrolera que están incrementando sobremanera la oferta en los mercados globales. Y es allí donde se puede ir rompiendo el equilibrio entre la demanda y la oferta globales generando como consecuencia una disminución progresiva de precios.
Una disminución del ingreso fundamental del Estado venezolano en estos momentos de caída de la producción local, alto endeudamiento tanto del gobierno como de la propia petrolera estatal, y un elevado y no pocas veces irracional, gasto público, se puede convertir en un cocktail explosivo en materia de situación socioeconómica de los venezolanos; que si bien es cierto lograron percibir la renta petrolera en los últimos tiempos a través de la política social del gobierno, impactando favorablemente con una disminución de los niveles de pobreza y además, reduciendo la desigualdad según el índice de Gini, ahora se volverían más vulnerables hacia un retroceso gradual o abrupto, según sea el caso, de sus niveles de vida. Todo esto simplemente por el uso de la fórmula pragmática de “rentismo y política” que ha caracterizado el ejercicio de muchos gobiernos en Venezuela sin establecer bases sólidas para reducir la monodependencia petrolera y poder afianzar líneas de producción y autoabastecimiento regular en otras áreas cruciales de la economía nacional.
http://sicsemanal.wordpress.com/2014/10/21/venezuela-entre-el-rentismo-y-la-politica/#more-5399
martes, 21 de octubre de 2014
Bondades del Modelo económico de Bolivia ¿Y VENEZUELA?, @jesusalexis2020
Por Econ. Jesús Alexis González, 20/10/2014
Más allá del enfoque
ideológico, la prosperidad económica a la luz del denominado Nuevo Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo (NMESCP)que
combina lo económico y lo social el cual comenzó a instrumentarse en enero
2006,, se convirtió en la plataforma electoral que facilitó la reelección del
Presidente boliviano para un tercer período (hasta 2020); bajo el impulso de un
continuo crecimiento económico, que para 2014 se espera sea superior al 5% del
PIB siendo la más alta de América del
Sur, al tiempo que disminuyeron la deuda externa desde un 52% del PIB en
2006 a un 17% en 2014; hecho que fue posible habida cuenta de una disciplina
fiscal, un estímulo a la iniciativa privada y una apertura de las inversiones
extranjeras. Cabe preguntarse, ¿cuáles
son los fundamentos de ese exitoso Modelo? Veamos.
Ante todo, es conveniente
acotar que entienden los bolivianos por
Modelo Económico: una forma de organizar la producción y la distribución, siendo
por tanto la estructura de las relaciones sociales de producción que define
cómo se generan y se distribuyen los
excedentes económicos en función a una distribución equitativa del ingreso en
aras de eliminar gradualmente los problemas sociales. En lo especifico de las
bases conceptuales que lo sustentan, señalan que con el NMESCP no pretenden ingresar directamente al
cambio de modelo de producción capitalista, sino sentar las bases para la
transición desde el sistema capitalista hacia el nuevo modelo de producción
socialista en el cual gradualmente se irán resolviendo muchos problemas
sociales y se consolidará la base económica para una adecuada distribución de
los excedentes económicos; asumiendo que la estabilidad macroeconómica es el punto de partida y no la meta para
generar el desarrollo económico, en concordancia con un Estado promotor de la economíacon la obligación de generar el
crecimiento económico en todas las instancias del país, para lo cual pone
énfasis en la producción y en la generación de productos con valor añadido con
la consecuente generación de excedente que destinan con prelación a la
redistribución hacia los sectores excluidos, cumpliendo así con el papel de Estado redistribuidor del excedente, que en simultaneo vigila y corrige las fallas del mercado.De igual modo, el
NMESCP procura cambiar el patrón
primario exportador por un proceso industrializador y generador de
desarrollo productivo, para convertirse en un gran productor de energía y
alimentos sin descuidar los otros sectores de la economía, en un ambiente que
impulsa la demanda interna a la par de la demanda externa para lograr el
crecimiento económico, induciendo la elevación de la capacidad de generar
ahorro interno para la inversión reduciendo
el endeudamiento externo y alcanzando un superávit fiscal.
