Humberto García Larralde 21 de febrero de 2023
La
“normalización” pregonada por Maduro hace aguas. El alza incontenible en el
precio de la divisa, como de muchos bienes y servicios, amenaza con desatar, de
nuevo, el diablo de la hiperinflación. La población sale a protestar hastiada,
demandando remuneraciones dignas. Las encuestas más recientes confirman que el
deterioro de sus sueldos y salarios, ya de por sí miserables, constituye su
problema más inquietante. Responder a tal angustia debe ocupar un puesto
central en la prédica del liderazgo opositor si quiere aunar voluntades
mayoritarias para el cambio democrático. Pero las mismas encuestas suministran
otro dato, muy desconcertante: la población está decepcionada en alto grado de
los políticos, incluidos los que componen el liderazgo opositor. Dependiendo
del dirigente, el nivel de desconfianza llega a superar aún el que se expresa
por Maduro. Sin embargo, más de un 80% de los encuestados se muestra a favor de
la necesidad de un cambio político. ¿Cómo abordar esta incongruencia?
La conexión del liderazgo político con los problemas de sobrevivencia del venezolano de a pie requiere de una narrativa que sea creíble. Las bajas remuneraciones no resultan simplemente de una voluntad perversa que se niega a aumentarlas. Es resultado de una voluntad perversa, sí, pero que destruyó la economía de tal forma que su productividad se vino al suelo. Aun queriendo, no puede mejorarse el poder adquisitivo de los salarios. Cayó, además, la producción petrolera y, con ello, el ingreso externo. Ya no puede financiar aumentos administrativos de salario como antaño. En 2022, la producción apenas superó los 700 mil b/d. Su venta requirió de fuertes descuentos, pagando peajes diversos: habrá facturado menos de $15 millardos. Además, PdVSA ha tenido que importar productos refinados –incluyendo gasolina— para atender la demanda interna y crudo liviano para mejorar el crudo pesado de la faja. También ha contratado, con los iraníes, trabajos de recuperación de algunas refinerías del país. Por tanto, el remanente que aún queda para responder a las múltiples necesidades de la población es mínimo. Contrasta con el dispendio del último gobierno de Chávez, cuando se produjo a diario más de 3 millones de barriles que trajeron, como ingreso de exportación, una media de $75 millardos cada año.
Pero,
además, la capacidad del aparato administrativo del Estado para atender los
requerimientos de los venezolanos está seriamente disminuida. No es sólo el
deterioro de los servicios públicos. Son también las deficiencias que resultan
de la fuga de talento, dados los pésimos salarios de los empleados públicos; lo
engorroso de muchos trámites; la discrecionalidad con que se autorizan; los
peajes para “habilitarlos”; la opacidad e incertidumbre sobre sus resultados;
las corruptelas y tantas otras trabas burocráticas. Lejos de ser fuente de
soluciones, el Estado venezolano es, en buena parte, el problema.
Rescatar
la capacidad de respuesta del Estado a los problemas del país requiere su
reforma a fondo. Debe desprenderse de empresas deficitarias y demás activos que
lastran su presupuesto; sanear y conciliar sus cuentas; reestructurar sus
deudas; sincerar las tasas que cobra; avanzar en un proceso de reingeniería de
procesos que simplifique su gestión, acompañado de las reformas
correspondientes en su ordenamiento legal y reglamentario; actualizar e
integrar la plataforma tecnológica con base en la cual presta sus servicios;
restituir la carrera pública, con una estructura de remuneraciones basada en la
meritocracia, libre de condicionamientos partidistas y personales; capacitar el
personal y ajustar la nómina en aras de un Estado ágil, versátil y eficaz; e
invertir en los equipos e instalaciones que requiere para ello. Debe enmarcarse
en la reactivación y profundización del proceso de descentralización de la
gestión pública, de manera de hacerla más transparente, abierta y asequible a
la ciudadanía.
Adelantar
tales reformas plantea un serio problema de financiamiento. Como fue destruida
la industria petrolera, se debe acudir a la banca multilateral. Pero ésta
impone condiciones al país solicitante de fondos para asegurar el crecimiento
económico y el pago de sus deudas, como la atención a sus repercusiones
sociales para evitar protestas que pudiesen desbarrancar su implementación. En
el corto plazo, lo anterior se resume en el programa de estabilización
macroeconómica de que tanto hablan los economistas y, hacia plazos más largos,
en la instrumentación de reformas estructurales que eliminen las trabas al
desarrollo y permitan oportunidades equitativas para acceder, en libertad, a
sus frutos.
Pero
no se trata de dar clases de economía a la población. Basta señalar, por ahora,
que: 1) el ajuste económico deberá ser de naturaleza expansiva, dado el abismal
desempleo de recursos productivos en el país. Tiene que apartarse claramente del
ajuste contractivo, empobrecedor e inviable –por no poder estabilizar el tipo
de cambio– aplicado por Maduro. El aspecto clave está en la calidad del gasto,
en mejoras en los servicios y en la gestión pública en general –externalidades
positivas—, para reducir los costos de transacción e incentivar la inversión y
el emprendimiento; y 2) tal ajuste expansivo requiere de financiamiento
internacional, ergo, del cumplimiento de las condiciones arriba referidas,
incluyendo una reestructuración a fondo de la deuda externa venezolana.
El
proceso de primarias para elegir el candidato opositor en las elecciones de
2024 debe aprovecharse para forjar ideas-fuerza en torno a estos
planteamientos, capaces de generar confianza en la superación del funesto
modelo chavista. Chávez capitalizó el descontento de los ’90 con una idea
simple, sin mayor definición: la “refundación” de la Patria. Implicaba
desmontar las trabas que impedían al pueblo disfrutar de las posibilidades que
debería ofrecer un país rico como Venezuela. Llevó al reparto discrecional
“socialista”, basado en el desmantelamiento de las garantías y la imposición de
controles de todo tipo. Acabó con la iniciativa privada y permitió el saqueo de
PdVSA y de los recursos públicos en general. Es decir, acabó con las fuentes de
riqueza cuya compartición solventaría los problemas de los venezolanos.
Ante
la destrucción de riqueza inherente al desempeño chavo-madurista, la oposición
democrática debe contraponer, como solución clara y única posible, la creación
de riqueza. Se trata de cambiar a fondo el arreglo prevaleciente, no de
administrarlo mejor o más pulcramente. Implica una narrativa ajena a la de la
competencia populista que se cultivó, tantos años, con el usufructo dispendioso
de la renta petrolera. Fue la base del socialismo expoliador que es menester
superar, para bien de la población.
¿Cómo
crear riqueza? Implica fomentar condiciones para que prosperen negocios que
compitan en calidad y precios. Significa promover y facilitar el
emprendimiento, con acceso a capital de riesgo y normativas que reduzcan la
incertidumbre. Es garantizar los derechos laborales para fortalecer la
capacidad negociadora de los trabajadores ante la empresa o el Estado, así como
los derechos de propiedad de activos productivos y personales. Son las
garantías necesarias para generar confianza, estimular inversiones y promover
el empleo productivo. Obliga a extirpar las extorsiones y “mordidas” de
funcionarios y Guardias Nacionales corruptos. Exige transparencia y rendición
de cuentas sobre el uso de los recursos públicos. Requiere de servicios
públicos eficientes, y tener acceso a una educación y a una asistencia
sanitaria de calidad. Supone el libre acceso a la información y a las opiniones
de interés para la toma de decisiones acertadas para un emprendimiento o para
salvaguardar el bienestar familiar.
Es la
respuesta a las angustias y aspiraciones que mueven al venezolano en su día a
día. El ejercicio pleno de los derechos constitucionales y la participación
ciudadana activa a nivel local, regional y central es condición para aprovechar
a cabalidad el enorme potencial para crear riqueza de los venezolanos tanto de
adentro como de afuera. De ello dependerán, asimismo, los apoyos
internacionales necesarios.
Humberto
García Larralde
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