Por Jesús Alexis González, 24/11/2014
En función de intentar comprender (más allá de la
obviedad cuantitativa) las causas del profundo desajuste macroeconómico que experimenta
Venezuela, abordamos el basamento ideológico
que sustenta la relación
Estado-familia-obreros en lo que se refiere a las aspiraciones
redistributivas de carácter igualador,
que intenta promover (1) estándares elevados de vida o (2) una igualdad en las necesidades mínimas, con la intención soterrada
de evitar que la movilidad social (nuevas clases medias) actúe en contrario al
enfoque del proceso que adelanta la izquierda comunista. Al propio tiempo,
visualizaremos la pretensión gubernamental por una ampliación de los derechos
de los trabajadores para participar en la gestión económica (y empresarial), en
un horizonte que procura una lucha de
clases para controlar los medios y modos de producción con la finalidad
ulterior de cambiar estructuralmente las
relaciones sociales, y retornar a un
Estado (totalitario) como principal agente productor de bienes y
servicios, que de igual modo asume (contradictoriamente) la garantía de los
derechos civiles, sociales y políticos de todos
los ciudadanos.
Resulta pertinente recordar, que las políticas
liberales impulsadas por el Consenso de
Washington (año 1989) se orientaban
al funcionamiento de un sistema de mercado sin regulaciones (autoregulado) en
la producción y distribución de bienes, bajo el marco de la libre competencia;
escenario que a la postre mostro una incapacidad para disminuir la desigualdad
social (pobreza y exclusión). Tal situación, motivo la refundación del Estado interventor para que participara
activamente en la instauración de una cohesión
social, asumiendo el rol de
principal (y casi único) coordinador
y facilitador de una específica matriz socioeconómica entre la sociedad y los agentes económicos,
hasta constituirse (el Estado), en respuesta a un clamor asistencialista emanado de la sociedad, en la más relevante
estructura social que podía inducir beneficios sociales colectivos en armonía
con un obligante crecimiento económico
sostenido; en un contexto donde los sindicatos obreros, aparte de luchar
por mejorar sus condiciones laborales, también participarían para restringir la
libertad empresarial. Es evidente, que el mercado autoregulado y el principio
de la igualdad tienen entre sí postulados
incompatibles, ya que uno (el mercado) exige la no intervención del Estado
mientras que en el otro (la igualdad) se infiere que el Estado debe asumir la
carga de eliminar los obstáculos que impidan al ciudadano contar con una seguridad social a la luz de gozar de
sus derechos (civiles, sociales, políticos y económicos); contradicción que
origina una especie de economía mixta
donde coexisten un sector privado (en
vías de demolición) que participa en un mercado altamente controlado como
mecanismo asignador (¿?), y un sector público
con un marcado rol intervencionista al extremo de imponer (alejado de
cualquier forma de “pacto social”) las políticas sociales y económicas hasta
configurar una relación Estado-sociedad
bajo una premisa de difícil logro: “que cada integrante de la sociedad se
sienta como un miembro pleno, capaz de participar y de disfrutar de la vida en
común” (Kymlicka y Norman, 1997) al establecer vínculos determinados entre los
sectores sociales y el Estado, sin que medie el obligante compromiso entre el capital y el trabajo a los efectos de inducir
tanto crecimiento económico y empleos dignos, como la generación de recursos
financieros para sostener la inversión social.
