La cuenta regresiva del
presidente estadounidense Barack Obama contra su homólogo venezolano Nicolás
Maduro Moros, se inició en marzo de este año, cuando su gobierno declaró a
Venezuela “una amenaza a la seguridad nacional” y ordenó sanciones contra siete
funcionarios de la nación sudamericana acusados de violación a los derechos
humanos.
La información de la agencia
noticiosa Reuters señaló que era “la peor disputa bilateral” entre los
gobiernos de Washington y Caracas desde la llegada de Maduro al poder, en el
2013.
Aunque funcionarios de la
administración norteamericana aseguraron que la “executive order” de Obama no
estaba enfilada contra el sector energético de Venezuela o la economía en su
conjunto, las últimas acciones del gobierno de Washington indican que el
principal objetivo es afectar el sector energético de Venezuela, y asfixiar a
PDVSA, su ente petrolero estatal.
El punto de partida son los
8.000 millones de dólares en “refinerías de crudo, plantas de almacenamiento y
redes de oleoducto” en Estados Unidos, de acuerdo a la información divulgada el
22 de octubre por Bloomberg News.
El problema es que las
sanciones contra el gobierno chavista parten de una “executive order,” una
directiva presidencial que implementa o interpreta un estatuto federal, una
provisión constitucional, o un tratado entre naciones. Eso, en la Venezuela
chavista, carece de toda importancia. Como decía el Martín Fierro, “La ley es
como el cuchillo: no ofende al que lo maneja”. Pero en Estados Unidos, que
cuenta con una presidencia imperial, una “executive order” puede traer muy
graves consecuencias.
Estados Unidos cuenta con
tres poderes: el ejecutivo, el legislativo, y el judicial. (Eso debe ser otra
entelequia para el chavismo en el poder, donde la canciller opina sobre temas
de salud, el presidente de la Asamblea Legislativa sobre temas judiciales, y el
resto de los funcionarios creen que nada humano o divino les es ajeno).
El presidente norteamericano
está autorizado por el Congreso y por la Constitución, a emitir “executive
orders” en pocas ocasiones, porque es un arma bastante peligrosa, y es preciso
utilizarla con suma cuidado. ¿Cuál es el peligro de ese instrumento legal? Que
no requiere aprobación del Congreso.
Por lo tanto, el presidente
puede establecer un curso de acción política, eludiendo el debate público, y
los reclamos de la oposición. Una executive order permitió al presidente
Franklin D. Roosevelt enviar a japoneses nacidos en Estados Unidos a
campamentos de internación, una medida que muchos consideran inconstitucional.
Otra executive order autorizó mandar soldados a Bosnia, en una época en que un
fuerte sector del Congreso se oponía al envío de tropas.
Las sanciones contra
funcionarios venezolanos acusados de violaciones a los derechos humanos, forman
parte de la executive order de Obama. Lo más interesante es que el presidente
le añadió una provisión que cambia las reglas del juego. De acuerdo a The
New York Times, Obama “ordenó al Departamento del Tesoro” investigar a
funcionarios venezolanos no solo por la presunta violación a los derechos
humanos “sino aquellos involucrados en corrupción administrativa”.
La Casa Blanca, indicó el
periódico, “insistió en añadir” el tema de la corrupción en Venezuela. Y eso
“fue más allá de lo que se buscaba en la ley aprobada por el Congreso”. Pues
esa ley solo exigía sanciones “en materia de violaciones de los derechos
humanos”.
La ley, tal como fue
presentada originalmente en el Congreso, nunca hubiera puesto en peligro los
bienes de PDVSA en Estados Unidos, pues la empresa no está incursa en la
violación a los derechos humanos. Ahora, con la participación del Departamento
del Tesoro en las investigaciones, la cuestión de los derechos humanos ha
pasado a segundo plano, y la mandarria contra PDVSA ocupa el centro del
escenario.
Cuando el presidente Maduro
dijo que las sanciones eran un intento por derrocar a su gobierno, no estaba
tan desacertado. Pues arremeter contra PDVSA es arremeter contra la única
fuente de subsistencia del gobierno. (Alguien debe haberle informado de la
participación del Departamento del Tesoro en las pesquisas).
Pero las torpezas del jefe
de estado comenzaron en el mismo momento en que designó a uno de los
funcionarios venezolanos acusados por Estados Unidos como nuevo ministro del
Interior, o cuando ordenó recoger millones de firmas destinadas a enfrentar la
amenaza imperialista.
Entre los siete funcionarios
mencionados en la lista del gobierno norteamericano figuraba Gustavo Enrique
González López, director general del Servicio Nacional de Inteligencia (Sebin).
Maduro elogió a González López durante el discurso en que denunció la
intromisión norteamericana, y de inmediato lo nombró ministro de Interior,
Justicia y Paz.
