Brian Contreras 09 de enero de 2022
@DieTurkish
Un
diálogo social, un nuevo mecanismo de fijación del salario mínimo y el cese a
la persecución de los dirigentes sindicales son las principales exigencias que
hizo la Comisión de Encuesta de la OIT al gobierno venezolano hace más de dos
años. El chavismo ha hecho caso omiso y debe prepararse para enfrentar las
consecuencias de no rectificar
Los
primeros meses de 2022 podrían traer consigo algún golpe internacional para el
gobierno de Nicolás Maduro y sus intentos por lavar su cara ante los organismos
mundiales. Concretamente, es posible que se asome una decisión histórica en el
seno de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que introduciría a
Venezuela en la lista negativa en la que únicamente se encuentra Myanmar.
Todo parece apuntar a que el gobierno chavista no podrá escapar una vez más de sus compromisos ante la OIT, los cuales ha evadido desde 2019, año en el que representantes de la OIT, pertenecientes a la Comisión de Encuesta, elaboraron un informe basado en una visita realizada al país para constatar las denuncias recibidas por parte de sindicalistas y empleadores venezolanos con voz en la organización.
El
informe de la Comisión de Encuesta advertía sobre la situación laboral del país
y destacaba una serie de recomendaciones para resolver problemas diversos en
materia laboral, con énfasis en el cese de la persecución a
sindicalistas y la discusión salarial a través de una reunión tripartita entre
empleadores, trabajadores y Gobierno.
Las
conclusiones del informe debían ser aceptadas y aplicadas por el gobierno
venezolano, ya que son vinculantes para el Estado por haber firmado los
convenios de la OIT que abordan estas cuestiones.
El
presidente del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin), León Arismendi,
quien ha formado parte de las conversaciones y denuncias contra el Gobierno en
el seno de la OIT, aclara que para el Estado es una obligación asumir estas
recomendaciones.
«Los
países miembros de la OIT, por su propia condición como tales, tienen la
obligación de cumplir los Convenios que han ratificado y también aquellos
relativos a derechos fundamentales, aun cuando no hayan sido ratificados. Tal
es el caso del Convenio N° 87, relativo a la libertad sindical y el
derecho de sindicación que fue parte medular de la queja y de las
recomendaciones de la Comisión de Encuesta», explicó.
Ante
la inaplicación de estas recomendaciones, el Consejo de Administración de la
OIT —que se reúne tres veces al año— ha evaluado en distintas sesiones la
situación de Venezuela, resaltando el incumplimiento de las recomendaciones
remarcadas por la Comisión de Encuesta, pero sin tomar acciones más
concretas con mecanismos de presión contra el gobierno venezolano.
La
última reunión del Consejo de Administración de la OIT se llevó a cabo en noviembre
y finalmente se dio un paso adelante. Aunque no se establecieron mecanismos de
presión, por primera vez hubo un consenso entre representantes de trabajadores,
empleados y gobiernos presentes para dar seguimiento a la implementación de las
recomendaciones de la Comisión de Encuesta y deplorar su incumplimiento hasta
la fecha.
Como
consecuencia, el chavismo se vio en la obligación de aceptar la
resolución firmada ese día, por lo que indirectamente reconoció el informe de
la Comisión de Encuesta que en oportunidades anteriores había rechazado y
se había negado a acatar, como dejó en evidencia el entonces ministro de
Trabajo, Eduardo Piñate, al desligarse de un fallo emitido por el Consejo de
Administración de la OIT en marzo de 2021 que instaba a Venezuela a aplicar las
recomendaciones.
«El
gobierno rechaza categóricamente esta decisión tomada y no se compromete con la
misma. Dejamos constancia expresa de nuestra posición. El gobierno de la
República Bolivariana de Venezuela se desvincula y no se compromete con esta
decisión. Lamentamos nuevamente encontrarnos en un escenario de este tipo nada
agradable, hostil y mezquino, plagado de intereses políticos contrarios a mi
gobierno», expresaba el funcionario.
De
acuerdo con el expresidente de Fedecámaras y miembro del Consejo de
Administración de la OIT en representación de los empleadores
venezolanos, Jorge
Roig, la resolución de noviembre significó un revés importante para el
Gobierno en su participación en este ente.
