ALFREDO MEZA Caracas 29 NOVIEMBRE DE 2015
La
campaña electoral para las elecciones legislativas en Venezuela entra en su
semana final con los ánimos crispados por la violencia política. No es un
asunto menor lo que está en disputa. El chavismo enfrenta la inédita
posibilidad de ceder el control de uno de los poderes públicos después de 17
años de hegemonía. Más de 19 millones de venezolanos podrán participar de una
contienda trascendental como la que más en la historia contemporánea del país
sudamericano.
La
oposición, representada en su gran mayoría por la Mesa de la Unidad Democrática
(MUD), llega con la opción real de controlar el Parlamento tras más de tres
lustros de derrotas y errores políticos que permitieron tanto al fallecido Hugo
Chávez como a su sucesor Nicolás Maduro consolidar un poder sin contrapesos. La
mayoría de las encuestas más reputadas le otorgan en sus últimos estudios de
campo a la oposición una ventaja de entre 20 y 30 puntos.
Nunca
antes el gobierno había llegado a una contienda electoral con menos intención
de voto que sus rivales. Acosado por la inflación, la crónica escasez y el
colapso de un modelo económico que hostiga a la empresa privada y sustituye la
producción de bienes y servicios por importaciones, el régimen tiene aún
posibilidades de minimizar el impacto de una derrota. Es muy probable que esa
diferencia no se vea reflejada en los resultados finales por cuatro razones: se
trata de una elección en 87 circuitos elaborados a la medida de los intereses
del chavismo por el Consejo Nacional Electoral (CNE); por la campaña de miedo
iniciada por el gobierno para advertir a sus electores de la supuesta pérdida
de las ayudas sociales –las llamadas misiones- con un Parlamento controlado por
la oposición; por la debilidad de la maquinaria de la oposición, incapaz de
garantizar la presencia de sus testigos en todo el país para evitar las
supuestas trampas chavistas en el acto de sufragio; y el uso de los recursos
del Estado puesto al servicio del partido de gobierno para acarrear votantes.
Todas
estas denuncias opositoras no serán apreciadas por la comunidad internacional.
El CNE ha negado la presencia de las misiones electorales de la OEA y la Unión
Europea con el argumento de que éstas no pueden sustituir la supervisión los
poderes autónomos locales. La autoridad electoral venezolana ha aceptado la
presencia de un equipo de Unasur, encabezado por el expresidente Leonel
Fernández, y de otros exgobernantes como el español José Luis Rodríguez
Zapatero y el panameño Martín Torrijos. Será en todo caso una presencia
política simbólica y en modo alguno una evaluación sistémica del proceso.
El
CNE, de mayoría oficialista, también ha obrado para minimizar la derrota de sus
aliados. Han autorizado que se coloque al lado de la insignia de la MUD una
tarjeta casi idéntica perteneciente al partido chavista MIN Unidad y no han
permitido que los aspirantes opositores nominales se inscriban con sus apodos.
Los votantes chavistas, en cambio, sí podrán identificar a sus candidatos por
sus apodos. La dirigencia opositora se ha esforzado en las últimas semanas en
recordarle a sus seguidores la ubicación exacta de su insignia porque temen
perder muchos sufragios en esta confusión.
Los
encuestadores y analistas especializados en temas electorales han calculado que
para obtener la mayoría simple del Parlamento la oposición necesita sacar entre
7% y 13% más votos que su adversario. Que obtenga una mayoría calificada -111
diputados de 167 que integran el parlamento unicameral- parece una utopía en
estas circunstancias tan desventajosas. La MUD se ha esforzado en mantener la
diferencia las últimas horas porque son conscientes de que ya no sirven
victorias morales. En 2010 obtuvieron el 52% de los votos, pero el gobierno
colocó al 60% de sus aspirantes en la Asamblea Nacional.
Una
victoria opositora abre un escenario nunca antes planteado en 17 años de
dominio bolivariano. Con el control del Parlamento tendría la iniciativa de
interpelar ministros, de iniciar averiguaciones sobre escándalos de corrupción
obviados por la mayoría chavista en más de tres lustros, o de elaborar leyes
que permitan la liberación de los presos políticos, un acuerdo logrado por
todas las fuerzas que componen la MUD en caso de que sean mayoría, o de
promover una enmienda a la Constitución para acortar el período constitucional.
Pero el chavismo tiene mucho margen de maniobra para neutralizarlos. La
penúltima legislatura (2005-2010) habilitó al entonces presidente Chávez para
promulgar leyes cuando advirtieron que habían perdido la mayoría calificada en
el Parlamento.
Los
partidos políticos podrán promocionar sus candidaturas hasta la madrugada del
jueves 3 de diciembre. A partir de ese día las organizaciones políticas no
podrán organizar concentraciones y los medios de comunicación tienen prohibido
divulgar encuestas. Todo estará listo entonces para asistir a un relevo
histórico en el Parlamento o para ser testigos de la reanimación de un enfermo
terminal.
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