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lunes, 21 de noviembre de 2016

Mireya Lozada: “A la dirigencia le está costando escuchar el clamor social” por @prodavinci


Por Hugo Prieto


Aterrizamos luego de un comunicado “consensuado” del diálogo que dejó perplejos a muchos venezolanos. Se han puesto en libertad “a personas detenidas”, un eufemismo canallesco para negar la existencia de presos políticos. Paralelamente, el Gobierno prorrogó el Estado de emergencia económica —la emergencia en este país siempre ha sido la norma— y, además, el Tribunal Supremo de Justicia cercenó el derecho a la protesta.

El resto de los acuerdos está por verse, particularmente la composición del CNE, el respeto a las atribuciones de la Asamblea Nacional y el tema electoral en Amazonas. La gran pregunta es por qué la protesta no puede llegar a Miraflores para exigirle al presidente Nicolás Maduro —y a la dirigencia del chavismo— que respeten y restituyan la Constitución. Mireya Lozada, psicóloga social e investigadora de la Universidad Central de Venezuela, autora de publicaciones que abordan el tema de la polarización y la participación ciudadana en la política, cree que la ciudadanía no puede perder el norte ético que se ha trazado: la búsqueda de una salida pacífica, electoral y democrática al conflicto. Ciertamente, hay desánimo y frustración. “Eso es lo que quiere el poder, romper la voluntad de cambio”, dice Lozada, quien se niega a creer “en el discurso de la impotencia y el victimismo. Mientras más se violenta la Constitución, más crece la protesta en la calle”.

Aquí se planteó marchar hacia Miraflores para entregarle una solicitud al presidente Nicolás Maduro —más bien, una exigencia— para que restituya un derecho constitucional (el Referendo Revocatorio) cercenado por unos tribunales penales que no tienen competencia electoral. Inmediatamente, la propuesta fue tachada como una locura. Se desveló el imaginario de abril de 2002. ¿Realmente las personas que marcharon en 2002 tienen que calarse ese San Benito? ¿Tienen que sentirse culpables o corresponsables de la conspiración que se armó ese día para derrocar al presidente Chávez y provocar el asesinato de personas que no estaban involucradas en el golpe de Estado?


Si vemos, con tiempo de por medio, todo lo que ha ocurrido a lo largo de estos 17 años en el país, aparecen coyunturas que fueron muy álgidas, que marcaron la dinámica política y agudizaron la polarización y la conflictividad. La marcha de abril de 2002, el paro petrolero, la exhumación de los restos de Bolívar, la enfermedad y muerte del ex presidente Chávez, se convirtieron en hitos, en matrices, que han sido utilizadas para victimizar o satanizar a un sector social u otro. Creo que la instrumentalización política que se hace de esos hechos tiende a culpabilizar a un sector de la sociedad. Pero no se trata de una culpa personal, sino de la responsabilidad de los actores políticos, digamos, de un sector muy particular, que participó en esos hechos. Hay que deslindar cuáles son las responsabilidades de unos y otros, tanto de los actores políticos como de los sectores sociales. Eso no quiere decir que los sectores sociales no hayan actuado o se hayan expresado de una forma que resultó impredecible para mucha gente. En ese sentido, creo que no es útil, para comprender lo que ocurrió, esa visión maniquea de buenos y malos.

En Miraflores está el “balcón del pueblo”, allá se concentran los seguidores de la llamada revolución bolivariana para escuchar los discursos de la dirigencia oficialista, para ver al presidente Maduro bailando salsa o para ver a un imitador de Alí Primera, pero los venezolanos que se oponen al Gobierno o piensan distinto legítimamente, porque en Venezuela el libre pensamiento está consagrado en la Constitución, no pueden llegar hasta allí para hacerle una requisitoria al Gobierno. ¿Eso no se puede hacer?

Justamente, en el marco de la conflictividad y la polarización, hay un fenómeno muy grave que ha sido la territorialización del conflicto. Entonces, la ciudad, los estados, el país entero, se ha dividido en zonas, en guetos, que han sido asignados o denominados pro o contra la propuesta gubernamental, liderada antes por Chávez y ahora por Maduro. Esa territorialización ha violentado y violenta permanentemente los derechos de los ciudadanos. El derecho a la participación está contemplado en la Constitución y no hay restricciones, desde el punto de vista físico para esa expresión, siempre y cuando no conduzca a la violencia. Entonces, están demarcados los espacios de la ciudad, para un lado y para otro, en función de quién está ejerciendo el ejercicio de lo político en esos espacios. Eso es muy grave y creo que es un daño de los más fuertes que se ha hecho no sólo a la convivencia, sino a la expresión y participación social. Los derechos no pueden ser diferenciados. Que unos tengan más derechos que otros en el uso de la ciudad, en el uso de los espacios para expresar sus exigencias. En ese sentido, creo que eso es parte de la lógica de la confrontación y de la instrumentalización política de los hechos, entre otros, la marcha de abril de 2002, que no permite, precisamente, determinar qué fue lo que ocurrió y cuál es la responsabilidad que tienen diversos actores políticos y sociales.

