Por Betania Franquis
Solo 10 de cada 100
estudiantes se gradúan en un período de 5 a 6 años en las
universidades nacionales, señaló Benjamín Sharifker, rector de la Unimet, quien
explicó que la producción de conocimiento científico se redujo en 50% desde el
año 2008, debido a la no aprobación de nuevas ofertas académicas por parte del
Centro Nacional de Universidades que se niega a evaluar la creación de nuevas
carreras y áreas de desarrollo.
“Hace una década un tercio de
los estudiantes, es decir 30% egresaba. Ahora producimos 8 veces menos
conocimiento que hace 10 años”, expresó.
Sharifker intervino durante la
presentación de un informe titulado Pensamiento bajo amenaza, que detalla cómo
desde el año 2003, con la creación de universidades subordinadas al Ejecutivo,
el Estado inició una serie de prácticas y políticas que han interferido en el
desarrollo de los procesos internos de autogestión de las universidades
públicas y autónomas del país, en perjuicio de la calidad educativa.
La investigación elaborada por
la Unimet, UCAB, UCV, LUZ y ULA, de 194 páginas, concluyó en que la supresión
de la libertad académica y la autonomía universitaria se inició con la creación
de un sistema paralelo de educación subordinado al proyecto ideológico del
gobierno, que rige como la figura encargada de designar autoridades, profesores
y docentes, sin espacio para la discusión y la elección legal establecida en
los artículos 6, 7 y 9 de la Ley de Universidades.
Desde el año 2010 las
competencias de las universidades autónomas fueron usurpadas ilegalmente por el
Ministerio de Ciencia y Tecnología que, desde esa fecha, según el documento, es
el único ente encargado de certificar los programas de formación, intercambio
científico y posgrados; sin embargo, destaca que en las casas de estudio que
integran el sistema de educación paralelo entre las que se encuentra la Unefa y
la Universidad Bolivariana fueron abiertas siete carreras y cuatro nuevos
programas de formación desde el año 2014.
Los programas de educación
avanzada que abarca áreas de especialización, maestría, doctorados y cursos de
ampliación que fueron aprobados mediante la resolución 3.612 del Ministerio de
Educación Universitaria, excluye de la discusión de nuevas propuestas a las
casas de estudio, para la formación de profesionales. “A través de dicha
resolución se convierte en una atribución del ministro o del viceministro de
Desarrollo Académico, sin la participación de quienes tienen la principal
responsabilidad de su concepción, como son las propias universidades”, indica
el informe.
A esta situación se suma la
deserción estudiantil que para el año 2005 se ubicaba en 67,4% con 36.821
estudiantes que habían abandonado las aulas y otros 4.000 que no se habían
matriculado. Según el análisis, la gravedad de la situación abarca todo el
país. Datos obtenidos por la Federación de Centros Universitarios de la
Universidad de los Andes confirmó que 15% de los estudiantes inscritos en
diferentes carreras en esa casa de estudios no retomaron sus actividades
académicas en septiembre 2016, lo que ubicó los niveles de deserción entre 15%
y 40%.
Las deficiencias de la
educación media y básica, además del costo del transporte y falta del servicio
de comedor, son tres de las razones que docentes e investigadores consideran
que influye en la caída de la matrícula.
También la restricción con 30%
del presupuesto solicitado por las universidades públicas limita la obtención
de nuevos materiales y equipos necesarios para las distintas áreas de estudio.
“Las universidades autónomas se han visto sometidas a un acoso permanente por
el régimen gobernante: (…) el acoso económico que se manifiesta en la negación
de los recursos que solicitan, de acuerdo con sus necesidades y en el
mantenimiento de las asignaciones presupuestarias, sin aumento desde hace seis
años”, indica el informe. También destaca que desde el año 2005 el CNU no
aprueba nuevos presupuestos ajustados a las necesidades de cada universidad y
al índice inflacionario.
18-10-17
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