La verdadera amenaza a la democracia en Venezuela

DAVID WILKINSON 16 ABR 2014

Daniel Wilkinson es subdirector para las Américas de Human Rights Watch. Este artículo fue publicado en inglés por el New York Review of Books.

Para que se produzca un diálogo genuino, el Gobierno deberá dejar atrás las tácticas autoritarias que ha estado empleando para dirigir el país

Recientemente, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, publicó una columna de opinión en el periódico The New York Times en un intento por contrarrestar la cobertura desfavorable que ha recibido su Gobierno en la prensa tras la represión de múltiples protestas en los dos últimos meses. Acusó a los medios internacionales de haber “distorsionado la realidad” de Venezuela al describir las protestas como pacíficas y a la democracia del país como “deficiente”. Sin embargo, las medidas que adoptó para responder a las protestas en el país demostraron que las deficiencias de la democracia venezolana son absolutamente palpables. No sólo las fuerzas de seguridad han cometido abusos contra manifestantes que no estaban armados, sino que además su Gobierno ha censurado la transmisión informativa de las manifestaciones y encarcelado a un dirigente opositor que apoyó las movilizaciones.

El presidente Maduro ha enfrentado dificultades importantes desde que triunfó por una ajustada diferencia en las elecciones presidenciales celebradas hace un año. Fiel discípulo de Hugo Chávez, fallecido en marzo pasado, Maduro heredó el apoyo de cerca de la mitad de los votantes del país, muchos de los cuales se han beneficiado con los programas sociales gestionados por el Gobierno durante la última década. Pero también heredó una de las tasas de homicidio más altas del mundo y una economía que atraviesa serios problemas, con un índice de inflación que el año pasado sobrepasó el 56%, al cual se agrega una escasez crónica de alimentos, medicamentos y otros artículos de primera necesidad.

Las actuales protestas comenzaron a principios de febrero, cuando estudiantes universitarios del Estado de Táchira se congregaron para exigir mayor seguridad pública. Las protestas se propagaron rápidamente por el país, y a las demandas iniciales se fueron sumando otras, como críticas a la inflación y al desabastecimiento. Poco después se sumaron también miembros de la oposición política venezolana, cuyo candidato moderado, Henrique Capriles, casi había conseguido derrotar a Maduro en los comicios de abril pasado. El posterior intento de Capriles por convertir las elecciones regionales de diciembre en un referendo sobre la continuidad de Maduro fracasó, y los candidatos oficialistas finalmente se impusieron. Luego, varios de los líderes más combativos de la oposición llamaron a sus simpatizantes a participar en las marchas y declararon que no abandonarían la protesta hasta conseguir “la salida”, o sea, que Maduro dejara de ser presidente.

El 12 de febrero, Caracas fue escenario de sucesos violentos en los que algunos manifestantes arrojaron piedras y miembros de las fuerzas de seguridad dispararon municiones. Tres personas murieron a causa de los disparos, incluidos dos manifestantes y un partidario del Gobierno, lo cual suscitó una nueva ola de protestas en más de 20 ciudades. Si bien la mayoría de las protestas se han desarrollado pacíficamente, en muchos lugares los manifestantes han instalado barricadas, y algunos han lanzado piedras y cócteles Molotov. Las fuerzas de seguridad fueron movilizadas para contener las manifestaciones, y hay numerosas acusaciones de abusos, incluidos casos en que se abrió fuego contra manifestantes que no estaban armados y de personas que sufrieron palizas mientras permanecieron detenidas. Bandas de civiles armados afines al Gobierno han circulado en motocicletas por distintas ciudades y han atacado a manifestantes e infundido temor para evitar que nuevas personas se sumaran a las protestas. Gran cantidad de personas han resultado heridas y más de 30 han perdido la vida, incluidos civiles, policías y miembros de la Guardia Nacional.

