Paulina Gamus 17 de julio de 2022
Acaba
de fallecer –ya centenario– en su residencia de Cuernavaca, el expresidente
mexicano Luis Echeverría. Y murió impune. Decir que lo conocí sería una
exageración, apenas lo vi en una especie de poliedro que convierte en minúsculo
el nuestro de Caracas, cuando Ciudad de México fue sede de la convocatoria de
la ONU para el Año Internacional de la Mujer (julio 1975).
El pódium era en forma de pirámide, quizá una alegoría al imperio azteca en la que Echeverría, sentado en una poltrona en la cúspide de esa pirámide, parecía la reencarnación de Moctezuma. Muy por debajo de él estaban ubicadas las autoridades de la ONU, luego los jefes de delegación de los países participantes y, en las gradas, nosotros los simples mortales que formábamos parte de esas delegaciones.
La
primera dama, María Esther Zuno, con la que Echeverría a diferencia de otros
presidentes priistas, estuvo casado más de medio siglo y con la que procreó
ocho hijos, era una nacionalista muy peculiar. Prohibió el consumo de licor en
las recepciones oficiales y obligaba a las esposas de ministros y de otros
funcionarios de alto rango, a vestir para esos eventos, trajes regionales que
ella misma les elegía.
La
delegación de Venezuela fue invitada a un almuerzo en la residencia
presidencial Los Pinos porque el nuestro era uno de los países visitados por la
primera dama mexicana. Nos sirvieron como bebidas jugos de diversas frutas. Y
el momento culminante fue cuando la primera dama Zuno de Echeverría, carente de
un ápice de gracia, invitó a la esposa de uno de los ministros a bailar La
Bamba.
Sirva
este introito para referirnos a la impunidad de Echeverría. Era Secretario de
Gobernación (equivalente a ministro de Relaciones Interiores) en 1968, cuando
ordenó disparar contra una manifestación estudiantil en la Plaza de las Tres
Culturas (Tlatelolco) el 2 de octubre de ese año. Hubo más de 300 jóvenes
asesinados. Luego, ya como presidente, el 10 de junio de 1971 ordenó a un grupo
paramilitar denominado «Los Halcones» (una suerte de colectivos chavistas)
disparar a mansalva contra una manifestación estudiantil.
Las
cifras oficiales contabilizaron 120 asesinados pero el número –se supone– fue
mayor. Primero en 2004 y luego en 2005, la Fiscalía General mexicana abrió
sendas causas contra el ex presidente Echeverría por ambos genocidios. Pero los
jueces consideraron que los delitos habían prescrito y el imputado murió
tranquilo en su cama como un hombre de bien.
Algo
muy diferente y esperanzador acaba de ocurrir en Argentina. Después de 39 años
del fin de la última dictadura militar que sufrió ese país, la justicia ha
dictado diez cadenas perpetuas para los crímenes cometidos por militares en
Campo de Mayo, el mayor centro clandestino de represión, torturas y
desaparición de personas instalado por el ejército durante la dictadura. Un
tribunal federal sentenció a 19 imputados por crímenes de lesa humanidad contra
323 víctimas.
El
excomandante Santiago Omar Riveros y otros nueve imputados por tales crímenes,
fueron condenados el miércoles 6 de julio de 2022, a la pena máxima. Los demás
recibieron penas de entre 4 y 22 años en la sentencia de uno de los mayores
juicios por delitos de lesa humanidad en la historia del país sudamericano, una
megacausa. «Cada sentencia fue celebrada con aplausos por la multitud que
esperaba en las afueras del Tribunal federal.» (El País, Madrid)
.
La
sentencia es apenas una pequeña parte de la justicia que merecen los miles de
asesinados y desaparecidos por la dictadura militar argentina que asumió el
poder con un golpe de estado, el 24
de marzo de 1976. La noche anterior, tres venezolanas que asistíamos a
un taller de la ONU sobre la condición de la mujer, en Buenos Aires, decidimos
ir a El Viejo Almacén, el entonces famoso lugar para que los turistas oyéramos
y viéramos bailar tangos y milongas. Salimos de allí en un taxi a las 2 de la
madrugada y vimos una cantidad de tanques de guerra en las calles.
Al día
siguiente la camarera del hotel donde nos alojábamos estaba eufórica: «la
echaron a la presidenta». El taller fue suspendido pero en la ciudad
la vida continuaba como si nada hubiese sucedido. Lo único distinto, lo único
que nos puso piel de gallina, fueron unos automóviles con unos tipos que
vestían gabardinas, sombreros de fieltro y lentes oscuros, y asomaban sus
ametralladoras por las ventanas.
Venezuela
fue refugio para centenares de chilenos, argentinos y uruguayos que huyeron de
la persecución del «Plan Condor», por cierto aupado por los Estados Unidos de
Norte América. La narración que hacían de las torturas practicadas en sus
países, por militares, nos resultaban difíciles de creer. Nuestros militares
institucionales y democráticos jamás harían algo así. Eso no estaba en su
idiosincrasia.
Han
pasado 49 años del inicio de las dictaduras militares en Chile y Uruguay y 46
del comienzo de la dictadura militar en Argentina. Chile y Uruguay son hoy dos
democracias, Argentina es un híbrido porque el peronismo es de difícil
definición, pero no es una dictadura. ¿Y Venezuela? ¡Ayy Venezuela! Sepan
quienes desde el gobierno violan cada día los derechos humanos y quienes desde
los centros de tortura, se creen infinitos e intocables, que la
justicia puede tardar treinta o cuarenta años, pero llega.
Paulina
Gamus
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico