Por Luis Carlos Díaz, 20/11/2014
Queremos dar un debate informado, pero el
Banco Central de Venezuela no publica cifras de inflación desde agosto, ni el
índice de escasez desde marzo.
Las cifras de homicidios también están
ocultas y aún no se sabe quiénes son los dueños de algunos medios de
comunicación. Los acuerdos comerciales con varios países están blindados, los
salarios de muchos altos funcionarios y sus declaraciones juradas de bienes
tampoco son públicas.
Queremos hablar sobre la base de hechos y nos
movemos en arena movediza. Las cifras de chikungunya no se parecen a tu
proporción de familiares enfermos, tampoco se publicó jamás la lista de
camaradas beneficiados por la fuga de capitales, ni es posible publicar
información sobre la salubridad del agua sin una aprobación que nunca llega.
La democracia se sustenta en la capacidad que
tienen sus ciudadanos de ser libres para escoger y tomar decisiones, y la base
de ese acuerdo social es el acceso a la información. Si la información no es
accesible, si los medios no son plurales, si no está garantizada la capacidad
de deliberar, entonces se pierden nociones de realidad, la propaganda sustituye
a los datos y se empobrece la ciudadanía, que es decir la democracia.
Entiendo que haya gente que escoja la
ignorancia como método para construir su mayor suma de felicidad, pero eso no
puede ser una política pública. Es un delito ocultar cifras. Es omisión. Es una
violación de derechos humanos. Es también un acto de corrupción.
Tenemos derecho a saber y a que nos rindan
cuentas. Trabajan para nosotros. Trabajan con nuestro dinero y están a nuestro
servicio. Por lo tanto deben tener la capacidad de interpelar su desempeño con
la mayor cantidad de datos posibles.
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