En su columna en el Times, Maduro reconoció que las fuerzas de seguridad cometieron abusos, pero insistió en que habían sido muy aislados y que su Gobierno “había respondido con la detención de los presuntos responsables”. Las autoridades han arrestado, en efecto, a más de una decena de miembros de las fuerzas de seguridad en las últimas semanas (si bien lo hicieron a raíz de que se trascendieran grabaciones de vídeo que mostraban el uso de armas de fuego contra manifestantes). Sin embargo, su primera reacción a los asesinatos del 12 de febrero consistió en arrestar a políticos de la oposición.

El primero fue Leopoldo López, líder del partido Voluntad Popular y uno de los actores que más enérgicamente ha exigido la salida de Maduro. El ministro de Relaciones Exteriores, Elías Jaua, señaló a López como el “autor intelectual” de los acontecimientos violentos del 12 de febrero, y la Fiscalía General gestionó rápidamente una orden de detención en su contra por diversos cargos, incluido el de homicidio. Consiguió asimismo que se librara una orden de arresto contra Carlos Vecchio, también dirigente de Voluntad Popular, y otras dos figuras de la oposición. Después de ocultarse varios días, López finalmente se entregó y fue trasladado a una prisión militar, donde lleva detenido casi dos meses. Vecchio y los otros opositores se mantienen en la clandestinidad. El Gobierno aún no ha presentado evidencias creíbles que vinculen a López o los demás con hechos de violencia u otros delitos.

En marzo, las autoridades también comenzaron a perseguir a alcaldes opositores. El 19 de marzo arrestaron a Daniel Ceballos, alcalde de la ciudad de Táchira, donde comenzaron las primeras protestas, quien había denunciado el uso de la fuerza contra manifestantes por el Gobierno, y a Enzo Scarano, alcalde de uno de los municipios de la ciudad de Valencia donde también se habían producido protestas. El mismo día de las detenciones, el Tribunal Supremo condenó al alcalde Scarano a más de diez meses de prisión por no acatar una orden judicial que disponía el levantamiento de cortes de vías de circulación organizados por los manifestantes, y la semana siguiente condenó al alcalde Ceballos a un año de prisión por el mismo delito. Desde entonces, el Tribunal ha dictado órdenes de detención contra otros cuatro alcaldes, y confirmó la decisión de la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional que destituyó a la legisladora María Corina Machado, aliada política de López, para que ella también fuera procesada.

Estas causas penales alertan sobre uno de los problemas más flagrantes de la democracia venezolana en la actualidad: la ausencia de un poder judicial independiente. Desde que el Tribunal Supremo fue copado por magistrados chavistas en 2004, sus miembros han rechazado abiertamente la noción de separación de poderes y se han comprometido públicamente a apoyar las políticas del Poder Ejecutivo. Numerosos jueces de tribunales inferiores han recibido fuertes presiones para no emitir pronunciamientos que vayan contra intereses del Gobierno. El juez que reconozca los derechos de López y otros líderes de oposición se expone a ser destituido de manera sumaria por el Tribunal Supremo, o incluso sufrir represalias más severas. En 2009, cuando la jueza María Lourdes Afiuni, para dar cumplimiento a una recomendación de la ONU (y a lo dispuesto por el Derecho venezolano), otorgó la libertad condicional a un opositor del Gobierno, el presidente Chávez exigió que fuera encarcelada. Permaneció más de un año en prisión, al cual se añadieron otros dos bajo arresto domiciliario.

El presidente Maduro y su ministro de Justicia han señalado en varias oportunidades que corresponde al sistema judicial determinar si los políticos que fueron encarcelados son culpables de los delitos que se les atribuye. Sin embargo, a la luz del control que ejerce el Gobierno sobre la justicia, estas garantías pierden plausibilidad, al igual que la afirmación de Maduro de que los funcionarios públicos que han cometido abusos responderán por sus actos.

Los esfuerzos del Gobierno por controlar la información sobre las protestas han sido igualmente alarmantes. El 11 de febrero, antes de que se produjeran víctimas fatales, el director del órgano del Estado que regula a los medios de comunicación les advirtió que podrían sufrir consecuencias legales por sus transmisiones de los sucesos violentos en el marco de las protestas. La advertencia era válida. Durante la presidencia de Chávez se dictaron normas que prohíben difundir mensajes que “fomenten zozobra en la ciudadanía” u “ofendan” a funcionarios gubernamentales, y autorizan al Gobierno a cerrar canales de televisión y estaciones de radio cuando lo considere “conveniente a los intereses de la Nación”.

Pocas horas después de las primeras muertes el 12 de febrero, el presidente Maduro obligó a proveedores de televisión por cable a interrumpir la señal de NTN24, un canal internacional de noticias que se transmite en toda América Latina, debido a su amplia cobertura de los hechos violentos. Al día siguiente, anunció que su Gobierno “tomar[ía] medidas” contra la agencia de noticias France Presse por haber “distorsionado la verdad de los acontecimientos ocurridos el miércoles 12 de febrero”. El 16 de febrero, la ministra de Comunicaciones e información anunció que el Gobierno “tomar[ía] acciones judiciales” contra periódicos nacionales e internacionales por utilizar “fotografías manipuladas” para la cobertura informativa.

El presidente Maduro se dirigió luego a CNN, y anunció el 20 de febrero que había iniciado los procedimientos para sacar del aire al canal en Venezuela. Según afirmó, CNN participaba en “propaganda de guerra” con la intención de “justificar la guerra civil en Venezuela y la intervención del ejército gringo [en el país]”. Siete periodistas de CNN informaron que les fueron revocadas sus licencias de prensa. Al día siguiente, Maduro cambió repentinamente el rumbo y declaró con tono victorioso que CNN había “rectificado” su cobertura y, por lo tanto, se le permitiría seguir transmitiendo desde el país.

Las embestidas contra estos canales internacionales no constituyeron simples actos de improvisación ante la inminencia de una crisis, sino la más reciente medida de presión de una estrategia que, desde hace una década, pretende controlar el contenido de las noticias de la televisión venezolana. Cuando Chávez fue separado brevemente del poder en 2002 durante un fugaz golpe de Estado, los cuatro principales canales privados de televisión dieron amplia cobertura a la intentona golpista, y luego suspendieron la transmisión cuando partidarios de Chávez se movilizaron masivamente para exigir que fuera restablecido en el cargo. Tras el golpe, Chávez adoptó medidas enérgicas para reducir el acceso de sus opositores a las señales de radio y televisión, incluso advirtiendo reiteradamente a los canales y estaciones que podrían perder su licencia. Dos de los cuatro canales privados redujeron su programación crítica, un tercer canal fue obligado a salir del aire y el cuarto fue acosado mediante sanciones administrativas y acciones penales, hasta que su titular finalmente lo vendió a inversionistas aparentemente vinculados con el Gobierno, que han limitado significativamente su programación crítica.

El Gobierno también aumentó de uno a seis la cantidad de canales de televisión gestionados por el Estado y ejerció asiduamente su facultad de transmitir "cadenas" o emisiones obligatorias. Así, ha exigido a todos los canales de televisión y estaciones de radio del país que interrumpieran su programación habitual para transmitir cientos de mensajes presidenciales: en estas transmisiones, Chávez anunciaba nuevas políticas, inauguraba escuelas, se dirigía a los asistentes de reuniones políticas, tocaba la guitarra, celebraba su cumpleaños y, casi sin excepción, increpaba a sus detractores.

Estas tácticas continúan con la presidencia de Maduro. Los canales venezolanos han evitado transmitir en vivo protestas contra el Gobierno, pero sí lo hacen cuando se trata de manifestaciones a favor del actual mandatario. Desde el 12 de febrero, el Gobierno ha ordenado más de 30 cadenas nacionales, que suman más de de 45 horas de transmisión, algunas de las cuales han sido usadas por Maduro para denunciar que los manifestantes intentaban instigar un golpe “fascista”. Si bien algunos programas de noticias han entrevistado a dirigentes opositores y críticos del Gobierno, lo hacen acatando restricciones legales y políticas. Un defensor local de derechos humanos que fue invitado a un programa me comentó, por ejemplo, que el conductor le advirtió antes de salir al aire que el canal había recibido instrucciones del Gobierno de tratar el tema de las barricadas con suma cautela. Esta semana, un presentador de noticias de uno de los principales canales renunció mientras estaba al aire debido a las restricciones impuestas a la cobertura que, según indicó posteriormente, incluían “instrucciones específicas” de no usar las palabras “barricada”, “desbastecimiento” ni “protesta pacífica”.

Maduro interrumpió la señal del canal latinoamericano NTN24 y amenazó con sacar del aire a CNN

Las amenazas contra CNN y la censura de NTN24 también han enviado un mensaje a los medios venezolanos, según señalan defensores locales de la libertad de prensa, quienes aseveran también que miembros de las fuerzas de seguridad han intimidado a periodistas que informan sobre los enfrentamientos en las calles. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela ha documentado más de 170 “actos de agresión” cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad contra periodistas, incluidas agresiones físicas, amenazas y detenciones. Por ejemplo, el fotógrafo de la revista Exceso Rafael Hernández fue detenido luego de captar con su cámara el momento en que un policía golpeaba a una mujer, y recibió varias palizas durante las nueve horas que permaneció retenido. La policía confiscó su cámara y las imágenes.

Las cifras del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa serían más alarmantes si tomaran en cuenta las agresiones contra ciudadanos comunes que han documentado por su propia iniciativa la violencia contra manifestantes. Marvinia Jiménez, de profesión costurera, fue atacada por una oficial de la Guardia del Pueblo cuando intentó filmar con su teléfono a miembros de la Guardia Nacional mientras disparaban a manifestantes. Jiménez fue arrojada al asfalto, y una vez allí la oficial la inmovilizó sentándose encima de ella y la golpeó en la cabeza con su casco, a raíz de lo cual sufrió graves contusiones en el rostro. Pasó la noche detenida y actualmente enfrenta cargos por resistirse a la detención. Afortunadamente, varias personas filmaron la golpiza con sus teléfonos celulares y pudieron mostrar al mundo lo sucedido.

Los defensores de Chávez y Maduro a menudo intentan restar gravedad a las preocupaciones sobre la situación de la libertad de prensa en Venezuela, mostrando para ello ejemplos de información crítica con el Gobierno que se publica en varios periódicos del país. Es cierto que el Gobierno no ha atacado a la prensa escrita con la misma determinación con la que arremetió contra medios televisivos, posiblemente debido a que los venezolanos que leen periódicos son sólo un pequeño sector comparado con quienes ven televisión. Sin embargo, varios periódicos han sido objeto de sanciones administrativas —e incluso acciones penales— por su cobertura informativa. En noviembre pasado, el director de El Mundo, un diario de baja circulación, fue despedido después de que Maduro fustigara públicamente la “perversidad de los dueños”, en reacción a un titular donde se criticaba a su Gobierno.

Y desde que empezaron las protestas, Últimas Noticias, el periódico de mayor circulación del país, ha recibido presiones por su línea informativa independiente. Tal vez su artículo más importante haya sido un análisis de grabaciones de vídeo tomadas el 12 de febrero, que captaron imágenes de policías uniformados acompañados por hombres vestidos de civil mientras disparaban contra manifestantes que intentaban escapar del lugar, y en las cuales incluso se ve cómo uno de ellos cae abatido a causa de un balazo mortal en la cabeza. Cuando este material se difundió por Internet el 19 de febrero, se convirtió en la primera evidencia firme de que los agentes de las fuerzas de seguridad habían empleado fuerza letal contra manifestantes que no estaban armados, y para el Gobierno se tornó más difícil atribuir esa violencia a la oposición. Sólo después de este informe comenzaron los arrestos de miembros de las fuerzas de seguridad, y la fiscalía se sintió obligada a retirar los cargos de homicidio contra Leopoldo López.