Ahora bien, ¿cómo funciona el NMESCP? Identifica
dos pilares: (1) el sector estratégico, que genera
excedentes integrado por cuatro sectores: hidrocarburos, minería, electricidad
y recursos ambientales; y (2) el sector generador de ingresos y empleo,
conformado por la industria manufacturera, turismo, vivienda y desarrollo
agropecuario. En tal enfoque, el Estado
es el redistribuidor transfiriendo los recursos de los sectores
excedentarios a los generadores de empleo e ingreso; procurando liberar a
Bolivia de la dependencia de la
exportación de materias primas para abandonar el modelo primario exportador
y construir un país industrializado y productivo.. En resumen, con el NMESCP se
pretende un escenario donde, entre otros aspectos, se preserve la estabilidad
macroeconómica como patrimonio social e impulsar el desarrollo económico, con
la activa participación del Estado en la economía en un rol de promotor de la
economía plural, de redistribuidor del ingreso en función de la inclusión
social e interviniendo para corregir las fallas del mercado; todo ello
sustentado en un patrón de desarrollo industrializador y productivo generador
de empleo que haga factible un crecimiento en función de la interna y externa,
generando recursos domésticos para la inversión, menor endeudamiento y superávit fiscal.
Nos resulta pertinente,
mostrar unas cifras comparativas de ciertos indicadores económicos
Bolivia-Venezuela, a los efectos de visualizar las contradicciones de
crecimiento entre dos países que se califican de “antimperialistas” y “anticapitalistas” que de igual manera
participan en el ALBA y Mercosur; veamos;
Es de señalar, que los
problemas que se presentaban en la llamada “IV Republica” hoy han rebrotado con
mayor intensidad en el proceso revolucionario que se adelanta en la “V
República”, incluido la profundización
del rentismo; situación validada por muchas y variadas alarmas predictivas
dentro de las cuales destacan que en
2014 estamos importando más del 82% de lo que consumimos, nos hemos
convertido en importadores de petróleo, se ha reducido la capacidad productiva
nacional, mantenemos un permanente déficit fiscal; con una pérdida de
motivación sobre nuestro futuro económico. Concluimos emulando una expresión
boliviana: para superar nuestra vulnerabilidad, se hace necesario definir un modelo económico para Venezuela, formulado
por venezolanos.
martes, 14 de octubre de 2014
“Revolución fiscal” o urgencia de ingresos, @jesusalexis2020
Por Jesús Alexis González, 13/10/2014
La política
fiscal (PF), como parte integral de la política económica que promueve el
desarrollo de un país, tiene como
finalidad darle estabilidad a la actividad económica a la luz de las medidas
que toma el Estado para procurar ingresos que permitan la realización de la actividad
pública, no como una función directa sino como propiciador de un entorno que
facilite el desenvolvimiento de los factores de la producción, y para lo cual
integra dos componentes: (1) gasto
público y (2) ingresos públicos. La
gestión tributaria, se vincula con la fijación y aplicación de prestaciones en
dinero como una exigencia del Estado con el objeto de obtener recursos para
adelantar sus fines por intermedio del financiamiento del presupuesto nacional;
cumpliendo al propio tiempo cuatro roles básicos: (A) equilibrio macroeconómico; (B)
distribución de la renta; (C)
asignación de recursos a la economía; y (D)
controlar las fluctuaciones cíclicas (p.ej. exceso de liquidez e
inflación). En resumen, la PF es la utilización del gasto público y los impuestos
para controlar la actividad económica nacional.