«Al
gobierno venezolano no le gustó para nada esta propuesta. No le quedó de otra
que aceptarla, porque fue aprobada por empleadores, trabajadores y gobiernos.
La decisión es bastante fuerte porque pone en el banquillo de los acusados al
Gobierno venezolano, le da poco tiempo para cumplir y señala unas sanciones
importantes en caso de que no cumpla», afirmó.
Este
paso dado en la última reunión del Consejo de Administración suma presión al
chavismo y coloca las piezas en la mesa para avanzar, en caso de que el
gobierno de Nicolás Maduro se rehúse a cumplir con las recomendaciones,
con la aplicación de la mayor medida de presión de la que dispone la
OIT contra países individuales: el uso del artículo 33 de la Constitución de la
OIT.
La
máxima presión de la OIT
En
su acta constitutiva, la OIT contempla los diferentes
mecanismos que posee el organismo para actuar como ente rector en materia
laboral a nivel internacional. Más allá de recibir denuncias y definir los
compromisos de sus países miembros, también explica las consecuencias a las
cuales se someten los Gobiernos que cometen irregularidades o violan los
convenios que firmaron.
Tanto
la visita como el informe de la Comisión de Encuestas forman parte de estos
mecanismos y se aplicaron por la situación laboral en Venezuela. Sin embargo,
todavía no se ha decidido ejecutar el artículo 33, una norma muy difusa que
implica el incremento de la presión del organismo contra el país que incumpla
lo estipulado por la Comisión de Encuesta.
«En
caso de que un Miembro no dé cumplimiento dentro del plazo prescrito a las
recomendaciones que pudiere contener el informe de la comisión de encuesta o la
decisión de la Corte Internacional de Justicia, según sea el caso, el Consejo
de Administración recomendará a la Conferencia las medidas que estime convenientes
para obtener el cumplimiento de dichas recomendaciones», reza el artículo.
Pese a
que el artículo es difuso y no contempla acciones específicas, establece que el
Consejo de Administración recomendará en la reunión las medidas que crea
conveniente para obligar al Estado en cuestión a cumplir con las
recomendaciones.
Para
Roig, la resolución firmada en el último encuentro fue una suerte de ultimátum
dado al gobierno venezolano para dar cumplimiento a las recomendaciones, aunque
el historial del chavismo no parece ofrecer las mejores previsiones. «Una cosa
es que lo acepten en el seno de la OIT y otra cumplir con lo establecido»,
recalcó.
Con un
chavismo poco dispuesto a ceder en sus políticas de represión, y mucho menos a
reducir su posición de poder sobre las organizaciones de empleadores y
sindicatos, al escucharlos en un diálogo tripartito es previsible una
respuesta negativa.
De
hecho, el Gobierno ya ha adelantado sus nulas intenciones de dar cumplimiento a
todas las recomendaciones, pues ha argumentado que algunas de ellas son
ilegales y que no pueden aplicarlas porque atentarían contra las leyes
venezolanas. Los expertos de la OIT esperan revisar los alegatos del Estado
venezolano, pero parece ser más bien una estrategia dilatoria del chavismo.
En
este sentido, no se puede descartar que el artículo 33 de la OIT se aplique en
los próximos meses y, aunque la norma sea poco clara, el único antecedente
existente —la aplicación a Myanmar— arroja ideas sobre el posible
accionar de la OIT.
«Si no
cumple, la única medida que queda es aplicar el artículo 33 de la Constitución
de la OIT. Se contemplará la eliminación de ayuda técnica y colaboración con
Venezuela, además de enviar un informe a la ONU. Es una sanción bastante
compleja que, esperamos, no tenga que aplicarse», detalló Roig.
¿Qué
esperar de la OIT en marzo?
De
cara a la próxima reunión del Consejo de Administración de la OIT, que se
celebrará en marzo, el chavismo tendrá la necesidad de mostrar un compromiso
con la ampliación de derechos sindicales e incrementar sus iniciativas de
diálogo social para ponerse en orden con la organización.