Sin embargo, pronto se hizo evidente que no sería fácil para el periódico seguir publicando estas revelaciones. Poco después de la difusión del informe, el presidente del grupo de medios al cual pertenece Últimas Noticias renunció a su cargo y fue reemplazado por un exgobernador y abierto partidario del Gobierno de Maduro. La vicepresidenta del grupo renunció una semana después, y explicó que su decisión se debió a que el nuevo presidente le había pedido que politizara el contenido del periódico. Y a fines de marzo, la directora de la Unidad de Investigación del periódico, que había preparado el informe del 19 de febrero, renunció a modo de protesta cuando este medio decidió en el último momento no publicar otro artículo sobre las manifestaciones debido a que era demasiado “político”.

Ese artículo —que desde entonces ha sido publicado de manera independiente— es obra de la experimentada periodista Laura Weffer, quien estuvo presente y dialogó con manifestantes y también con miembros de la Guardia Nacional durante enfrentamientos en la Plaza Altamira, la principal plaza de Caracas donde se han congregado los manifestantes desde el 12 de febrero. El artículo de Weffer describe a los manifestantes como personas de origen humilde que se vuelcan al activismo debido a la difícil situación económica. También ofrece a varios soldados la oportunidad de contar su perspectiva. Un joven soldado de la Guardia Nacional cuenta: “Mi mamá, del Zulia, tiene que calarse la misma cola que la que hacen estos chamos, para comprar cualquier pote de aceite. Yo creo que ellos tienen razón, pero a veces se pasan”.

Pero esta información no coincide con la versión que ofrece el Gobierno de la realidad, según la cual, como Maduro escribió en el Times, “las protestas son organizadas por personas de los sectores más privilegiados de la sociedad” que no están en contacto con las aspiraciones del pueblo venezolano.

De hecho, para Maduro y sus seguidores, la verdadera ofensa cometida por López y otros opositores es haber usado “la salida” como su eslogan. En su opinión, el reclamo de que el presidente renuncie al poder equivale a un golpe de Estado. Sin embargo, exigir la salida no constituye un golpe de Estado; tampoco es, ni debería ser, un delito. Un golpe se produce cuando se toma el poder por la fuerza, y no cuando simplemente se reclama la dimisión. En una sociedad democrática, las personas deberían tener la libertad de tomar un megáfono, marchar por las calles y pedir lo que quieran a sus líderes electos.

Si la salida es o no una estrategia política acertada, eso ya es otro asunto. Algunos líderes de oposición han criticado esta retórica. El ex candidato presidencial Capriles ha instado a la oposición a que se ocupe de problemas concretos que afectan a la mayoría de la población. Difícilmente la oposición pueda sumar a sus filas a expartidarios de Chávez si estos creen que un nuevo golpe está en ciernes. También es menos probable que los manifestantes puedan estar seguros en las calles si miembros de las fuerzas de seguridad y bandas afines al Gobierno también creen en la posibilidad de un golpe de Estado. Y no debería sorprendernos que esta creencia esté extendida: durante más de una década, el Gobierno se ha ocupado de mentalizar a sus partidarios para que vislumbren el riesgo de un golpe de Estado prácticamente en cualquier situación. También lo hace Maduro en su artículo en The New York Times, cuando pone de relieve que algunos opositores apoyaron el breve golpe de 2002.

Ese evento se produjo hace doce años. En cambio, el daño que el Gobierno venezolano le está causando a la democracia en el país está sucediendo ahora: encarcela a opositores políticos, controla al Tribunal Supremo, intimida a jueces, golpea a manifestantes, comete abusos contra detenidos, tolera a violentas bandas de civiles armados que defienden al Gobierno, cierra canales de televisión, censura a periodistas y llena las ondas con transmisiones obligatorias en las cuales el presidente califica de criminales y ”fascistas” a sus críticos.

Algunas voces sensatas, tanto dentro de Venezuela como en el exterior, han señalado que la única salida a la crisis actual es a través del diálogo entre el Gobierno y sus opositores, y el 8 de abril el presidente y líderes de la oposición acordaron iniciar conversaciones. Para que se produzca un diálogo genuino, la oposición deberá, casi sin ninguna duda, abandonar la exigencia de que el Gobierno deje el poder. Pero, sobre todo, el Gobierno deberá dejar atrás las tácticas autoritarias que ha estado empleando para dirigir el país.