La CRBV,
consagra en su Art. 316 que “El sistema tributario procurará la justa
distribución de las cargas públicas (….) y la elevación del nivel de vida de la
población….”; principio que orienta, suponemos, la denominada “revolución fiscal” que pretende
instrumentar el Gobierno (con antecedentes desde 2006) en función de una
revisión de las leyes tributarias para “elevar la cultura tributaria del
pueblo” y hacer menos regresivo el sistema para impulsar que quienes más ganan
sean los mayores contribuyentes (¡¡elemental!!), o lo que es lo mismo más
progresivo (mandato constitucional) en aras de elevar la recaudación no
petrolera. Tal pretensión revolucionaria, está muy lejos de integrar un proyecto
coherente en materia de política económica al orientarse fundamentalmente a
(1) disminuir la presión sobre el
mercado de divisas(recogiendo dinero inorgánico) apartado de un concreto plan de ajuste (o como quieran
llamarlo); y (2) obtención de
mayores ingresos (fines recaudatorios) al margen de una racionalización y
eficiencia en el gasto público que facilite una disminución del déficit fiscal
que para finales de 2014 puede superar el 19% (ceteris paribus). Ambos
lineamientos, permiten inferir la intención de mantener el ritmo del gasto
(mayormente corriente y populista) haciendo uso de los impuestos como
herramienta estratégica; habida cuenta de la
obviedad en cuanto a que el Gobierno evitará a toda costa una
disminución del gasto en una antesala al evento electoral 2015
(parlamentarias), que pudiera propiciar una mayor desaceleración de la economía
con el consecuente aumento del malestar social. Cabe destacar, que en el
presupuesto nacional 2014 el IVA aporta
un 35% del gasto, el I/lr a personas jurídicas aporta el 15% y las personas naturales un 1%, para un total del 51%.
La propuesta de nuevas cargas tributarias, en conjunto
con la revisión de las exenciones y exoneraciones del i/lr, descansa sobre
ciertas afirmaciones que no necesariamente se corresponden con la realidad: (a) la carga fiscal del i/lr (personas
jurídicas) es muy baja; enfoque que
no contempla los impuestos parafiscales
(antidrogas, ciencia y tecnología, deporte, cultura, vivienda, turismo y otros)
y los municipales que al sumarlos
sitúa la carga fiscal entre un 50% y 60%
de las ganancias, las cuales están limitadas a un 30% mediante la ley de
precios justos disminuyendo evidentemente la recaudación vía i/lr ante la
disminución de la rentabilidad (contrario al deber ser), a la par de
obstaculizar la conformación de nuevos gravámenes (punto de quiebre); y (b) la evasión fiscal (no petrolera) es
marcadamente alta; enfoque que en
todo caso hace referencia a unaineficiencia
burocrática que facilita acciones impropias por parte de los
contribuyentes, que deben ser supervisadas y controladas por la administración
tributaria. Seapropicio señalar, que ante la corrupción imperante (enriquecimiento alabado socialmente por
muchos como un éxito de vida) se hace
viable rebrotar el impuesto al
patrimonio de las personas naturales (Anteproyecto Seniat, 2006) que
gravaría la titularidad de sus activos tangibles e intangibles; acción
tributaria prioritaria al observar, que en los últimos 10 años (2003-2013) a
través de Cadivi y Sitme se asignaron
más de US$ 260.000 millones muchos de los cuales adquirieron la figura de “fuga de capitales” desviándose de la
posibilidad de contribuir en la generación de riqueza nacional, en un país que
le han ingresado (1999-2013) más de US$
1.250.000 millones y acumulado deuda financiera y comercial superior a los US$ 280.000 millones.
Capítulo aparte (y vinculante) merece la crítica
situación referida a la generación de
ingresos, que por una parte están afectados por la caída de la cesta de crudo (5 semanas consecutivas) hasta US$ 82,72
(10/10/2014) alejándose del promedio 2013 que se ubicó en US$ 98,08 y de los
US$ 90,00 como precio de equilibrio financiero; y por la otra por el comportamiento de las reservas
internacionales, que para octubre 2014 se situaron en unos US$ 19.814 millones en una estructura
donde las reservas liquidas (disponibilidad
e inversiones en divisas) se ubicaron en US$
1.668 millones (8,4%), el oro
monetario en US$ 14.266 millones (72%),
los DEG (derechos especiales de
giro) en US$ 3.400 millones y los créditos del Fondo Monetario Internacional unos
US$ US$ 480 millones (2,4%). Ante
tal contracción de los ingresos e iliquidez de las reservas internacionales
(para una economía de puertos que supera los US$ 80.000 millones en
importaciones), ha de incorporarse tanto los efectos perversos de la inestabilidad cambiaria, como el
remanente de deuda por cancelar 2014 por US$
3.073 millones.
A manera de conclusión, debemos resaltar que los
conductores de nuestra economía no están escuchando ni la voz del pueblo cuando los encuestados expresan (Datin Corp,
Estudio coyuntura septiembre 2014), entre otros aspectos, que la economía está mal o pésima (62%), que la situación seguirá igual o empeorara (83%)y que la
gestión del Gobierno es negativa (68%); ni
la voz de los comerciantes e
industriales, quienes señalan como condicionantes negativas de actividad al
control de cambio (82,4%) y la falta de divisas(87%). Finalmente nos
permitimos una reflexión: la mayor irracionalidad económica es seguir
haciendo lo que se viene haciendo y esperar
un resultado distinto!!!.
Econ. Jesús Alexis González
@jesusalexis2020
domingo, 12 de octubre de 2014
¿Por qué cayeron las reservas internacionales? ¿Cuáles son las consecuencias?, por @vsalmeron
Por Víctor Salmerón | 8 de octubre, 2014
Las estadísticas del Banco Central de
Venezuela desnudan que las reservas internacionales, es decir, el tanque de
dólares que tiene el país para pagar deuda externa, importaciones y otras
necesidades como divisas para viajes o estudios en el exterior, registra un desplome de 33% entre el cierre
de 2012 y el 7 de octubre ubicándose en 19 mil 925 millones, el nivel más bajo
desde el 19 de diciembre de 2003.
La caída se aceleró una vez que, según
lo explicado por funcionarios a Reuters, el Gobierno retiró la semana pasada
1.700 millones de dólares para cancelar mañana el pago de capital e intereses
correspondientes al vencimiento de bonos que la administración de Hugo Chávez
emitió en octubre de 2004.
Del monto de las reservas solo una
mínima parte está en efectivo o en bonos que pueden convertirse rápidamente en
billetes verdes, el resto corresponde fundamentalmente a barras de oro que,
salvo que sean vendidas o colocadas como garantía para solicitar préstamos, no
le sirven al directorio del Banco Central al momento de aprobar el monto de las
divisas que el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) asigna cada mes.
Los balances auditados del Banco
Central revelan que las barras doradas representan 70% de las reservas
internacionales, la magnitud más elevada entre los países de América Latina, y
las reservas líquidas se encuentran en montos bastante bajos.
Efraín Velásquez, presidente del
Consejo de Economía Nacional, explica que “al cierre de septiembre las reservas
internacionales líquidas se ubicaban en 2 mil 800 millones de dólares, por lo
tanto, tras el retiro de la semana pasada para pagar deuda han descendido a una
cifra cercana a tan solo mil millones de dólares, evidentemente esto hará que
se desfase la asignación de divisas al sector privado hasta que se recuperen”.
Barclays destaca en una nota enviada a
sus clientes que en el pasado las autoridades solían acumular recursos fuera de
las reservas para realizar los pagos de deuda y considera que lo ocurrido es
una señal de falta de previsión y de iliquidez de divisas.
La previsible lentitud en la
asignación de divisas al sector privado, hasta que se recuperen las reservas
líquidas, ocurrirá en un contexto en el
que las empresas ya padecen una fuerte sequía de dólares. En un entorno en el
que Pdvsa solo entrega al Banco Central la mitad de las divisas provenientes
del petróleo y el resto fluye hacia fondos que maneja el Gobierno, crecen los
pagos de deuda, las exportaciones no petroleras prácticamente han desaparecido
y la demanda de divisas se dispara por la mayor dependencia en las
importaciones y un dólar artificialmente barato, el país se enfrenta a un cuadro
de iliquidez de moneda dura.
