Infobae 02 de enero de 2022
@infobae
El
Observatorio Venezolano de Prisiones informó que 13 reos recluidos en la sede
del CICPC de San Felipe no pueden recibir ni siquiera agua potable de parte de
sus seres queridos
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó este miércoles que los familiares de 13 reos recluidos en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de San Felipe, estado Yaracuy, denunciaron que las autoridades les impiden el ingreso de alimentos y agua potable para los presos.
Las
familias de los reclusos aseguraron que “temen por el estado de salud de los
privados de libertad” al no contar con las condiciones mínimas para su
alimentación regular, informó el OVP, ONG que vela por los derechos humanos de
los privados de libertad.
Según
una investigación realizada por el OVP, con información obtenida a través de
los privados de libertad, abogados, especialistas en salud y ONG, los
presos en 34 cárceles del país sufren de desnutrición y “el hambre azota a la
población reclusa venezolana”.
Carolina
Girón, directora del OVP, recordó durante la presentación del
informe, “que el Estado es el responsable de la alimentación de las personas
que se encuentran bajo su custodia, debido a que es un derecho humano y
está establecido tanto en la legislación venezolana como en las leyes, normas y
pactos internacionales”.
Además,
denunció que para el primer trimestre del 2021 existía un 177,07 % de
hacinamiento y que las cárceles venezolanas “no cuentan con la
infraestructura ni con las políticas para mantener los estándares mínimos de
reclusión para que las personas cumplan sus condenas con dignidad”.
En el
país caribeño no existen informes oficiales públicos donde se
dé a conocer la situación de las prisiones ni las condiciones en las que viven
los reclusos.
244
presos políticos
La ONG
venezolana Foro Penal denunció que en el país hay 244 personas detenidas
a las que consideran presos políticos, sin variación con respecto a su
último reporte publicado el pasado 21 de diciembre.
“Al
día de hoy, ya cerrando 2021, en el Foro Penal registramos 244 presos
políticos en Venezuela. Además, 9.422 personas siguen sujetas a procesos
penales políticos, pero bajo medidas cautelares”, indicó el director de la
ONG, Gonzalo Himiob.
Del
total de detenidos, 230 son hombres, 14 mujeres y hay un menor de edad.
Además, 112 son civiles y 132 presos son militares.
La
organización añadió que, actualmente, 209 de los reos no han sido
condenados por ningún delito, mientras 35 han recibido ya una sentencia.
“Desde
2014 se han registrado 15.750 detenciones políticas en Venezuela”,
explicó Foro Penal.
El
martes, la ONG venezolana Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia
solicitó la intervención del Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR) para constatar el estado de salud del
militar Igbert José Marín Chaparro, teniente coronel del
Ejército considerado preso político, quien inició el 21 de diciembre
una huelga de hambre.
Marín
Chaparro informó de su protesta a través de una carta difundida por la
ONG Justicia Venezolana, en la que denunció que sufre “tratos crueles, inhumanos
y degradantes” en la Dirección General de Contrainteligencia Militar
(Dgcim), donde se encuentra detenido desde marzo de 2018.
Igualmente,
pidió que la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos
Humanos, el CICR, el encargado de negocios de la Unión Europea (UE) y el nuncio
apostólico de la Santa Sede visiten “la casa de los sueños”, nombre con
el que se refieren a una celda de castigo.
En la
misiva, el militar solicitó la liberación de “todos los presos
políticos” con “verdaderos indultos que se respeten” y que se incluya
una comitiva integrada por ellos en los diálogos entre el régimen y la
oposición que actualmente está suspendido y cuyo reinicio también reclama.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico