Por José Domingo Blanco, 27/11/2015
Que el Cendas nos diga que, para cubrir la canasta básica de octubre,
una familia de cinco miembros tuvo que desembolsar Bs. 110.116,47, escandaliza.
Se necesitan 14,8 salarios mínimos para cubrirla.
Son muchos los recortes que hay que hacer en un hogar para llegar a
final de mes. Pero, permita Dios que esa familia no esté en la nómina del
Estado, porque además de los gastos fijos que deben cubrir, su empleador los
obligará –corrijo, los “exhortará”- a realizar “aportes voluntarios” para la
causa, que en estos días se traduce como “campaña electoral”. Un aporte
monetario para que el Psuv, logre su “victoria perfecta” y estas sabandijas que
nos desgobiernan sigan perpetuándose en el poder.
Por estos días, días previos a las elecciones, el memorándum de los
“chivos” máximos de los organismos públicos -invitando a hacer una
“contribución” a la campaña del Psuv- no se ha hecho esperar. El depósito de la
“donación” en los bancos del Estado es de obligatorio cumplimiento para los
funcionarios del gobierno que ocupan altos cargos. En condiciones normales,
estas órdenes jamás serían acatadas con beneplácito. Y menos aún con el costo
de la vida que nos recuerda mes a mes el Cendas. Para nadie, por más adicto que
sea de la revolución y de los pensamientos de Chávez, debe ser fácil
desprenderse de un dinerito que seguramente tenía destinado para otro fin más
mundano y menos ideológico. Me gusta pensar que alguno de esos empleados públicos,
mínimo, se le escapa una mentada de madre cuando recibe una orden de esta
naturaleza. Porque eso es lo que es: una orden de obligatorio cumplimiento, de
la que no pueden escapar porque los tienen vigilados. Y para comprobar que
hicieron el aporte, tienen que enviar la copia del voucher escaneada. Quisiera
creer que por más alineados que estén con la doctrina del desgobierno, a estos
funcionarios les molesta la imposición de hacer un cheque para la revolución.
Pero, el asunto es que esta obligación no es sólo para los altos cargos
gerenciales dentro de la nómina del Estado. Los otros empleados, los que tal
vez ganen solo un poco más del salario mínimo, los que tal vez no están
enchufados, ni cobrando comisiones sino recibiendo su “quince y último”, también
son “víctimas” de este abuso de poder. Así nos lo dejaron saber algunos de
ellos –cuyos nombres pidieron no ser revelados. Les obligan a realizar aportes,
los obligan a marchar, los obligan a arrastrar a diez personas más a los
“Puntos Rojos” donde se realizan los simulacros de las parlamentarias. Los
hacen asistir a las concentraciones de Maduro. Los montan en un autobús y los
llevan como ganado a aplaudir las bobadas del mandatario. Los hacen vestirse de
rojo. Les ponen en las oficinas el canal 8 y en el “hilo musical”, las arengas
del difunto. A eso, ¿cómo lo llamamos? Para mí, es la versión moderna de la
esclavitud; esclavos rojos a quienes no les queda otra opción que buscar
trabajo con el mayor empleador de este país. Y puedo entender que muchas de estas
personas lo hagan por la necesidad de mantener a las familias, pagar las
deudas, alimentarse y subsistir. Sin embargo, lamento enormemente que nuestra
fuerza trabajadora, nuestros profesionales, técnicos y obreros hayan caído en
esta especie de opresión moderna. Es válida la excusa de la necesidad de
mantener a las familias; pero, ¿por qué permitir vejaciones y acatar mandatos
que son propios de una dictadura de partido? Necesitamos una rebelión de
empleados públicos. Que se levanten y sean capaces de decir: “no me calo más
esta vaina”. Empleados públicos que se alcen y les pongan freno a los abusos y
a las coerciones de libertad de pensamiento y acción. Ya basta de que, como el
Estado es el partido de gobierno, los empleados públicos -que son pagados por
nosotros- tengan forzosamente que militar y ser fieles a la línea partidista.
Incluso tendrían que ser lo suficientemente valientes como para impedir que les
exijan este 6D tomarle una foto a la papeleta que emita la máquina de votación
como prueba de que eligieron – así no les guste- a los candidatos del Psuv. Una
flagrante violación a la Constitución y al secreto del voto.
Además, como para azuzarles las molestias, muchos de estos funcionarios
públicos cuentan que, en los últimos meses, han visto como a sus oficinas están
llegando a “trabajar” una gran cantidad de personas contratadas, que solo están
sentadas en los escritorios o deambulando por los pasillos; entorpeciendo las
labores de los que sí tienen trabajo que hacer. Tercerizados que lo único que
hacen es mirar para el techo y “cumplir” con el horario. Nadie sabe qué hacen,
ni para qué fueron contratados; solo saben que cada vez incorporan más personas
que no se necesitan. Algunos se aventuran a decir que “tal vez son patriotas
cooperantes, vigilando para sapear a quienes se quejen del gobierno”.
Aun cuando la esclavitud en Venezuela se abolió hace muchos años, la
nómina del Estado es tan inmensa que, para pertenecer a ella, los obligan a
venderle el alma a Maduro, como en su momento se la vendieron a Chávez. Los
empleados públicos son unos sometidos a los mandatos del régimen. Tiene que
haber alguien capaz de rebelarse contra esa dictadura del pensamiento. El rojo
rojito de las dependencias del gobierno es la mejor representación del infierno
de quienes se ven en la necesidad de trabajar para el Estado, vestirse con la
camisa roja que los obliga a vestir el Estado, leer los periódicos que les
indica el régimen, marchar alabando y gritando consignas a favor del
desgobierno. Aprenderse de memoria el Plan de la Patria que, como nuevo
contrato de la vida laboral del empleado público, obedece a las líneas del
partido de gobierno. El Estado termina siendo el Gran Polo Patriótico y, como
al mismo tiempo es el mayor empleador, tiene las herramientas para mantener
sumisos -como presos de conciencia y esclavos de su ideología- a nuestros
empleados.
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