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martes, 29 de diciembre de 2009

La juez detenida


Por Luis Izquiel

De la larga lista de ataques provenientes del Gobierno Nacional en contra del Poder Judicial, sin lugar a dudas que la detención de la juez María Lourdes Afiuni, viene a constituir el más grave de ellos. Las alarmantes violaciones a los principios que deben regir en un Estado de Derecho, hacen presumir que en nuestro país no estamos viviendo dentro de un sistema democrático de Gobierno.

Al producirse la decisión de la Juez Afiuni, declarando que el empresario Eligio Cedeño debía ser juzgado en libertad -con previa prohibición de salida del país y bajo un régimen de presentación periódica, inmediatamente el Presidente de la República, demandó la detención de la Juez y prácticamente la condenó a cumplir la máxima pena que contempla nuestro ordenamiento jurídico: 30 años de prisión. Al diablo los derechos humanos de presunción de inocencia y juicio previo.

La orden emitida desde Miraflores, fue rápidamente acatada por la juez 50 de control de Caracas, Leidys Azuaje, quien inmediatamente ratificó la detención de su colega Afiuni. Con esta injerencia abierta del Poder Ejecutivo en los dictámenes de los administradores de justicia, el principio constitucional previsto en el artículo 254, relativo a la independencia y autonomía del Poder Judicial sobre las demás ramas del Poder Público Nacional, es hoy letra muerta en Venezuela. Los jueces y Magistrados lucen genuflexos ante un Hugo Chávez todopoderoso.

Luego de lo ocurrido con la Juez Afiuni, ningún tribunal en Venezuela se atreverá a tomar ninguna decisión de mediana importancia, sin esperar "las líneas de Chávez", ya que la consecuencia puede ser la cárcel. Por eso no extraña que de conformidad con un reciente estudio realizado por el Consorcio Desarrollo y Justicia, 92.54% de los propios jueces, consideran que hoy en Venezuela no hay justicia independiente.

La Juez detenida no cometió delito alguno. Se limitó a aplicar lo previsto en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), el cual establece claramente que ningún imputado puede estar detenido más de 2 años sin sentencia condenatoria. Eligio Cedeño llevaba más de ese tiempo confinado en los calabozos de la DISIP, sin que su juicio hubiese finalizado.

También se alega falsamente para justificar su detención, que la juez Afiuni tomó su decisión sin contar con la presencia del Ministerio público en la audiencia. Según el COPP, un Juez de Control debe revisar las medidas de detención, cada vez que así lo pida la defensa o de oficio cada tres meses, sin que medie audiencia alguna. Tanto es así, que los alguaciles que habían sido también detenidos, fueron liberados horas después por la juez 50, sin audiencia y sin presencia de la Fiscalía.

Los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, y especialmente los miembros de la Sala Constitucional, son quienes estarían llamados a poner coto a Hugo Chávez en su pretensión de dominar al Poder Judicial, pero las probabilidades de que esto ocurra son casi nulas. Su Presidenta ha afirmado recientemente que no cree en el principio constitucional de la separación de Poderes. En el TSJ parecen hacer bueno el lema que decía "con Chávez un sólo Gobierno". Todo esto coloca al régimen, al margen de lo establecido en el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana, relativo a los elementos que deben existir en una democracia.

Por los reiterados atentados del Gobierno Nacional contra el Poder Judicial, el Estado venezolano ha sido objeto de tres decisiones condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con toda seguridad, luego de pasar por las instancias correspondientes, el expediente de la ilegal detención de la juez Afiuni, se convertirá en la cuarta.

Producto de un acto arbitrario del Presidente de la República, hoy una juez venezolana se encuentra retenida en una cárcel de reclusas comunes. Allí su vida corre peligro. En caso de que sufra algún daño en su integridad física, habrá un sólo responsable.

En este momento todos los venezolanos que amamos la democracia debemos estar de luto. Luego de este oprobioso caso, ha sido decretada la muerte del Poder Judicial autónomo e independiente.

Twitter: @luisizquiel

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