ALFREDO MEZA Caracas 5 ABR 2014
Una marcha en Caracas
pide la liberación del exalcalde Leopoldo López mientras la protesta ciudadana
se extiende y empieza a desbordar el liderazgo político
Las protestas en Venezuela no cesan, a
pesar de que el Gobierno ha logrado reducir sus focos más violentos en todo el
territorio. Sólo en Caracas el viernes estaban pautadas dos manifestaciones que
en buena medida retratan lo que hoy es este país: por un lado los
autoconvocados caminaron desde el sureste de Caracas, en la urbanización El Cigarral
—un sector de clase media profesional muy antichavista donde se levantan
grandes edificios de apartamentos— hasta el distribuidor Santa Fe, en la
autopista de Prados del Este, convertida por estos días en el nuevo punto de
encuentro de la oposición. Por el otro, en la tarde el partido Voluntad
Popular, casi proscrito, marcharía hacia el Palacio de Justicia, en el centro
de Caracas, para exigir la liberación de su líder, Leopoldo López —preso desde
hace mes y medio en una cárcel militar— y el cese de la persecución contra sus
miembros.
La coincidencia de esas convocatorias
no sugiere desavenencias, pero sí indica que el liderazgo político opositor ya
no está a la cabeza del descontento de la ciudadanía. Mientras caminaban, los
autoconvocados de la vanguardia exhibían una gran pancarta con un mensaje:
“Resistencia civil”. En esa frase se resume quizá todo el rechazo que sienten
por la precaria situación económica del país, por la inexistencia de medios
audiovisuales independientes o por el apogeo de la delincuencia.
El antichavismo siente que está
haciendo un profundo acto de catarsis con estos actos. En ocasiones las
caminatas son dispersadas sin motivo aparente o terminan en disturbios que
merecen la intervención de los equipos antimotines. En un informe publicado a
mediados de semana, Amnistía Internacional documentó 10 casos de torturas y
tratos crueles propinados por miembros de la Guardia Nacional, la Policía
Nacional Bolivariana y el Servicio Bolivariano de Inteligencia. Son muchas las
denuncias que no han llegado a sustanciarse ante las autoridades oficiales por
miedo a las represalias. La forma en que son reprimidos —que ha provocado duros
cuestionamientos de la Iglesia esta semana— se ha convertido en una razón más
para que no claudiquen en la idea de provocar un cambio de Administración,
esbozada por un ala de la opositora Mesa de la Unidad, liderada por Leopoldo
López, la defenestrada diputada María Corina Machado y Antonio Ledezma.
A esto se suma la prohibición de
mostrar el descontento en el municipio Libertador por órdenes de su alcalde
chavista, Jorge Rodríguez. La última traba a la libre manifestación ocurrió el
jueves. Un grupo de estudiantes de la Universidad Central de Venezuela
pretendía caminar desde el rectorado hasta la sede de la vicepresidencia
económica, en territorio chavista, para entregar un documento con propuestas
para enfrentar el desempleo y el desabastecimiento.
La Policía Nacional Bolivariana
impidió la salida del recinto universitario y, de acuerdo con los testimonios
recogidos en la prensa local, abrió el paso a un grupo de choque chavista que
golpeó a los estudiantes, ocasionó destrozos en la escuela de Trabajo Social y
ridiculizó a un estudiante al quitarle la ropa y obligarlo a huir desnudo. La
jornada terminó con siete heridos. El secretario de la UCV, Amalio Belmonte,
informó de la presencia de encapuchados armados que amedrentaron a estudiantes
y robaron a dos fotógrafos.
Mientras todo eso ocurría en la
principal universidad del país, en el palacio de Miraflores el presidente
Nicolás Maduro anunciaba la creación del Consejo Presidencial de Derechos
Humanos. Muy distinto a su predecesor Hugo Chávez, quien no dudaba en polemizar
con quienes cuestionaban su compromiso con las garantías ciudadanas, Maduro ha
optado por la cautela frente a los señalamientos y ha preferido responder con
un hecho. La semana pasada había mencionado que la misión de cancilleres de la
Unión Sudamericana de Naciones (Unasur), que visitó Venezuela para intentar
acercar a las partes enfrentadas, le había sugerido crear una dependencia que
supervisara de cerca el respeto a los derechos de los manifestantes.
Adscrito a la vicepresidencia de la
República, el Consejo Presidencial de Derechos Humanos estará al mando del
vicepresidente Jorge Arreaza y tendrá la participación de los ministros de
Interiores, Defensa y Comunas; de la Defensora del Pueblo, la Fiscal General y
la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia; de dos diputados y tres
representantes de organizaciones civiles con recorrido en la defensa de los
derechos humanos. Serán 15 personas que tendrán la asesoría de lo que Maduro
llamó “un conjunto de expertos” designados por Unasur.
El Gobierno no ha podido ocultar la
preocupación que le genera el varapalo que ha recibido su imagen en el exterior.
Este anuncio de Maduro se suma al parte semanal de los disturbios ofrecido por
la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz. Este viernes la fiscal informó que hasta
la fecha han fallecido 39 personas y otras 608 han resultado heridas en las
refriegas. La Fiscalía ha presentado a 2.285 personas en tribunales, de las que
904 son estudiantes. Con esta aclaratoria, la fiscal pretende reforzar la
impresión de que las protestas no son lideradas solo por universitarios. Y
tiene razón. La protesta cruza transversalmente a toda la sociedad.
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