En Estados Unidos, el señor Martin Luther King se enfrentó al dilema de cómo afrontar la segregación racial. Y King, que pasó a la historia como uno de los íconos de las formas de lucha no violenta, organizó la marcha de Birmingham. Previsiblemente, anticipó lo que podía suceder, porque el jefe policial de esa ciudad, era un connotado racista que podía desatar la más dura represión. Entonces, el hecho de que uno se declare pacifista no significa que esté vacunado contra la violencia del poder. En Venezuela el poder ha ejercido la represión en sus formas más variadas. Hay denegación de derechos de todo tipo, hay presos políticos, se reprime a manifestantes y un creciente sufrimiento social.

Efectivamente, el hecho de que la población, o grupos sociales, que ejercen el derecho a la manifestación y a la protesta se declaren o asuman una actitud no violenta, no garantiza que no pueda ser reprimida por el poder. Esos son los riesgos que se corren. Los aparatos de seguridad del Estado, que deben garantizar la seguridad de la población, no siempre lo hacen. Al contrario, violan ese derecho, reprimiendo y controlando. Pero la violencia también puede generarse en la dinámica social, debido a los niveles de crispación y de malestar e incluso puede desbordarse en la propia dinámica de una manifestación, entre fuerzas policiales y los manifestantes, a pesar de que puede haber un marco normativos, unos acuerdos mínimos, orientados a contenerla, justamente, porque hay toda esa carga y porque hay factores de distinto orden, actores que inicialmente no están presentes allí, que actúan infiltrados o solapados. También hay otros elementos que están jugándose allí, en ese contexto.

Sí, eso ocurrió en la marcha a la Fiscalía General de la República, en 2014, donde hubo vandalismo y destrozos como lo denunció el alcalde Jorge Rodríguez, pero también la actuación de policías que asesinaron al estudiante Bassil Alejandro Da Costa. Un funcionario no puede disparar contra un manifestante, simple y llanamente, porque en ese momento “perdió la razón”.

Es claro que hay agendas ocultas de todo orden en este contexto de confrontación abierta y de lucha descarnada por el poder. Por eso es tan importante que se aclaren los hechos. Que en algún momento, en el registro de nuestra memoria social, se pueda dar respuesta a lo que ocurrió y los juicios que correspondan son necesario. Este es un tiempo de mucha opacidad, un tiempo muy sombrío, en el sentido de que hay juegos de todo orden y una fragmentación al interior de los grupos que hay tanto en el Gobierno como en la oposición. Situación que se agrava porque hay una circulación de armas. Se están jugando otros factores que no son del conocimiento de la opinión pública, de la gente común y corriente, que se moviliza para expresar su malestar o exigiendo soluciones a las graves problemas que confrontan desde el punto de vista socioeconómico y político.

                           Mireya Lozada retratada por Verónica Aponte

Al día siguiente de que se diera a conocer el documento “consensuado” del diálogo, el Gobierno dio a conocer su respuesta. El presidente Nicolás Maduro prorrogó por seis meses más el decreto de emergencia económica. El TSJ admitió una demanda del procurador mediante la cual se prohíbe a la AN que establezca la responsabilidad política que previsiblemente tiene el presidente Maduro en la crisis. Adicionalmente, incluyó una ñapa, se cercena el derecho a la protesta. ¿Cómo es esto? ¿Se suspende la marcha para darle una “oportunidad al diálogo” y éste es el resultado tangible?

Desde hace tiempo y, particularmente en los últimos años, se vienen irrespetando esos derechos y violentando la Constitución. Aquellas instituciones que están encargadas de proteger esos derechos, de defenderlos, precisamente, son las que están violentándolos. En ese sentido, creo que es una lucha por el reconocimiento, por la vigencia de la Constitución. Una lucha que no cesa, porque en la medida en que las instituciones del Estado y el propio Gobierno desarrollan estas estrategias para permanecer en el poder, más allá de la demandas de la gente, en esa misma medida la ciudadanía va desarrollando nuevas formas de resistencia social, nuevas formas de expresión. Se trata de una lucha tremendamente desigual, entre otras cosas, porque la ciudadanía trata de apegarse al marco constitucional y las instituciones a violentarlo, a través de maniobras, a veces muy elaboradas, desde el punto de vista jurídico y legal. Desde interpretaciones interesadas e instrumentalizadas políticamente. Yo creo que uno de nuestros principales desafíos, frente a ese acoso, frente a ese cinismo y al irrespeto de los derechos establecidos en la Constitución, es cómo los ciudadanos pueden desarrollar una lucha pacífica, democrática y apegada a la ley. Pero esos niveles de resistencia se van agotando en la población, en la medida en que se van cerrando todas las vías que plantea la ciudadanía, en una situación de extrema carencia, de sufrimiento y de malestar social.