El
Comité de Administración celebró que el Gobierno diese pasos certeros en la
construcción de un diálogo social con empleadores, después de que la
representación chavista promocionara reuniones ocasionales entre gremios y
voceros oficialistas como pasos acertados para el diálogo.
Concretamente,
se apoyaron en la presencia de Delcy Rodríguez en la Asamblea Anual de Fedecámaras como
un ejemplo del acercamiento entre el Gobierno y la empresa privada. Sin
embargo, los requisitos para establecer un verdadero diálogo social son mucho
más complejos y no se muestran intenciones de verdaderamente discutir asuntos
como el incremento salarial de forma tripartita.
Para
velar por el desarrollo adecuado de este acercamiento, el Consejo de
Administración pidió a Venezuela avanzar de estas reuniones a la instalación de
un foro de diálogo social, en esta ocasión, con la asistencia y presencia de
delegados de la OIT.
Ante
este panorama, Roig ve con buenos ojos la presencia de representantes de la OIT
para verificar que los encuentros tengan características palpables de diálogo,
ya que se podrá construir una agenda de trabajo para avanzar en asuntos de
importancia.
«A la
OIT no le queda otro remedio que enviar un delegado especial que esté
presente en esos foros de diálogo social. Eso va a dar un elemento de arbitraje
importante porque en Fedecámaras se considera que todas las reuniones que ha
habido no forman parte de un diálogo social porque no tienen minuta ni
seguimiento, mientras que el Gobierno presenta esas pocas reuniones como parte de
un diálogo social. Lo importante es que esté la OIT para fungir como árbitro
para determinar si esas reuniones cumplen con lo establecido para ser un
verdadero diálogo social», resaltó.
Hasta
ahora no ha habido anuncio alguno que dé indicios de un avance. El
Gobierno no ha convocado ninguna reunión con empleadores ni sindicalistas y el
reloj sigue corriendo. En menos de 60 días llegará marzo y será momento de
presentar resultados ante el Consejo de Administración. El chavismo,
presionado, deberá asumir alguna postura.
«Vamos
a ver cómo aborda el gobierno las exigencias que se acaban de ratificar. Lo
pertinente es que haya un verdadero propósito de enmienda y no tretas
dilatorias para seguir en lo mismo», apunta Arismendi.
El
abogado experto en derecho laboral añade que, aunque no lo parezca a simple
vista, la presión del OIT tiene un peso significativo, pero subraya que
son los movimientos sindicales los que tienen que reclamar sus derechos
en el país.
«La
presión institucional de la OIT se mantiene incólume aun cuando no se la
perciba así. Ahora bien, sigue siendo tarea de los actores nacionales,
—organizaciones sindicales de trabajadores y de empleadores— continuar
exigiendo el cabal cumplimiento de dichas recomendaciones y ejercer la presión
a que hubiere lugar para lograrlo», resaltó.
Las
exigencias que menciona Arismendi por parte del sector sindical han sido un
común denominador durante la gestión del chavismo. Aunque pueda parecer que la
lucha sindical solo ha tenido presencia en los últimos cinco años, desde que
inició la crisis económica, la lucha contra un gobierno que dice apoyar a la
clase trabajadora se remonta prácticamente al inicio de la presidencia de Hugo
Chávez, pero evidentemente se ha pronunciado con Maduro.
El «presidente antiobreros»
Pocos
apodos son más contradictorios que «presidente obrero» para describir a Nicolás
Maduro, un mandatario que ha demostrado estar de espaldas al sector laboral del
que presume haber formado parte antes de escalar en el mundo de la política y
ser escogido por el fallecido Hugo Chávez como su sucesor en la presidencia de
Venezuela.
Durante
su gestión, los derechos laborales que el chavismo asegura haber conquistado
durante la primera década del nuevo milenio fueron destruidos, y cualquier
reclamo al respecto es silenciado con represión y cárcel.
Incluso
desde la gestión de Hugo Chávez, a quien el oficialismo considera como
reivindicador de los derechos sociales, ya se construía un peligroso tejido que
atentaba en contra de las organizaciones de empleadores y trabajadores, como la
creación de organismos empresariales y sindicales paralelos, con los cuales era
más complaciente. Las consecuencias de estas prácticas se escondían detrás de
una estabilidad económica sustentada por la renta petrolera.