El ajuste Maduro. Un estudio elaborado
por Francisco Rodríguez, analista de Bank of America, explica que la caída que
sufrieron las importaciones en el primer semestre, tras el descenso en las
asignaciones de divisas, apunta a un declive similar al experimentado en
períodos en que el país ha sufrido severos ajustes.
El Instituto Nacional de Estadísticas
registra que en el primer semestre las importaciones se ubican en 17,3
millardos de dólares, cifra que representa una caída de 22% respecto al mismo
lapso de 2013 y Francisco Rodríguez asevera que si el descenso continúa a este
ritmo las importaciones de 2014 declinarán 35,5% respecto a 2012, lo cual se
traduciría en el cuarto ajuste más fuerte en cuanto a contracción de las compras
en el exterior desde 1946.
Entre 1982-1984 las importaciones
sufrieron un declive de 46,7% en medio de la crisis desatada el Viernes Negro;
entre 2001-2003 cayeron 45,4% por el paro petrolero; entre 1988-1990 descienden
43,7% por el paquete de ajuste de Carlos Andrés Pérez y entre 1992-1994 se
contraen 33,3% por las medidas que adopta el gobierno de Rafael Caldera.
Así, la caída de las importaciones
entre 2012-2014 superaría a la experimentada durante la crisis que sufrió el
país durante el segundo mandato del expresidente Rafael Caldera.
Del total de las importaciones 77%
corresponde a materias primas, insumos y bienes de capital que las empresas
requieren para producir, de tal forma, que la contracción en las compras al
exterior impacta el crecimiento de la economía y la creación de puestos de
trabajo en el sector formal.
Mala administración. Venezuela se ha
convertido en un petroestado con escasez de dólares en medio de decisiones poco
acertadas. Reformas legales obligaron al Banco Central a transferirle al
Fonden, un fondo con el que el Gobierno cubre planes de gasto, 53 mil millones
de dólares en los últimos nueve años, con lo que las reservas líquidas se
desplomaron a mínimos históricos.
Luego, el expresidente Hugo Chávez
repatrió las barras de oro que el país tenía colocadas en el Banco de
Inglaterra, con lo que ya no pueden ser utilizadas como garantía para obtener
financiamiento.
Efraín Velásquez señala que
“usualmente Venezuela colocaba como garantía el oro que tenía en el exterior y
obtenía préstamos a muy bajas tasas de interés para reforzar las reservas
líquidas cuando era necesario. Ahora, con el oro en Caracas, esto no es
posible”.
La presión sobre las reservas va en
ascenso. Entre 2001 y 2012 el precio del oro ganó brillo de manera constante
acumulando un salto sin precedentes de 516% y el Banco Central revalorizó los
lingotes con lo que suavizó el impacto
de las transferencias al Fonden.
Pero el precio del oro ha dado un giro
en un ambiente en que los inversionistas esperan que la Reserva Federal
incremente las tasas de interés y reduzca la inyección de liquidez que impulsa
la demanda por el metal precioso, hundiendo el valor de la Onza Troy a niveles
no vistos desde 2003.
Para valorar las barras de oro que
forman parte de las reservas el Banco Central utiliza el promedio móvil de los
seis últimos meses del mercado matutino en Londres y si el brillo del metal
continúa apagándose las reservas seguirán debilitándose.
Entre diciembre de 2012 y junio de
este año el Banco Central de Venezuela tuvo que ajustar a la baja el valor de
las barras doradas que forman parte de las reservas desde 1.686 dólares por
onza troy hasta 1.290 dólares por onza.
A la cadena de malas noticias se añade
que el precio del petróleo, el producto que aporta 96 de cada 100 dólares que
ingresan al país, también está a la baja y los barriles que vende Venezuela se
cotizaron la semana pasada en 85,5 dólares reflejando un declive de 12%
respecto al promedio del segundo trimestre.
