Trino Márquez 12 de noviembre de 2014
Con todo el respeto que merecen los
militantes de Voluntad Popular y su líder más importante, el valiente Leopoldo
López, preso arbitrariamente en la cárcel militar de Ramo Verde por supuestos
delitos que nunca cometió, considero que el planteamiento en torno a la
Constituyente es un error táctico y estratégico, tal como lo han argumentado
Elías Pino Iturrieta, Fernando Mires, Carlos Raúl Hernández, entre otros
intelectuales y políticos que se han acercado al tema desde distintas
perspectivas.
Es un error táctico porque la oposición debe concentrar los esfuerzos y
recursos organizativos, propagandísticos y financieros (estos últimos muy
escasos) en llegar en las mejores condiciones posibles a las elecciones de la
Asamblea Nacional previstas para el año entrante. Esos comicios con certeza se
realizarán, salvo que ocurra un cataclismo político o social que reviente todos
los sismógrafos. La situación del gobierno rojo y de su máximo dirigente,
Nicolás Maduro, es tan precaria que el oficialismo podría recibir una felpa
colosal en esa consulta. Obama, quien es infinitamente mejor que Maduro, salió
con contusiones generalizadas en las elecciones legislativas recientes. Los
republicanos no tuvieron compasión con el Presidente norteamericano. Ese
triunfo no fue obra del azar, sino de una tenaz y eficiente oposición que se tradujo en una victoria contundente.
Lo mismo podría ocurrir en Venezuela, no importa de cuántas trampas y malas
mañas se valga el oficialismo. El único requisito indispensable consiste en
acometer una preparación consciente y responsable, que incluye la elección de
los mejores candidatos, la presentación de una plataforma programática
atractiva y una maquinaria electoral que busque y preserve los votos. Si el
triunfo es categórico, como resulta bastante probable, la Asamblea Nacional que
surja de esa consulta podría transformarse en un Parlamento constituyente -como
ocurrió el 1959, luego del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez- que introduzca
los cambios que se necesitan en la estructura del Estado, tal como propone VP.
No es cierto que sean compatibles los
objetivos de participar en las elecciones parlamentarias y promover la
Constituyente. Ni el tiempo ni los recursos son suficientes para lograr ambas
metas. Esos fines se excluyen recíprocamente. La dispersión de esfuerzos
fortalecerá a un gobierno débil y le podría proporcionar un triunfo que no
merece.
Quienes promueven la Constituyente
cometen, además, un error estratégico. La Constitución que saldría de las
deliberaciones sería un paso atrás con respecto a la Carta de 1999, que
contiene conceptos, principios y
artículos positivos en derechos humanos, descentralización, autonomía
universitaria, papel de las Fuerzas Armadas, independencia del Poder Judicial,
del Poder Electoral y del Banco central, definición del Estado y del Gobierno
como alternativo, incluyente, plural. La nueva Carta Fundamental podría ser un
coctel que contenga un poco de democracia liberal, defensa de la propiedad privada
y promoción del mercado para responder
a las exigencia de las distintas fuerzas
democráticas integrantes de la oposición, y bastante de socialismo del siglo
XXI, de Estado Comunal, de democracia directa, para complacer al oficialismo,
que contaría con una sólida presencia de sus diversas tendencia en esa Asamblea
Constituyente.
El nuevo contrato social no serviría
para reunificar y reconciliar al país, dividido por el proyecto hegemónico que
los rojos han intentado imponer, con relativo éxito, durante tres lustros.
Venezuela seguiría tan erizada como lo ha estado a lo largo de esta dura etapa,
con el agravante de que se sumaría una nueva frustración, pues el pueblo
constataría de nuevo que los cambios aparecen como resultado de la acumulación
de fuerzas que alcanzan tal capacidad trasformadora, que se tornan
indetenibles.
Los militantes de VP -y otros sectores que defienden la Constituyente-no
deberían dejarse encandilar por las encuestas que los favorecen. Los problemas
nacionales no residen en la Constitución del 99, por lo demás bastante moderna
y equilibrada –de allí que Chávez
plantease su reforma total en 2007, con el fin de remover los obstáculos
legales que le impedían imponer el comunismo-, sino en el asalto al Estado por
una camarilla autoritaria, incompetente y corrupta, que se vale de las
instituciones para aferrarse al poder y usufructuarlo. Esa claque, de la cual
los militares son parte esencial, solo podrá desplazarse si en el país emerge
poderoso movimiento político y social capaz de implantar el Estado diseñado en
la Constitución del 99 y, a partir de allí, perfeccionarlo.
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