ANTONIO MARIA DELGADO 27 de noviembre de 2015
Los
sobrinos del gobernante venezolano Nicolás Maduro que fueron arrestados por la agencia antidroga (DEA)
por intentar vender 800 kilos de cocaína están negociando un acuerdo
con la fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York, en la que se
comprometerían a brindar más detalles sobre los vínculos del chavismo con el
narcotráfico.
Fuentes
familiarizadas con la situación dijeron a el Nuevo Herald que los acusados
solicitaron una nueva postergación de dos semanas de la próxima audiencia ante la
corte, donde Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas
—sobrinos de la primera dama, Cilia Flores— deberán declararse culpables o
inocentes.
Según
las fuentes, la postergación de la audiencia fue solicitada para terminar de
negociar con la fiscalía la admisión de culpabilidad, que vendría acompañada
por la disposición de los acusados de brindar detalles y testimonios sobre la
operación de narcotráfico a la que pertenecían, a cambio de que la fiscalía le
recomiende al juez dictar una pena substancialmente inferior a la que les
correspondería de ser declarados culpables en un juicio.
El
juez autorizó la postergación y la audiencia quedó fijada para el jueves 17 de
diciembre, según documentos de la corte.
Los abogados de los acusados no pudieron ser contactados para comentar sobre el caso.
Los
jóvenes arrestados, uno de los cuales fue criado por la pareja presidencial,
enfrentan cargos que conllevan una pena máxima de prisión de por vida, pero que
por lo general conducen a sentencias de entre 20 y 30 años de cárcel.
Un
acuerdo con la fiscalía podría conducir a una pena mucho menor, pero los
testimonios y los datos que deben ser brindados bajo los acuerdos de
cooperación deben ser muy valiosos, dijo una de las fuentes que habló bajo
condición de anonimato.
“El
caso que tiene la fiscalía contra los acusados es sumamente sólido. Tanto así
que ellos están convencidos de que no necesitan una admisión de culpabilidad
para conseguir una sentencia. De manera que lo que tienen los acusados que
brindar tiene que ser substancial para que ellos puedan conseguir el acuerdo”,
dijo la fuente con acceso a los detalles del caso y que pidió no ser
identificada.
“Ahora
lo van a tener que decir todo. En los próximos días, ellos van a entrar en un
proceso de armar todo un inventario del tipo de detalles que ellos pueden
aportar para entonces allí proceder con las negociaciones”, explicó.
Otra
de las fuentes dijo que las posibilidades de que consigan un acuerdo va a
depender de la capacidad de los jóvenes de inculpar a los jefes de la operación
criminal de la que formaban parte, y de quiénes les suministraron la droga.
Añadió
que solo uno de los dos acusados había decidido declararse culpable desde un
inicio, mientras que el otro quería ir a juicio.
No
obstante, el segundo acusado cambió de opinión después de que sus abogados
examinaran la extensa cantidad de evidencia que había sido acumulada en su
contra y determinaran que saldría muy mal parado de ir a juicio.
Los atribulados sobrinos de la pareja presidencial ya habían aportados detalles adicionales durante conversaciones que sostuvieron con agentes de la DEA después de que fueron arrestados a inicios de mes en Haití, al término de una operación encubierta de ocho meses donde los jóvenes fueron grabados en video negociando los 800 kilos de cocaína de alta pureza.
Al
momento de su arresto, los jóvenes declararon que la droga pertenecía al
presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, quien es investigado por
las autoridades estadounidenses bajo sospecha de que encabeza el denominado Cartel de
los Soles, organización criminal que monopoliza el narcotráfico en
Venezuela.
Pero
la versión fue desmontada rápidamente por los agentes, y los sobrinos
presidenciales terminaron testificando que la droga pertenecía al gobernador
del estado Aragua, Tarek El Aissami, quien también es investigado por las
autoridades.
Observadores
consultados han señalado que las autoridades han logrado armar un caso muy
sólido contra los dos jóvenes.
“Es
devastador”, señaló Félix Jiménez, quien llegó a ocupar el tercer puesto en
importancia en la DEA antes de pasar a retiro.
“Casi
todas las conversaciones con ellos durante la operación encubierta fueron
grabadas tanto en video como en voz. Si fue una reunión, esa reunión fue
grabada en video, si fueron unas conversaciones por teléfono, esas
conversaciones fueron grabadas. El caso es sumamente fuerte”, explicó Jiménez.
Ante
ese grado de evidencia, la única esperanza que podrían tener los jóvenes para
reducir la condena sería cooperar con la fiscalía, para ayudar a enjuiciar a
personas de mayor peso dentro de las operaciones de narcotráfico, dijo.
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