En este contexto los inversionistas
observan un alto riesgo en Venezuela que en lo que resta de año aún debe
cancelar 6 mil 400 millones de dólares por vencimientos de deuda externa y
entre 2015-2017 deberá desembolsar cada año 10 mil millones de dólares en
promedio.
jueves, 9 de octubre de 2014
Béisbol preferencial, @centrogumilla
Por Javier Contreras, 8/10/2014
La junta directiva de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) ha expresado la satisfacción por la aprobación de dólares a 6.30 bs, medida que facilita la contratación de jugadores extranjeros y permite pensar en un nivel de competitividad atractivo para los fanáticos. Mediante este acuerdo, el Ministerio del Poder Popular para el Deporte y la Juventud con el beneplácito de CENCOEX, estarán otorgando a la LVBP una cifra que ronda entre 6 y 8 millones de dólares.
El béisbol organizado, conocido como el pasatiempo nacional, tiene motivos para celebrar, hecho que alegra a muchos venezolanos seguidores de la pelota. Lo que no debe pasar por debajo de la mesa es la tasa preferencial de cambio con la que el Gobierno colabora con la LVBP, tasa que no ha sido aprobada desde hace tiempo para rubros como calzado, ropa, libros e incluso productos relacionados a la salud. Ciertamente el esparcimiento es un componente importante de la calidad de vida, pero no deja de llamar la atención la erogación de divisas extranjeras para una actividad que dura poco más de tres meses y finalmente es un negocio de pocos.
Ninguna animadversión contra el béisbol, tampoco contra los propietarios de los equipos, la intención es señalar las desigualdades que produce contar con distintos tipos de cambio que facilitan la discrecionalidad de criterios para la adjudicación de dólares. Ojalá que el espaldarazo recibido por la LVBP se haga extensivo a los otros deportes profesionales y amateur del país, para que se atiendan las infraestructuras, se capacite a los entrenadores y se puedan adquirir los equipos que cada disciplina amerite; esto sin olvidar que hay sectores productivos del país que bien valdría la pena reciban dólares realmente preferenciales.
http://sicsemanal.wordpress.com/2014/10/08/beisbol-preferencial/
martes, 7 de octubre de 2014
Estabilidad cambiaria: emergencia no atendida, @jesusalexis2020
Por Jesús Alexis González, 06/10/2014
La política
cambiaria está referida a las medidas adoptadas por un Gobierno a efectos
de regular (controlar) el tipo de cambio
(TC) de una divisa (p.ej el US$), el cual refleja tanto su oferta (originada por las exportaciones
y otras entradas de capital) y su demanda
(requerimientos para lasimportaciones), como la diferencia en las tasas de inflación interna (entre países con relaciones de intercambio); es
decir la diferencia entre los precios nacionales (p,ej Venezuela con una
inflación anualizada de un 80%, la más alta del planeta) y la de otros países
(con inflación anualizada cercana al 3%) hecho que convierte menos competitivas
las exportaciones (precios relativos más altos) y más atractivas las
importaciones (precios relativos más bajos); que en el caso de Venezuela se
traduce en una profundización de la
dependencia petrolera (rentismo). Es de hacer notar, que la política fiscal y monetaria son
fundamentales en la cadena de causalidad de la inflación con el consecuente
efecto sobre el TC; situación que erróneamente impulsa una contradictoria
acción gubernamental al hacer uso del TC para intentar reducir la tasa de
inflación a corto plazo (abaratando las importaciones), lo cual, como ya citamos,
merma la competitividad de las exportaciones (estrangulando el aparato
productivo nacional) ante la presencia de masivas importaciones; que en el caso
venezolano de los últimos 12 años ha configurado un estruendoso fracaso (las
reservas internacionales cayeron durante el 3T 2014 en un 7,4%, un crecimiento
negativo esperado del PIB 2014 de -0,5% y una disminución de las importaciones
durante el 1S 2014 de un 21,8%) a la luz de una persistente sobrevaluación del bolívar que de igual
forma estimula las importaciones ( el Banco Internacional de pagos de Basilea,
nos califica como la moneda más
sobrevaluada del mundo con un 91%).
