Por Edgar C. Otalvora, 25/11/2014
Caracas.- Un salto adelante hacia el control absoluto del Estado
lanzó el régimen venezolano mediante un paquete de leyes dictadas por Nicolás
Maduro. Varias decenas de medidas confirman la alianza del chavismo con la
élite militar, ratifica su esquema de economía estatista en procura de capital
extranjero al estilo cubano, y deja en evidencia el desespero oficial por
aumentar sus ingresos a cuenta de los bolsillos privados.
La noche del 19NOV14, en el salón Simón Bolívar del Palacio de
Miraflores, Maduro reunió a los altos jerarcas del régimen, ministros,
parlamentarios y jefes de los poderes públicos nacionales. Como era de
esperarse, no había presencia de representantes de fuerzas políticas distintas
del oficialismo. Sin embargo, a pocos metros del mandatario fue colocado uno de
los espalderos presidenciales, quien dirigía su mirada a los asistentes al acto
que era televisado en vivo.
Durante el evento, Maduro firmó decenas de leyes, parte de un paquete
de normas legales redactadas por el Gobierno y dictadas por el mandatario, sin
trámite legislativo, en razón de una “ley habilitante” que le fuera aprobada
por la mayoría parlamentaria chavista el 19 de noviembre. Si bien esa “ley
habilitante” fue aprobada para dictar leyes “contra la corrupción y la guerra
económica desatada contra la Patria”, el instrumento ha sido utilizado por
Maduro para crear una estructura legal que deja sin poder las instancias de
Gobierno estatal y municipal, refuerza las instancias comunales controladas por
el Gobierno, crea una estructura de espionaje interno y reorienta el aparato
militar.
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Durante el mes de noviembre, a pocos días de finalizar la vigencia de
la “ley habilitante”, Maduro dictó más de medio centenar de leyes. La mayoría
de ellas, pasada casi una semana, aún no habían sido publicadas y, por lo tanto
su contenido era desconocido para la población. La legislación dictada por
Maduro impacta sobre toda la vida de la sociedad venezolana y su contenido
nunca fue objeto de divulgación y debate, ni siquiera entre altos cuadros del
régimen.
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Mediante la ley denominada de “Seguridad de la Nación”, Maduro crea una
nueva policía política con las siglas SP3. Será el “centro integrado para
procesar esa información que se obtendrá de esa inteligencia en conjunto con
agentes especializados”, explicó la almirante Carmen Meléndez, ministra de
Relaciones Interiores. Se trata de un “sistema” que estará bajo la jefatura de
un “comandante” y un “estado mayor”, que conectará a los grupos de base
controlados por el chavismo (comunas, consejos comunales, “movimientos
sociales”, etc.) con los diversos organismos militares y policiales (desde el
Ejército, la Guardia Nacional, la Guardia Presidencial o la policía política
Sebin). En la práctica es un esquema de espionaje interno a manos de los
cuadros políticos del régimen. Confirmando la ausencia de independencia de los
poderes públicos en Venezuela, la ley dictada por Maduro incluye incluso al
Consejo Nacional Electoral como parte de este “sistema” de control policial. El
SP3 contará con su propia instancia operativa que actuará como “centro
integrado de procesamiento de información”. Las connotaciones políticas de esta
instancia policial fueron debidamente resaltadas por Maduro y Meléndez. El SP3
derrotará la “amenaza paramilitar que se ha metido por culpa de la derecha en
nuestro país”, afirmó Maduro el 19 de noviembre. Su ministra confirmó que el
sistema busca hacer frente a eventos como las protestas registradas en Venezuela
a principios del año 2014, las cuales durante una entrevista televisada el 20
de noviembre en el canal VTV, Meléndez calificó como “terroristas”.
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En copia del funcionamiento del Gobierno cubano, Maduro reformó la Ley
de la Administración Pública para crear las “vicepresidencias sectoriales”,
figura no contemplada en la Constitución vigente.
A los efectos del “socialismo territorial”, el país queda dividido en
regiones de desarrollo integral, zonas de desarrollo estratégico, distritos
motores, zonas económicas especiales, zonas de conocimiento productivo. El
presidente podrá crear otras “figuras organizativas” y ordenar regímenes
tributarios especiales para atraer inversiones. Maduro dictó igualmente una ley
de inversiones extranjeras que junto a las zonas especiales de desarrollo, son
remedos de las actuales recetas del régimen cubano.
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Las nuevas divisiones territoriales creadas por Maduro se sobreponen
sobre estados y municipios, restándole la capacidad de gestión a esas
instancias.
