Benigno Alarcón Deza y Daniel Zovatto 17 de noviembre de 2020
@benalarcon y @Zovatto55
Si los últimos procesos electorales en Venezuela han
estado ya signados por la desconfianza, las elecciones pautadas para el 6 de
diciembre, en las que se renovará íntegramente su Asamblea Nacional con un
mandato de cinco años, han generado aún mayores cuestionamientos en su
integridad. Además, se darán en circunstancias particularmente adversas, pues a
la crisis política y humanitaria por la que atraviesa el país, se suman los riesgos
que trae la pandemia del Covid 19 que ha impactado la organización de procesos
electorales en todo el mundo.
Actores diversos de la comunidad internacional, como
el Grupo de Lima y el Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, así como
organismos multilaterales e instituciones especializadas, han expresado sus
preocupaciones frente a la convocatoria de un proceso electoral sin haber
corregido los serios problemas advertidos en procesos anteriores y que en esta
ocasión parecen haberse profundizado.
Los partidos de oposición, liderados por Juan Guaidó,
y que han tenido el dominio de la actual Asamblea Nacional desde las últimas
elecciones parlamentarias de 2015, han decidido no participar en la
convocatoria del 6 de diciembre. Consideran que no se trata de elecciones
libres y justas y han denunciado que las autoridades del órgano electoral
fueron designadas por el propio gobierno de Nicolás Maduro con personas afines
a su causa a través del Tribunal Supremo de Justicia, también bajo su control.
En este contexto, y con la finalidad de colaborar con
una mejor comprensión de las condiciones en las que Venezuela llegará a esta
elección, desde IDEA Internacional y el Centro de Estudios Políticos y de
Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (CEPyG-UCAB) se convocó a un
destacado grupo de expertos nacionales para hacer una evaluación de los temas
centrales que deben garantizar la integridad de cualquier proceso
electoral.
Este grupo de especialistas ha producido un detallado
informe que fue presentado en Caracas el pasado 12 de noviembre, en el cual se
describen los principales problemas que enfrentarán estos comicios.
Allí se ofrecen también recomendaciones que ayudarían a reconducir el
proceso hacia parámetros de equidad y transparencia, lo cual ya no sería
posible de cara a la elección convocada para el próximo 6 de diciembre, sino
que implicaría el replanteamiento de las etapas ya ejecutadas bajo nuevas
condiciones. Pero el gobierno venezolano, lamentablemente, se ha negado
en varias ocasiones a hacerlo, incluyendo la oportunidad reciente en que la
Unión Europea envió una misión para intentar un replanteamiento de la fecha y
las condiciones bajo las cuales se realizarán estos comicios.
El informe, luego del análisis de variables críticas,
cuestiona las condiciones bajo las cuales se está desarrollando este proceso.
Uno de los aspectos más relevantes que refleja el documento es la
judicialización y pérdida de autonomía de las organizaciones políticas para
designar a sus propias autoridades, candidatos y tomar otras decisiones,
elemento central para una competencia democrática. De hecho, a través del
papel injerencista que ha tenido el Tribunal Supremo de Justicia en la dinámica
interna partidaria, sustituyó a los dirigentes de los principales partidos
políticos de oposición del país por otras directivas conformadas por otros
actores con quienes el gobierno de Maduro ha establecido acuerdos, lo que ha
puesto en entredicho no solo la seguridad jurídica del proceso electoral, sino
los derechos políticos más elementales.
Esto, tal como es práctica común entre regímenes
híbridos y autocracias electorales, ha implicado la fragmentación y
sustitución de la oposición que detenta la mayoría del actual parlamento por
una nueva y políticamente cooptada. Se trata, en consecuencia, de un proceso
diseñado para que los resultados no generen ninguna sorpresa al gobierno, y que
los partidos que participan sustituyendo o representando el rol de la oposición
compitan entre ellos por un número de curules que fue aumentado de 167 a 277,
en violación de la propia Constitución vigente, sin que medien reclamos
ni exigencias sobre las condiciones de esta elección.
Otro aspecto importante en cualquier elección es el
registro de votantes. Este debe ser preciso, creíble, actualizado y ajustado a
la ley, garantizando que toda persona con derecho a votar pueda estar
registrada. Si el registro, por razones de diseño o por decisiones de la
autoridad electoral, excluye a una cantidad significativa de votantes, como
aquí ha ocurrido según refleja el informe de los expertos, entonces se
compromete seriamente la integridad de la elección. En el caso de Venezuela,
además, hay una importante migración de ciudadanos hacia otros países, a
quienes se les ha excluido de este proceso de registro, aparte de los nuevos
votantes que siguen en Venezuela pero que tampoco pudieron inscribirse por las
limitaciones impuestas por el Consejo Nacional Electoral.
El informe aborda también la variable del voto
secreto. Y se concluye que, precisamente, uno de los instrumentos fundamentales
de coerción utilizado contra los electores venezolanos es la desconfianza sobre
el secreto del voto promovida desde el mismo gobierno y que, a su vez, es
acompañada de la amenaza de represalias contra aquellos votantes que tienen
algún tipo de relación de dependencia económica directa o indirecta con Estado
por la vía de empleos, contratos, programas sociales, entre otros.
Por otra parte, todos sabemos la importancia que tiene
para la integridad de una elección que no se usen los recursos públicos en
beneficio o perjuicio de los competidores, y el acceso a los medios de
comunicación, tanto públicos como privados, en condiciones de equidad para
todos los participantes. Los expertos convocados por IDEA Internacional y el
CEPyG-UCAB han identificado una línea diversa de acciones que contravienen
estas garantías, incluyendo el cierre de medios de comunicación y retiro de
concesiones del sistema radioeléctrico; persecución legal, policial y
“parapolicial” sobre periodistas, sus equipos de trabajo y dueños de medios;
así como la compra de medios de comunicación a través de “aliados” y favores
económicos a través de la contratación de pautas publicitarias y la asignación
de divisas o financiamiento desde la banca estatal.
Otra carencia de este proceso es la falta de
observación electoral, que es crucial para dar fe sobre sobre la integridad del
proceso y sus resultados. La Unión Europea (UE) anunció el 11
de septiembre que “el tiempo ya es demasiado corto” para desplegar una Misión
de Observación Electoral para el 6 de diciembre, que necesitaría de una
invitación con al menos seis meses de anticipación para garantizar una observación
técnica apropiada. Las preocupaciones de los expertos también se extienden
a las deficiencias técnicas del proceso de automatización en el que
recientemente se ha contratado de manera secreta a una nueva empresa que
proveerá el hardware y el software para este proceso. Asimismo, a la presente
fecha se desconocen los protocolos de bioseguridad en el contexto de la
pandemia que el organismo electoral implementará para asegurar la salud de los
votantes, lo cual se podría traducir en temores justificados a la hora de
ejercer el voto.
Lo cierto es que la experiencia venezolana e
internacional comparada, indica que no es posible generar confianza en un
proceso electoral sin atender los temas de fondo, o sea aquellos que han
llevado a que en Venezuela se observe un severo deterioro de la democracia y la
integridad de sus procesos electorales, como se refleja en los principales
índices internacionales, como el de Freedom House, el Proyecto V-Dem, el
Democracy Index de la Unidad de Inteligencia de The Economist o el Estado
Global de la Democracia de IDEA Internacional. Esta tendencia, lamentablemente,
se profundiza al evidenciarse problemas recurrentes y estructurales que afectan
la integridad, legitimidad y credibilidad del próximo proceso electoral.
Es de suma importancia que la comunidad internacional
y los propios venezolanos conozcan este informe técnico, donde además se
ofrecen recomendaciones para rescatar la integridad electoral en los comicios
venezolanos, como uno de los procesos críticos para el futuro democrático del
país.
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