A tenor de lo expuesto, puede inferirse que la
perturbación económica (con implícita desestabilización política e
institucional) que en la actualidad impera en Venezuela, es en mucho
consecuencia de una errática gestión
fiscal del Estado ante el exceso de recursos (humanos y financieros) que
concentra habida cuenta de su cuantiosa e improvisada (y populista)
participación directa en materias de índole social con el consecuente efecto
sobre el crecimiento del gasto público (en dependencia exclusiva de la renta
petrolera), al tiempo de convertirse en un obstáculo para el desenvolvimiento
de la economía al desatender el impulso que debe prestar a la acumulación de capital (y su
rentabilidad) en favor de magnificar los planes sociales compensatorios
(renunciando a la debida eventualidad de algunos de ellos) propiciando una esperanza creciente hacia el Estado (la
mano extendida), hasta materializar una contradicción que conduce a una
disminución en la eficiencia funcional (y burocrática) de las políticas
públicas y a una pérdida de legitimidad
en la actuación del Gobierno, incluida la ruptura
del consenso social. En lo referente a la intervención del Gobierno en la
economía, debería condicionarse su
participación a la eficiencia (o ineficiencia) en razón a la obligación de hacer buen uso de
los recursos fiscales siempre escasos y a su costo de oportunidad (escoger implica renunciar) so pena de
apuntalar, por una parte, un déficit fiscal continuado y por la otra, estimular
en las familias el fácil sendero de delegar en el sector público la procura de
recursos para financiar la satisfacción de ciertas necesidades (rentismo
mental) que ellos mismos pudieran asumir, con
la sola condición de contar con un empleo decente. En fin, ha de estar
suficientemente claro que la supervivencia del Estado social (y benefactor) está limitada tanto por el tipo (y
condicionantes) de las prestaciones que aspira (y puede) suministrar, como por
la fase del ciclo económico en que
se encuentre el país, ya que en una etapa
expansiva variados componentes de la inversión social tienden a disminuir
al ser absorbidos por el aparato productivo; mientras que por el contrario en una fase
recesiva algunos elementos del gasto social se contraen ( o deberían) por
la elemental circunstancia de hacerse más difícil la recaudación de ingresos para atender el crecimiento natural y los
incrementos en materia de política social. Es justamente una situación de
desequilibrio macroeconómico y crisis recesiva, lo que debe impulsar hacia una redefinición del sector público en su
rol de operador para la satisfacción de las necesidades inherentes al bienestar
de la familia, previa revisión del esfuerzo compartido. En consecuente
comportamiento, ha de revisarse lo relacionado con el desplazamiento que ha
sufrido el sector empresarial en su participación en la conformación del PIB
como reacción a la imposibilidad de competir con las perversas importaciones subsidiadas, con obvio efecto sobre la
desaparición de su responsabilidad social, que en lo sucesivo lo intenta cubrir
el Estado en un papel demáximo patrón aumentando
de tal forma su tamaño y por ende cambiando su ya complicada estructura
organizativa por una más pesada, lenta e ineficiente.
En la existencia de un Estado social de gran tamaño, que ahora aumentará sus
complicaciones ante el anuncio que el venidero 28/11 se instalará para la
reactivación del tejido empresarial el Consejo
Presidencial del Gobierno Popular de la Clase Obrera, puede encontrarse la razón de la ausencia de materia económica fundamental al
momento de aprobarse el pasado 18/11 según Gaceta Oficial No 40.543 unas 28
leyes “vinculadas con la economía” y
destinadas a “la diversificación, el
crecimiento y el desarrollo económico de la patria”, donde no se incluyeron temas trascendentes
como la sobrevaluación, un plan antiinflacionario, el ajuste cambiario
(reducción del subsidio cambiario), una flexibilización del control de cambio,
una política monetaria, la monetización del déficit fiscal (emisión de dinero
inorgánico), caída del PIB, desequilibrio de la balanza de pagos,
desabastecimiento y escasez, dependencia alimentaria, situación crítica de las
reservas internacionales (especialmente las operativas), estímulo a la
inversión productiva (nacional y extranjera, pública y privada) y un largo etcétera. Se desprende entonces,
que las leyes en comento están dirigidas al hecho fiscal (reforma tributaria y fiscal) con la finalidad de
aumentar los ingresos, cuyo monto reducirá muy poco (cerca del 2% del PIB) el
actual déficit fiscal (superior al 20% del PIB), con el agravante que no se
hace mención alguna sobre la obligante reestructuración
del tamaño del Estado, con la finalidad de elevar la eficiencia del gasto
público y así poder disminuir su monto; lo cual debe complementarse con la devolución a la economía del uso de los
factores de la producción.
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