Por Keymer Ávila
El incremento de muertes
causadas por miembros de la fuerza pública en Venezuela plantea muchas
preguntas que Keymer Ávila trata de dilucidar. ¿Estamos ante una ‘guerra’
abierta? ¿Ha influido las llamadas Operaciones de Liberación del Pueblo en este
incremento? Venezuela es el tercer país de la región con más muertes “por
intervención legal”.
El acceso a las cifras
delictivas en general, y de homicidios comunes
en particular, es difícil, y en los casos en los que éstas son disponibles la
calidad del dato no es confiable. Esta situación es mucho más crítica con los
casos de violencia policial, especialmente con los
homicidios cometidos por funcionarios de los cuerpos de seguridad. Este
problema no es exclusivo de Venezuela, lo padece también América Latina.
Al analizar las fuentes
disponibles puede apreciarse que, según PROVEA, la
tendencia de casos de muertes en manos de la policía va en aumento. En
contraste, la información oficial del Ministerio del Poder Popular para la
Salud (MPPS), indica que la tendencia es a la baja. También se observa una
enorme diferencia entre ambas fuentes, así por ejemplo, los datos del MPPS de
los años 2002 y 2004 supera las cifras de la ONG por más del doble. Mención
especial tienen los únicos tres años informados por el Ministerio Público
(2005, 2006 y 2007) cuyas cifras superan, a su vez, en más del doble a las del
MPPS. Esta información fragmentaria, inconsistente y contradictoria dificulta
el análisis sobre el fenómeno.
Una herramienta adicional que
es muy útil para hacer comparaciones entre países sobre este tema es el uso de
la tasa de “muerte por intervención legal” por cien mil habitantes. De un grupo
de 8 países (Argentina, Brasil, Colombia, Costa
Rica, Honduras, México, Perúy Venezuela) estudiados
por Fondevila y Meneses (2014), Venezuela ocuparía
actualmente el tercer lugar con una tasa de 0,411 para el año 2011; el
primer lugar lo tiene Honduras (1,012), el segundo Colombia (0,553) y el cuarto
Brasil (0,396). Estos datos parecieran establecer una relación entre las tasas
de homicidios nacionales y las tasas de muertes debidas a intervención legal.
Entre las explicaciones y
reflexiones sobre la violencia policial algunos autores han sugerido que la
legislación vinculada con el Sistema
Penal, de corte garantista, de alguna manera afecta el
comportamiento de la policía,
quienes ante la pérdida de poder, discrecionalidad y certeza, reaccionan con un
mayor uso de la coacción física. Esto se puede apreciar, por ejemplo, en la
disminución de violaciones a la libertad personal, mientras que a la vez
aumentan las violaciones al derecho a la vida.
Investigadores estadounidenses
comentan cómo las críticas al comportamiento de la policía
norteamericana ante disturbios y conflictos raciales durante
las décadas del 60 y 70 tuvieron algún impacto en los cambios de esta
institución, en especial respecto a la limitación del uso discrecional de la
autoridad por parte de los funcionarios.
Partiendo de estos argumentos,
desde una perspectiva interaccionista, pudiera plantearse lo siguiente: si la
hipótesis de influencia de factores institucionales y sociales externos sobre
las policías es válida; puede serlo también la hipótesis inversa: la influencia
de la policía sobre sectores de la sociedad. Pudiera tener, entonces, la
violencia policial algún impacto sobre la violencia social y delictiva.
Elaboración propia con datos
de los Informes Anuales de PROVEA 1989-2013; Informes Anuales del Ministerio
Público 2005-2007; Fondevila y Meneses, 2014; MPPS 2010-2012.
Así por ejemplo, sería
importante tratar de contrastar las relaciones entre la violencia policial
y las muertes de funcionarios policiales, no
como relación lineal causa-efecto, sino como hipótesis de una concepción bélica
entre bandos enemigos, en donde las fuerzas de
seguridad “en cierta forma llevan la delantera a pesar de que se observen bajas
de ambos lados” (Del Olmo, 1990). Esta “guerra”, tal como lo plantea Del Olmo,
no debe entenderse de manera regular, ni siquiera como un simple escenario
situacional de enfrentamiento policías-delincuentes; más bien se trataría: “por
una parte, [de] lacacería de civiles, y por la otra, [de]
la emboscada de miembros de los Cuerpos Armados” (ídem).
En este sentido, habría que
preguntarse ¿Ha habido en los últimos años realmente un incremento
significativo de la violencia policial? De ser así ¿cuál es su influencia en la
victimización de los funcionarios policiales? ¿Hasta qué punto intervenciones
como las “Operaciones de Liberación del Pueblo” (OLP) no
estarían incrementando la violencia institucional que
a su vez potencia a la violencia delictiva? En la actualidad no se cuenta con
datos suficientes como para hacer los contrastes mínimos necesarios. A todo
evento es una hipótesis explicativa sumamente sugerente que debe ser
considerada.
No debe perderse de vista que
el promedio de casos anuales de muertes en manos de los cuerpos de seguridad,
contados por PROVEA, durante los últimos 25 años es de aproximadamente
unos 163. Durante los primeros tres meses de la OLP ya casi se
alcanza esta cifra: 125 casos.
Foto: Jesús Tovar
18-11-15
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