Cada gobierno tiene derecho
a nombrar a los funcionarios que se le antoje, pero es preferible guardarse las
bravuconadas cuando se lidia con las autoridades de Washington.
Entre sus defectos figuran
el disimulo, el rencor, y el estoicismo. Pueden estar sonriendo por ambos
costados de la boca, pero no perdonan una, y poseen una paciencia franciscana
para agarrar al enemigo cuando menos se lo espera. Manuel Noriega y Saddam
Hussein son dos de los ejemplos, aunque hay otros.
En cuanto a recoger los
millones de firmas en cuadernos, no vamos a indicar, por delicadeza, el uso que
podrían haberle brindado a esas miles de hojas. Pero fue un gasto de energía y
tiempo, sin resultado alguno. Maduro debería haber consagrado todas esas horas que
reserva al insomnio, a pensar en las medidas legales destinadas a frenar la
real amenaza imperialista: las acciones del gobierno norteamericano contra
PDVSA.
Como señaló Reuters,
“declarar que un país es una amenaza para la seguridad nacional es el primer
paso en el inicio de un programa de sanciones. El mismo proceso ha sido seguido
con países tales como Irán y Siria”.
ASFIXIA CONTRA PDVSA
COMIENZA EN EEUU
Bloomberg News dijo que la investigación contra PDVSA, anunciada por The Wall Street Journal el 21 de octubre, “podría poner en riesgo unos 8.000 millones de dólares en refinerías de crudo, plantas de almacenamiento, y redes de oleoductos” en territorio estadounidense.
Según la agencia noticiosa,
tres refinerías petroleras que posee Citgo, una subsidiaria de PDVSA, cuentan
con una capacidad combinada para procesar 749.000 barriles de petróleo diarios.
Los principales activos de Citgo atañen a una refinería en Lake Charles,
Luisiana, que procesa diariamente 425.000 barriles de crudo. Es un respetable complejo
que incluye muelles para tanqueros y terminales donde se almacena el producto.
El gobierno de Venezuela
tiene un serio problema. El petróleo, su única fuente de ingresos es, al mismo
tiempo, su talón de Aquiles, debido a su enorme dependencia de Estados Unidos,
su principal comprador de crudo.
Venezuela envía diariamente
a Estados Unidos un promedio de 733.000 barriles de petróleo. Y Estados Unidos
es uno de los pocos países que paga el producto en dólares. Las transacciones
comerciales con China son de trueque. Vaya uno a comprar vino Chateau Petrus,
el preferido del ex presidente de PDVSA Rafael Ramírez, y ofrecerlo en trueque
por, digamos, un tramo de oleoducto (el vino cuesta millares de dólares la
botella).
Por lo tanto, urge al
gobierno de Caracas conseguir cash a lo que dé lugar. Pero, si continúa la
ofensiva contra los bienes que posee PDVSA en Estados Unidos, mermará de manera
drástica el abastecimiento de dólares.
La campaña que pondría en
riesgo los bienes de Citgo no es la única. The New York Times dijo que existe
gran preocupación entre empresarios estadounidenses vinculados a la industria
del petróleo por la investigación contra PDVSA. Algunas compañías dispuestas a
invertir en el ente estatal venezolano, han empezado a reconsiderar esa posibilidad.
Luego que el crudo
venezolano cayó a la mitad de su precio desde junio de 2014, dijo el periódico,
directivos de PDVSA “comenzaron lentamente a alejarse de la postura de pública
hostilidad que muestra el gobierno izquierdista hacia las empresas petroleras
norteamericanas, y ofrecieron términos (de contrato) más atractivos”. Pero
“ejecutivos petroleros temen que esas propuestas cesen si se considera que
Estados Unidos tiene como objetivo emprender investigaciones “contra
funcionarios de PDVSA por corrupción”.
El problema con los litigios
es que demoran años, quizás décadas, en resolverse. Es preferible invertir en
sectores de bajo riesgo.
Entre tanto, la guerra asimétrica entre Estados Unidos y Venezuela continuará por bastante tiempo. Quizás Obama abandone la Casa Blanca mucho antes que algo ocurra en Venezuela. Y es posible que Maduro siga detentando el poder mucho después de lo que pronostican sus enemigos.
Pero en ese lapso, es
inevitable que Venezuela seguirá colapsando. Todo empeorará porque la economía,
no los golpes en el pecho, sigue siendo el principal factor que brinda comida a
los seres humanos, o los priva de ella. Estados Unidos, como antes Inglaterra,
no tiene amigos eternos, ni enemigos eternos, solo intereses eternos.
Más de un sector energético
de Estados Unidos podría prosperar con la ruina de PDVSA. ¿Nadie le explicó a
Maduro la frase “The business of America is business?”
26-10-15
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