Luis Ugalde S.J. 17 de julio de 2022
Alarma el aparente desinterés de Venezuela ante el trágico derrumbe de su sistema educativo. Parece que no interesa al gobierno, también está ausente en las propuestas de los opositores y la población en las encuestas lo relega al cuarto o quinto lugar. Pero nada tiene efectos tan nefastos y duraderos como los fallos en salud y educación básica. El estado de las escuelas y universidades públicas hace llorar sobre sus ruinas la miseria del futuro de la mayoría de los venezolanos. Como nos enseñaron que la educación es responsabilidad (¿exclusiva?) del Estado y que este lo tiene que costear en todos sus niveles, en el silencio educativo solo se escucha la débil protesta de algunos docentes reclamando al Estado el pago que les permita vivir.
¿Quién
financia qué? La constitución afirma que solo la educación “impartida en las
instituciones del estado es gratuita hasta el pregrado universitario” (art.
103). Sin embargo la supuesta“gratuidad” total vendó los ojos del
financiamiento universitario. De tal manera, que al comienzo de este siglo en
Venezuela, más de 40% del presupuesto educativo nacional era para la “gratuidad”
de la universidad pública. Con la lamentable debilidad de los niveles
educativos básicos.
Ahora
que el Estado está arruinado, las universidades de financiamiento público
amarradas a él agonizan, pues reciben menos del 10% de lo que necesitan. Es lógico
que protesten y pidan financiamiento al Estado, pero este ya no tiene para
mantener la universidad “gratuita”; ni con este gobierno arruinado, ni con el
siguiente empobrecido y está obligado a establecer prioridades y buscar otras
formas de contribución para el costoso presupuesto universitario. La
“gratuidad” educativa debe concentrar su artillería en la batalla por lograr
que todos los niños y jóvenes desde el preescolar hasta final de la secundaria
estén inmersos en una educación de calidad; con millones de familias
comprometidas en la defensa y mantenimiento de la escuela de sus hijos. Sin ese
bien precioso y escaso, dos tercios de la población quedarían excluidos de la
calidad escolar y alimentarán la futura pobreza del país.
Para
salvar la universidad pública. Aferrarse a la “gratuidad” integral de la
universidad pública es renunciar a su recuperación como universidad y excluir
sobre todo a los jóvenes que carecen de recursos familiares para costearla.
Considero imprescindible la contribución de los beneficiarios directos y el
logro de financiamientos complementarios al presupuesto estatal. Si queremos
una Venezuela democrática, y sin pobreza ni exclusión, la universidad debe
seguir siendo económicamente accesible a quienes no tienen recursos. Al mirar
las buenas décadas de la democracia floreciente, vemos un río humano de cientos
de miles de estudiantes universitarios de familias de escasos recursos subiendo
la escalera más eficaz para salir de la pobreza, poniendo a valer su
talento y respondiendo así a Venezuela en su salto de rural, dispersa y
atrasada, a urbana con naciente democracia y responsabilidad ciudadana de
pacto social para el bien común.
La
educación es costosa y si no superamos la palabra “gratuita” en el nivel
superior no podremos concentrar recursos y empeño en la calidad y plena
cobertura en las etapas preuniversitarias, ni rescataremos la universidad
pública, combinando de manera inteligente y diferenciada la contribución
(actual o diferida) a su financiamiento de quienes más se benefician: el
estudiante futuro graduado, las empresas que reciben al universitario
preparado, el Estado, las fundaciones nacionales e internacionales, la
sociedad…
Por
otro lado, tenemos que desterrar la mentalidad del pozo sin fondo en el gasto
universitario a cuenta del Estado. La necesidad nos obliga a reducir
repitientes sin prisa y con conciencia de mantenidos, las jubilaciones
prematuras del personal antes de los 65 años, el exceso de empleados, el
descuido de la productividad universitaria y de la venta de sus servicios con
buen nivel competitivo. La universidad gratuita no existe y necesitamos que la
cubran aquellos que más se benefician. Una buena parte del abono tendrá
que ser diferido, con una parte menor de lo que ganará ya graduado. Por
ello es necesario crear un cuantioso fondo de crédito educativo público,
manejado con eficiencia y transparencia privada.
Las
carreras cortas no pueden ser consideradas refugio sin prestigio para los que
no lograron entrar en las largas. Hoy en el mundo (y en la crisis venezolana)
la tendencia es más a carreras cortas de calidad que permitan entrar
pronto en el mercado de trabajo y poder financiar en adelante (combinando
trabajo y estudio) la formación continua abierta y sin límite hasta los niveles
más altos y exigentes. Necesitamos un país libre de complejo de doctor,
con millones de jóvenes que se entusiasmen con lo que hace dos siglos la
sociedad colonial despreciaba como “trabajos bajos y serviles”. Naturalmente
hoy esos trabajos deben ser entendidos y cultivados dentro de la gran
revolución productiva y cultural que estamos viviendo en el mundo de la
Sociedad del Conocimiento, de la Transformación Digital y de la Transición
Energética. Todo ello con una universidad que día a día se pregunta
¿Qué universidad somos y hacemos y para qué sociedad?
Luis
Ugalde S.J.
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