Franklin Delgado 30 de noviembre de 2023
Tanto
Jorge Rodríguez como Gerardo Blyde compartieron el texto sobre el procedimiento
a efectuar, mientras el facilitador de Noruega confirmó recepción. ¿Acuerdo
total?
Justo
a horas de cumplirse la vigencia del ultimátum dado por la Administración Biden
al gobierno de Nicolás Maduro para facilitar la liberación de presos políticos
y la habilitación política de candidatos para la elección presidencial de 2024,
el jefe de la delegación madurista en la mesa de negociación de Barbados, Jorge
Rodríguez, emitió un comunicado donde señala que se estudiará un
procedimiento para la revisión de las inhabilitaciones ejecutadas por
la Contraloría General de la República.
Así se
da “un paso más en la dirección correcta, ratificando lo acordado en Barbados,
para hacer respetar las decisiones de las instituciones, del Estado de derecho
y la Constitución en Venezuela”, reza el comunicado.
Del
mismo modo, el Reino de Noruega, facilitador de las negociaciones
entre el Gobierno y la oposición, Noruega confirma recepción del
procedimiento, conforme al Acuerdo Parcial sobre la Promoción de Derechos
Políticos y Garantías Electorales para Todos.
Condicionantes
Sin
embargo, en el documento se aclara que deben cumplirse ciertas condiciones para
que las habilitaciones políticas sean efectivas.
El
texto reza:
Se
promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos
políticos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para
participar en la elección presidencial, consistentes con los procedimientos
establecidos en la ley venezolana, asimismo conforme a los principios de
celeridad, eficiencia y eficacia recogidos en la Constitución.
(…) Las
Partes han convenido el siguiente procedimiento para procurar la revisión de las
medidas de inhabilitación dictadas por la Contraloría General de la República:
1. Cada
uno de Los Interesados acudirá personalmente ante la Sala Político
Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia para
ejercer el recurso contencioso administrativo que corresponda contra la medida
de inhabilitación dictada por la Contraloría General de la República,
acompañada de una solicitud de amparo cautelar, en el lapso establecido
desde el primero de diciembre hasta el 15 de diciembre de 2023, en días
continuos y sucesivos.
2. La
Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunciará
sobre la admisión de la demanda y el amparo cautelar solicitado,
conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia recogidos en la
Constitución.
3. En la
demanda presentada, y en declaraciones públicas, los Interesados se
abstendrán de incorporar conceptos ofensivos o irrespetuosos contra las
instituciones del Estado, en cumplimiento de lo establecido en la Ley
Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
4. Cada
uno de Los Interesados asume el compromiso de: a) Respetar la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes;
b) Cumplir con el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos
y valores culturales; resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad,
la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la Nación,
recogido en el artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela; c) Acatar en el marco constitucional la decisión del
Tribunal Supremo de Justicia que emane de este recurso; y d) Rechazar
cualquier forma de violencia en el ejercicio político, así como cualquier tipo
de acciones que atenten contra la soberanía, la paz y la integridad territorial de
Venezuela.
Oposición comparte disposición
Dicho
procedimiento de revisión de las habilitaciones también fue compartido en las
redes sociales por Gerardo Blyde, jefe de la delegación opositora Plataforma
Unitaria, en señal de estar de acuerdo con la medida iniciada.
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