Cuando
el petróleo dejó de sostener las políticas públicas del chavismo y la crisis
económica hizo aparición, el peso cayó directamente sobre los hombros de los
trabajadores. La destrucción de los salarios y la hiperinflación trajeron como
resultado una progresiva de la capacidad adquisitiva del venezolano.
Como
resultado, el venezolano ha presenciado cómo el salario disminuyó de
285 dólares mensuales a la irrisoria cantidad de 1,5 dólares en apenas una
década, lo que coloca a los asalariados directamente en una situación de
pobreza extrema, que se considera cuando los trabajadores ganan menos de 1,90
dólares diarios, según las consideraciones del Banco Mundial.
La
contracción salarial y el desamparo del Gobierno obligaron a la empresa privada
a asumir las riendas del mercado laboral y determinar nuevas escalas salariales en el contexto de una
economía dolarizada. Las figuras de «bonos» hicieron aparición para
justificar pagos extraordinarios en dólares, que no se toman en cuenta para los
beneficios de los trabajadores.
Debido
a la crisis, la contratación de pólizas de seguro también cesó, así como
cualquier otro beneficio o bono alternativo contemplado en los contratos
colectivos acordados entre empleados y empleadores años atrás. Mientras esto
ocurre, el Gobierno, silente, se lava las manos con promesas, pero sin
acciones.
Lo que
esperan los sindicalistas
Diversas
organizaciones sindicales tienen una voz antagónica al Gobierno, con exigencias
concretas para mejorar las condiciones laborales, recuperar los salarios y
liberar a los presos políticos.
De
acuerdo con Arismendi, las condiciones mínimas con las que estaría de acuerdo
el movimiento sindical son precisamente las que exige la Comisión de Encuesta
en sus recomendaciones, que se encapsulan en tres grandes hitos: la
libertad sindical, nuevos métodos para la fijación de los salarios mínimos y el
establecimiento de la consulta tripartita.
“Creo
que las recomendaciones son eso, condiciones mínimas. Libertad para Rodney
Álvarez y supresión de las medidas judiciales que pesan sobre otros dirigentes
sindicales, elecciones sindicales libres, sin intervención del Estado;
convocatoria a una mesa tripartita con apoyo técnico de la OIT, incluida la
presencia permanente de un funcionario de dicha organización en nuestro país de
modo que se viabilice el cumplimiento cabal de todas las recomendaciones”,
señaló.
Desde
otros frentes hay propuestas variopintas. Una de las más resaltantes es la que
hace la Central de Trabajadores de la Alianza Sindical Independiente (ASI)
sobre la implementación de una ley de emergencia laboral, que permita otorgar
un salario especial de entre 50 y 100 euros para ayudar a los asalariados a
sobrellevar la crisis temporalmente, mientras se trabaja en reparaciones
profundas en la economía venezolana y se reenfoca el marco jurídico en materia
laboral.
Esta
legislación abogaría por el cese de la bonificación del salario y para que se
sustituyan los bonos por una retribución real, que permita a los trabajadores
tener prestaciones sociales coherentes y otros derechos menoscabados durante la
última década.
Tanto
ASI como la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) pretendían llevar
sus propuestas a la mesa de negociación instalada por la oposición y el
chavismo en México para aportar a la Mesa de Atención Social, una instancia que
buscaba generar ideas para mejorar la situación de los sectores más necesitados
del país.
No
obstante, la mesa de diálogo fue suspendida por caprichos políticos y Maduro ha
condicionado su regreso a las negociaciones a lo que ocurra con el empresario
colombiano Alex Saab en Estados Unidos, donde se encuentra encarcelado a la
espera de que concluya su juicio por lavado de dinero y otros delitos
relacionados con el chavismo.
Con la
mesa de diálogo cerrada temporalmente y un nulo accionar para cumplir con las
exigencias de la OIT, el sector sindical y las organizaciones de empleadores
esperarán el próximo movimiento del chavismo y las posibles repercusiones que
deba sufrir en marzo, cuando tenga que rendir cuentas ante el Consejo de
Administración de la OIT.
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