Del contexto antes referenciado, nos emanan al
menos tres interrogantes: (1) ¿Cuál
es la génesis de la crisis cambiaria
en nuestro país? Respuesta: Un
anclaje cambiario (cambio fijo) sobrevaluado con 3TC (más el paralelo)
soportado con continuas devaluaciones (encubiertas/implícitas); (2)¿Alternativa de solución? Respuesta: Se orienta hacia la instrumentación
de un cambio fluctuante con un solo TC,
gestionado entre 2 bandas (techo/piso) cuya distancia es “acordada” por el BCV
(inyecta dólares cuando toca techo y recoge cuando busca piso) en
correspondencia con la oferta y la demanda; (3) ¿Es viable tal propuesta en los momentos actuales? Respuesta: Al corto plazo rotundamente ¡¡no!!Veamos. Cualquier
esquema cambiario, está en primer término, subordinado al control de la inflación ya que en caso contrario todo nuevo TC se “sobrevaluará”
irremediablemente, rebotando el esquema al inicio de la crisis; y en segundo
término se han de corregir otros
desequilibrios macroeconómicos en materia fiscal y monetaria vinculados
fundamentalmente con la disminución (aumento de eficiencia) del gasto público y
restringir la emisión de dinero inorgánico como una forma de monetizar el
déficit fiscal (17% del PIB); cuyo fluir de liquidez se destina mayoritariamente
(en el caso de privilegiados ciudadanos) a la compre de divisas en el paralelo,
mientras que la restante liquidez se convierte en demanda insatisfecha dentro del mercado nacional ante la rígida
oferta de productos (más inflación), al punto que el índice de escasez (marzo
2014) superó el 30%.
Desde otro ángulo, cualquier esquema de
unificación cambiaria que fije un TC por encima de Bs6,30/$ implica una devaluación, que al propio
tiempo no se traducirá en una inmediata
suspensión del control de cambio que en la práctica está funcionando como (A) una herramienta de control
político; (B) una fuente de
corrupción (cerca del 30% del presupuesto nacional, unos Bs 21.000 millones, no
entra al circuito de la economía real; y más de US$ 20.000 millones fueron
liquidados a empresas “fantasmas”) y (C)
un apalancamiento del gasto público mediante recursos obtenidos en el
mercado paralelo. De igual modo, procurar la estabilidad cambiaria basándose en un único TC gestionado obliga a
que el Gobierno cuente con divisas suficientes (o colocar bonos) para
“defender” dicho TC en el mercado de cambio, que justamente no es el caso en comento. En razón de
ello, sostener el TC será potencialmente
probable si se genera una “nueva” oferta
de divisas complementaria a la proveniente de Pdvsa, cuyo origen pudiera
encontrarse en (1) la repatriación
parcial de capitales propiedad de venezolanos (habidos en el presente y
pasado), que según cifras oficiales superan
los US$ 165.000 millones; (2) un
estímulo a las inversiones extranjeras directas; (3) fomento de las exportaciones no petroleras;(4) un incremento de la producción y productividad de la economía
(en nada parecido a la economía comunal); y (5) colocación de bonos-dólar. Alcanzar ese escenario exige, como
condición indispensable, la creación de
un clima de confianza donde impere la estabilidad política, coherencia de
un sistema económico, respeto a la propiedad y profunda seguridad jurídica; en íntima
correlación con un régimen democráticoque
muestre una obvia división de poderes.
A título de reflexión final, debemos acotar que en contracorriente al necesario clima de confianza, el Gobierno
Nacional creó recientemente el Consejo Presidencial para las Comunas en aras de
“demoler los restos del Estado burgués”.
sábado, 4 de octubre de 2014
Deflación en Europa, por Miguel Méndez Rodulfo
Miguel Méndez Rodulfo 03 de octubre de 2014
El temor de Europa de caer en recesión
durante un periodo prolongado, tal como estuvo Japón durante dos décadas ha
hecho que las autoridades del Banco Central Europeo (BCE), representado por su
presidente Mario Draghi, hayan decidido dar un paso al frente para evitar que
la deflación se entronice en ese continente. En estos momentos países como
Grecia, Bulgaria, Chipre, Hungría, Eslovaquia, Croacia y Portugal, padecen de
deflación; sin embargo, en el resto de los países de la unión europea, existe
también una tendencia a precios muy bajos en sus economías, lo cual ha hecho
encender las alarmas. Para combatir este flagelo, las opiniones de los expertos
sugieren dos tipos de soluciones: una monetarista, la cual busca bajar los
tipos de interés y aportar fondos a las entidades financieras para fomentar el
crédito a familias y empresas. La segunda, de corte keynesiano, propone
incrementar el gasto público para dinamizar la economía. El consenso europeo se
inclina por la primera opción, dado su alineamiento con las políticas de
austeridad. Hay que decir que la segunda opción es la que ha manejado la
Reserva Federal en EEUU, lo que quiere decir que norteamericanos y europeos han
diferido en la solución de la crisis económica que azota al mundo desde 2008.
Habría que dejar constancia que la economía de USA crece desde hace más de dos
años y ya ha alcanzado indicadores como el de desempleo que se ubica
actualmente a niveles de 2006, mientras que Europa se encuentra al borde de la
recesión, con Alemania, su locomotora, mostrando signos de fatiga, aunque es
verdad que Portugal, Grecia y España ya iniciaron su despegue al crecimiento,
algo que la deflación amenaza con acabar.
En este contexto la tasa de inflación
cayó en septiembre al 0,3% lo que motivó al BCE a tomar medidas para estimular la demanda agregada, con lo cual ha
seguido el ejemplo de los bancos centrales de Estados Unidos, Reino Unido y
Japón. La institución dirigida por Draghi actuó en dos ámbitos: el del precio
del dinero, reduciendo el tipo de interés de referencia, desde el 0,15% al
0,05%; y el de las remuneraciones de los depósitos que los diferentes bancos
colocan en el BCE, lo que penalizó la inmovilización del dinero, haciendo
negativas las tasas (-0,2%), por lo que el central europeo cobrará, en lugar de
pagar por esos depósitos. Por otra parte, el BCE también instrumentó mecanismos
de subastas de liquidez, para que las entidades financieras tomaran esos fondos
y los utilizaran para inyectar créditos a empresas y familias, reanimando la
economía y ahuyentando el riesgo de deflación; sin embargo, buena parte de ese
dinero barato se utilizó para devolver los créditos a largo plazo de 2011 y
2012, que los bancos habían adquirido, por lo que el objetivo del eurobanco no
se cumplió a cabalidad.
Adicionalmente se implementó una muy
importante decisión en materia de estímulos cuantitativos, relativa a la
adquisición de diversos tipos de activos financieros; en efecto, se autorizó la
compra de los llamados ABS (bonos respaldados por activos, por sus silabas en
inglés), los cuales abarcan títulos de activos bancarios, (incluyendo titularizaciones
de créditos a los sectores privado y público) con el fin de mejorar los
balances bancarios al permitir que el BCE compre estos créditos dudosos, de
manera que las instituciones financieras puedan prestar más. El objetivo en
teoría sería llegar a comprar unos 800.000 millones a lo largo de los próximos
2-3 años. Además, también se autorizó la adquisición de bonos garantizados. El
objetivo del Plan de Estabilidad y Crecimiento europeo, es que los precios
suban 2%. Europa necesita una amplia estrategia económica que haga frente a la
debilidad de la oferta y la demanda en los países a través de una mezcla sólida
de políticas estructurales, fiscales y monetarias, pero la ausencia de crédito
pone en peligro la recuperación de las pequeñas y medianas empresas que
dependen de la financiación bancaria.
Miguel Méndez Rodulfo
3 de octubre de 2014
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