Escrito por Ángel Rafael Lombardi Boscán (PhD Historia) Martes,
04 de Marzo de 2014
DIRECTOR
DEL CENTRO DE ESTUDIOS HISTORICOS DE LUZ
http://angelrafaellombardiboscan.wordpress.com/
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El mes de febrero del 2014 será
recordado como el tiempo en que el chavismo sacó a relucir sus principales
contradicciones como proyecto político reñido con la Constitución Nacional
vigente.
A través de una “marcha de la locura” todo su sectarismo y radicalismo han quedado al desnudo de la mano de una represión violenta y absurda hacia sus opositores.
Más de 20 días de manifestaciones, 18 muertos, más de 1000 detenciones y otras tantas medidas cautelares hacen decir a Rubén Blades que: “Venezuela Duele”, y a otros, que vivimos un tiempo de ratas y alacranes para el infortunio de la Patria.
La represión a la protesta legítima, pacífica y constitucional contraviene las normas democráticas que nos rigen, llevando al Gobierno a ponerse el incómodo traje de parecerse a una Dictadura.
La palabra socialismo no aparece en ningún articulado de la Constitución vigente. Y el Gobierno nunca podrá estar por encima de esas leyes. Es imprudente, y hasta provocador, hablar de un “proyecto socialista del siglo XXI” cuando éste no se encuentra reflejado en la Constitución.
El país entero reclama una Paz que sólo el dialogo sincero y las demostraciones de reconocimiento mutuo sólo podrán allanar. El Gobierno debe alentar una política de “pacificación” que desarme a los paramilitares que el mismo armó, decretar una amnistía general que libere a todos los presos políticos y de conciencia, y restablecer los vínculos rotos con el sector productivo privado para atender la delicada situación económica de escasez alimentaria y la inflación desbordada.
Adicionalmente debe plantear, en el marco de la ley, re-institucionalizar todos los poderes públicos descontaminándolos de la tendencia partidista que los vincula al PSUV. Y adicionalmente, debe llamar a un Gobierno de base ancha con la participación de los principales líderes de la oposición asumiendo responsabilidades ministeriales.
Si el Gobierno no es capaz de ceder y de comportarse de acuerdo a los valores y principios democráticos que se hacen presente en la Carta Magna se condena a sí mismo como flagrante violador del Estado de Derecho aún hoy vigente.
El descontento popular y ciudadano se acrecentaría y los niveles de la confrontación también. Ya hay voces que señalan muy responsablemente sobre la necesidad de un gobierno de transición que resguarde el pluralismo democrático que “exige la Constitución y la dignidad humana”.
No creo en los golpes buenos ni en los golpes malos, así como en una violencia buena u otra mala. Creo en la lucha por una Sociedad Abierta y la imperiosa necesidad de que nuestro gobernante rectifique en sus erradas políticas y pueda pactar y llegar a consensos fundamentales para preservarnos todos.
La Paz sólo es posible si se le tiende la mano al adversario político y se respeta el espíritu de nuestras leyes sin subterfugios de ningún tipo.
Es una falsa premisa enfrentar distintos proyectos de país cuando nuestra Constitución es diáfana en señalar que la democracia de justicia social (Art. 2) nos une a todos y esto es lo que tenemos que empezar a respetar.
A través de una “marcha de la locura” todo su sectarismo y radicalismo han quedado al desnudo de la mano de una represión violenta y absurda hacia sus opositores.
Más de 20 días de manifestaciones, 18 muertos, más de 1000 detenciones y otras tantas medidas cautelares hacen decir a Rubén Blades que: “Venezuela Duele”, y a otros, que vivimos un tiempo de ratas y alacranes para el infortunio de la Patria.
La represión a la protesta legítima, pacífica y constitucional contraviene las normas democráticas que nos rigen, llevando al Gobierno a ponerse el incómodo traje de parecerse a una Dictadura.
La palabra socialismo no aparece en ningún articulado de la Constitución vigente. Y el Gobierno nunca podrá estar por encima de esas leyes. Es imprudente, y hasta provocador, hablar de un “proyecto socialista del siglo XXI” cuando éste no se encuentra reflejado en la Constitución.
El país entero reclama una Paz que sólo el dialogo sincero y las demostraciones de reconocimiento mutuo sólo podrán allanar. El Gobierno debe alentar una política de “pacificación” que desarme a los paramilitares que el mismo armó, decretar una amnistía general que libere a todos los presos políticos y de conciencia, y restablecer los vínculos rotos con el sector productivo privado para atender la delicada situación económica de escasez alimentaria y la inflación desbordada.
Adicionalmente debe plantear, en el marco de la ley, re-institucionalizar todos los poderes públicos descontaminándolos de la tendencia partidista que los vincula al PSUV. Y adicionalmente, debe llamar a un Gobierno de base ancha con la participación de los principales líderes de la oposición asumiendo responsabilidades ministeriales.
Si el Gobierno no es capaz de ceder y de comportarse de acuerdo a los valores y principios democráticos que se hacen presente en la Carta Magna se condena a sí mismo como flagrante violador del Estado de Derecho aún hoy vigente.
El descontento popular y ciudadano se acrecentaría y los niveles de la confrontación también. Ya hay voces que señalan muy responsablemente sobre la necesidad de un gobierno de transición que resguarde el pluralismo democrático que “exige la Constitución y la dignidad humana”.
No creo en los golpes buenos ni en los golpes malos, así como en una violencia buena u otra mala. Creo en la lucha por una Sociedad Abierta y la imperiosa necesidad de que nuestro gobernante rectifique en sus erradas políticas y pueda pactar y llegar a consensos fundamentales para preservarnos todos.
La Paz sólo es posible si se le tiende la mano al adversario político y se respeta el espíritu de nuestras leyes sin subterfugios de ningún tipo.
Es una falsa premisa enfrentar distintos proyectos de país cuando nuestra Constitución es diáfana en señalar que la democracia de justicia social (Art. 2) nos une a todos y esto es lo que tenemos que empezar a respetar.
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