Por Ernesto Cardenal, 21/11/2014
La concesión se hizo sin que hubiera ningún estudio previo, según
ha dicho Ortega
Debemos denunciar al mundo lo que está
pasando en Nicaragua. El presidente Daniel Ortega, con el poder omnímodo que él
y su mujer tienen sobre este país, hizo que el Congreso Nacional aprobara en un
solo día la creación de una ley para la construcción de un canal interoceánico.
Esta ley no fue consultada en absoluto con la población.
Al día siguiente de aprobada la ley, fue
otorgada una concesión con rapidez vertiginosa, a pesar de que afectará a
Nicaragua por más de 100 años, y la concesión fue hecha a un chino hasta
entonces desconocido de nombre Wang Jing. La concesión sólo otorga derechos a
Wang Jing pero no le impone ninguna obligación.
La concesión establece que toda la
información sobre la construcción del Canal será confidencial.
La concesión, que se ha hecho sin licitación
alguna, incluye un aeropuerto, dos puertos, un gran centro turístico, zonas
francas de libre comercio y otros proyectos. Toda la geografía nacional se ha
entregado para que estas obras se realicen donde Wang Jing quiera y tendrá todos
los permisos que se necesiten cualquiera que sean sus decisiones. Tendrá toda
licencia, permiso o autorización que demande. Ni un solo centavo recibirá el
estado de Nicaragua en concepto de impuestos o gravámenes por ninguna de las
obras. Según el acuerdo que se firmó, la empresa china está fuera de toda
normativa nacional, libre de toda responsabilidad administrativa, civil o
penal, aun cuando incumpla con sus obligaciones.
La ley es contradictoria en muchos aspectos
de nuestra Constitución Política. También contradice otros proyectos que tal
vez serían más rentables a largo plazo que cortar en dos el corredor turístico
del Pacífico. El afamado Centro Humboldt ha declarado que la construcción de
este canal y sus Proyectos Asociados son la mayor amenaza para las condiciones
ambientales del país en toda su historia. Ha denunciado también que esta
concesión exime a todos los Proyectos Asociados del cumplimiento de la
legislación ambiental, exponiendo al país a una destrucción ecológica
irreversible.
El estado de Nicaragua recibiría el uno por
ciento de las acciones cada año, y hasta los 100 años llegaría a tener el cien
por ciento de ellas. Con cada barco que pase, enorme cantidad de agua dulce se
iría al mar. El Gran Lago sólo tendrá una utilidad: la navegación. No podremos
producir alimentos mediante riego, solamente podremos ver pasar barcos. Tampoco
se podrá beber el agua del lago. También hay que tener en cuenta que son muchos
los que viven de la pesca en el lago y ya no podrán hacerlo.
Todas nuestras aguas, superficiales y
subterráneas, serán entregadas a un chino. A los dueños de las tierras que
serán expropiadas este chino les pagará esas tierras a precio de catastro y no
de mercado. 36 ciudades se verían afectadas por la pérdida del lago, además de muchas
poblaciones menores. Las Isletas de Granada desaparecerían, pues las esclusas
levantarían dos metros el nivel del lago.
A este panorama aterrador el presidente
Daniel Ortega le ha llamado la “Tierra Prometida”. Muchos expertos aseguran que
Nicaragua ganaría más vendiendo agua potable que con los ingresos de un canal
que hasta dentro de 100 años no sería suyo. Con este canal el país quedará
dividido en dos, la Nicaragua del Norte y la del Sur, como hubo dos Alemanias y
como hay dos Coreas. Habrá dos poblaciones de animales distintas (a excepción
de las que podrán volar) que irán siendo cada vez más diferentes con el tiempo,
lo que perjudicará nuestra biodiversidad.
Solentiname ha sido declarado Monumento
Nacional, pero sin el lago no habrá más Solentiname. Una persona de allá ha
dicho: “Voy a estar comiendo mucho pescado, porque después ya no habrá más
pescado que el enlatado por los chinos”. Con este canal el lago de Nicaragua,
que para nosotros es una gran bendición de Dios, se convertirá en una maldición.
Acabar con el Lago de Nicaragua sería el crimen más grande de la historia de
nuestro país.
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