Los calculados pasos y los tiempos del fiscal Khan, por @humbertotweets

Humberto González Briceño 05 de abril de 2022

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En un país como Venezuela donde no hay ninguna esperanza de darles justicia a las víctimas de la violencia perpetrada por el Estado chavista estos veinte años, cualquier señal en sentido contrario es celebrada a rabiar por unos pocos y recibida con desconfianza por la mayoría.

Esta parece ser la reacción ante la más reciente visita del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Khan a Venezuela y su anuncio de abrir una oficina en Caracas. Políticos y activistas de los Derechos Humanos ven esto como muy positivo en el proceso de incriminar a los violadores de derechos humanos al servicio del régimen mientras que víctimas, familiares de las víctimas y muchos venezolanos prefieren refugiarse en la cautela, la prudencia y el escepticismo.

No podría ser para menos. Hay muchas interrogantes y dudas sobre las funciones de esta Corte Penal Internacional y el verdadero alcance de las investigaciones que adelanta el Fiscal Khan. La abundancia de declaraciones celebratorias de unas gestiones que no han sido suficientemente explicadas ha elevado las expectativas y multiplicado las ilusiones que prometen un juicio definitivo al régimen chavista y sus operadores por los crímenes cometidos. Hay quienes incluso sueñan con ver a Nicolás Maduro esposado escuchando el veredicto condenatorio de esa Corte. Para vacunarse contra los desengaños y las desilusiones hay que examinar los materiales que públicamente suministran la CPI y el propio Fiscal Khan.

Lo primero que hay que recordar, precisamente porque parece ser lo primero que se olvida, es que la CPI creada por el Estatuto de Roma opera bajo el llamado principio de complementariedad. Según esta disposición no se trata de una instancia que desde afuera va a administrar justicia, sino por el contrario es una oficina que va a colaborar con los Estados en la administración de justicia y asesorarlos en el enjuiciamiento de crímenes de lesa humanidad, si fuera necesario.

También es importante recordar que el Estatuto de Roma y la CPI no son producto de un mítico e inexistente Derecho Internacional. Se trata más bien de creaciones de la geopolítica y la diplomacia que dados ciertos acuerdos entre Estados y potencias bien podrían ampliar o restringir el ámbito operativo de esta Corte para enjuiciar, por ejemplo, a un jefe de estado o un estado como régimen político. En condiciones políticas normales esta Corte y su Fiscal producirán decisiones previamente concertadas con el Estado en cual está trabajando.

En Venezuela ha sido precisamente el Estado chavista, con Nicolás Maduro y Vladimir Padrino López a la cabeza, el que ha impulsado una política sistemática y masiva de violencia contra civiles y militares por razones políticas. El Fiscal Khan, desde un principio, ha descartado tratar al Estado chavista con sus órganos e instituciones como indiciado en este proceso. Quedaría entonces solo la vía para investigar y condenar a los autores intelectuales y materiales de esos crímenes como personas. Pero si, por definición, la CPI va a actuar en complemento a la justicia chavista local ¿Cómo se puede establecer la responsabilidad de Maduro y Padrino, por tan solo nombrar a dos, si ni siquiera han sido investigados por jueces que ellos mismos han designado?

Luego de celebrar con bombos y platillos el acuerdo de cooperación entre la CPI y el Estado chavista que preside Nicolás Maduro es lógico suponer que un resultado habrá, aunque este quizás no sea el que espera la mayoría.

Del gelatinoso lenguaje diplomático usado por el Fiscal Khan cada vez que visita a Venezuela se puede inferir que no habrá un enjuiciamiento ni condena del Estado chavista ni de sus principales jerarcas que presumiblemente serían los autores intelectuales de esos crímenes.

El supuesto auto de apertura de investigación penal emitido por el Fiscal Khan el año pasado no definió delitos ni sospechosos, era más bien un acuerdo de cooperación y asesoría entre la CPI y el Estado chavista para tratar de hacer más eficiente su sistema judicial. Pero como al final algo había que mostrar lo más probable es que los tribunales chavistas emitan  sentencias condenatorias contra algunos esbirros de baja jerarquía o que estas sean usadas para ajustar cuentas en las luchas intestinas que se libran dentro del chavismo.

Quienes ven como algo positivo la segunda visita del Fiscal Khan a Venezuela en menos de 6 meses deberían tomar en cuenta que, tal como lo dijo el Fiscal en su única declaración escrita, él vino “invitado oficialmente por el gobierno de Venezuela”. De otra forma quizás no le habríamos visto la cara en años. Al tiempo de agradecer profusamente la cooperación del Estado chavista con sus funciones, el Fiscal Khan anunció la realización de seminarios internacionales sobre Justicia Penal Internacional en Caracas en el 2023.

El objetivo sería intercambiar experiencias con otros países de la región. Será una magnífica oportunidad para que Nicolás Maduro sea el anfitrión de un evento internacional que presente al Estado chavista como un modelo en materia de Derechos Humanos con el aval nada despreciable de la CPI en la antesala del fraude electoral de 2024.

No podemos llamarnos a engaños. Las decisiones y los tiempos del Fiscal Karim Khan son los que convienen al estado chavista que actúa como su cooperador institucional. El Fiscal Khan irá tan rápido como se lo pidan y solo llegará a los extremos que el propio régimen chavista le permita en una macabra danza donde la coreografía está diseñada para lavarle la cara el régimen mientras sus víctimas se muerden los labios ante la impotencia.

Humberto González Briceño

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