Los gobiernos municipales pierden su autoridad en materia de servicios
urbanos, es decir, su razón de ser. La ley sobre “Desarrollo Socio-productivo
de la Patria”, alegando “el derecho a la ciudad consagrado en la construcción
del socialismo” establece que el equipamiento y los servicios urbanos pasan a
manos del Gobierno nacional. Los gobernadores y alcaldes (electos
popularmente…) “podrán elaborar planes de equipamiento urbano” pero su
ejecución dependerá de la aprobación de un ministerio. Incluso las decisiones
sobre uso del suelo, materia típicamente municipal, fue tomada por Maduro y
entregada a las funciones de un ministerio.
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La Ley para “gestión comunitaria”, parte del paquete de leyes de
Maduro, amplia la transferencia de recursos en detrimento de las instancias
municipales y a favor del “Poder Popular” (inexistente en la Constitución) y
que está formado por la red de comunas, consejos comunales y “empresas
sociales” controladas por el chavismo a través del Ministerio de las Comunas,
encabezado por Elias Jaua.
En medio de los preparativos para los comicios legislativos del año
2015, el régimen chavista ha definido el “poder popular” reconocido y
financiado por el Estado, como una de las llaves operativas para su campaña.
Mediante la Ley de financiamiento a “las organizaciones de base del Poder
Popular”, Maduro dispone un mecanismo para financiar “emprendedores” de los
consejos comunales, comunas, empresas de propiedad social, unidades productivas
familiares y “sistemas de trueque” (sic!!!). Los recursos estatales,
supuestamente reembolsables, serán drenados por el “Banco del Pueblo Soberano”
y por el “Fondo de Desarrollo Microfinanciero” (bajo control de Jaua) y podrán
ser destinados a una extensa gama de objetivos: formación para el trabajo,
compra de vehículos, capital de trabajo, salud comunal o “esparcimiento y
recreación”.
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Las nuevas leyes amplían los ya masivos controles sobre la actividad
económica privada. La ley del “Sistema Nacional Integral Agroalimentario”
consagra el sistema de controles y permisos para la movilización de insumos y
productos en toda la cadena, incluyendo el mercadeo al detalle. Esa ley crea
además un “sistema de registro integral de “procesos, actores y sectores” del
sector agrícola. Una ley con apariencias de promover la libre competencia
económica también fue dictada por Maduro, bajo el título de “Ley
Antimonopolio”. La misma no será aplicada a las empresas del Gobierno o aquellas
que pertenezcan al “poder popular”. La ley prohíbe prácticas que limiten la
“competencia económica”, pero igualmente aquellas que afecten la
“democratización” en la producción. La confiscación, sin proceso de defensa del
acusado, fue establecida en la “Ley de Precios Justos” en casos de “contrabando
de extracción”.
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Las leyes de Maduro incluyen la creación de decenas de nuevos
organismos burocráticos, muchos de los cuales no reemplazan a los preexistentes
sino que se suman a la larga lista de entidades oficiales. Una breve lista de
los nuevos organismos: Sistema Popular de Protección de la Paz (SP3), Cuerpo
Nacional contra la Corrupción, Policía Nacional Anticorrupción, Coordinación
General Nacional de Misión Agrovenezuela, Superintendencia Antimonopolio,
consejos de gestión para cada zona de desarrollo estratégico, Consejo de
Planificación Comunal, brigadas mineras, Fondo Social para la Minería, entre
otros.
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Con un inocultable sentido fiscalista, pero con un impacto directo en
la capacidad de movilización de la población, Maduro decidió encarecer la
emisión de pasaportes, quitándoles su condición de documento de identidad y
calificándolo como “documento de viaje”. La tarifa para la emisión del
pasaporte subió de US$141 a US$231 (equivalencia en tasa oficial de cambio). La
búsqueda de más ingresos no se olvidó de pechar agresivamente bienes negativos:
el impuesto a la manufactura de cigarrillos y otros de tabaco fue incrementada
a 70% y exigen a los fabricantes el pago del tributo antes de poner en
circulación el producto. La tasa de impuesto a los licores subió de 20% a 50%.
Con las universidades privadas en la mira, Maduro dictó una reforma tributaria
que elimina las exoneraciones que beneficiaban a fundaciones privadas.
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La legislación militar también fue objeto de cambios por las leyes
dictadas por Maduro. Sobre el tema nos enfocaremos en el próximo Informe
Otálvora.
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