Esta es una lucha que no está exenta de riesgos. Le toca a la dirigencia política asumir esos riesgos. Ahora, la cobardía no nos va a llevar a ningún lado.

Pero tampoco con el heroísmo que arriesga la vida y reivindica patrones bastante machistas, incluso sexistas, con un lenguaje que más que convocar a la reflexión, a la evaluación de acciones colectivas, que apunten a desarrollar estrategias y consolidar formas de organización y resistencia social, va y viene en propuestas confusas. Sentimos que hay un vaivén en esa dirigencia y la pregunta que uno se hace, sin que tenga acceso al clima que prevalece en esos grupos dirigentes, que debe ser tremendamente difícil y tenso, lo reconocemos, es: ¿qué intereses se están jugando allí? ¿Qué intereses están prevaleciendo? ¿Qué luchas internas, a nivel de liderazgo, de posicionamiento, tienen lugar allí? Más allá del simplismo de sí hay posiciones radicales o menos radicales. En ese sentido creo que la población se enfrenta, paralelamente, al acoso, al irrespeto del poder y también a los vaivenes y la lucha de poder dentro de la dirigencia opositora.

¿Será que la dirigencia va por un lado y la sociedad va por otro?

Yo creo que a la dirigencia le está costando escuchar el clamor social. O lo escucha o lo convoca. Y cuando la sociedad da respuesta a esa convocatoria, lo que esa dirigencia escucha no va necesariamente en la misma dirección de la gente. Pareciera, inicialmente, que apunta en esa misma dirección, pero luego aparecen las contradicciones, las disonancias, que como digo no debe ser nada sencillo, pero que se van dando. Me refiero a la dirigencia de todo tipo, porque el malestar también se da al interior de los grupos que apoyan la propuesta gubernamental, que cuestionan muchas de las políticas y decisiones que se toman en los organismo del gobierno y que afectan nuestro patrimonio natural, pensemos, por ejemplo, en el Arco Minero. Lo que está en juego es demasiado grueso. Hay especialistas que hablan de genocidio cultural, porque está comprometido el patrimonio cultural que supone la población indígena que habita en esos territorios. Allí también hay unas manifestaciones de malestar y de protestas que tampoco son escuchadas. Al contrario, son sancionadas y reprimidas. Incluso, se han cerrado universidades que atendían el tema indígena.

El hecho de que se cierren cada vez más los canales establecidos en la Constitución para encauzar el conflicto, ¿no crea el caldo de cultivo para que aparezca una oposición armada al Gobierno? Grupos que digan “se acabó el cuento de la democracia” —de hecho, hay suficientes indicios para creer que esa frase no es del todo descabellada— y que decreten, como forma de lucha, la violencia. ¿Usted que cree?

Creo que al cerrar los canales legales y legítimos que están dentro del marco de la Constitución para encauzar la inconformidad de la población y la demanda de búsqueda de salidas pacíficas y electorales a esto, me refiero no sólo a las últimas decisiones, sino a la suspensión del Referéndum Revocatorio y a la postergación de las elecciones regionales, se van agravando los problemas y la cotidianidad de los venezolanos. No sólo se impone un marco constitucional cada vez más restringido, sino formas de vida más precarias. Una confrontación de otro tipo, más abierta, digamos, una guerra, trae consecuencias mucho más graves para la población, principalmente para la población más pobre, que siempre es la más afectada. No tenemos que ir muy lejos, basta con que nos veamos en el espejo de las experiencias de los países centroamericanos: Guatemala, El Salvador y Nicaragua, en los que el cierre de las vías constitucionales y la ausencia de diálogo condujo a la violencia y al surgimiento de grupos insurreccionales.

                         Mireya Lozada retratada por Verónica Aponte

Afortunadamente no hemos llegado hasta allí, pero es una probabilidad. ¿Cuál sería el sustrato psicológico de la crisis que vive el país?

Creo que en Venezuela estamos repitiendo el mismo modelo que tiene rastros en nuestra historia política. Es el tema de la negación, de la evasión del conflicto y del reconocimiento de ese conflicto y de abordarlo críticamente, asumiendo las responsabilidades que corresponde desde el punto de vista público, la esfera política, y actuar en consecuencia. Eso lo hemos visto en diferentes momentos del país, por ejemplo, antes del Caracazo, cuando el ex presidente Carlos Andrés Pérez negaba que hubiera brotes conspirativos y pasó lo que pasó. Así, el país va dando cuenta, en momentos históricos, cómo niega y elude el conflicto. Lo niega y sigue en una ilusión. Habrá, seguramente, quien lo llame la psicopolítica de una ilusión. Es evadir, eludir el conflicto, pero cuando toca a la puerta nos sigue sorprendiendo. Es terrible esa manera de actuar socialmente y esas formas colectivas de enfrentarse la complejidad política.

Cuando los actores políticos tocan determinadas teclas, una de ellas es la polarización, cuyo catalizador sin duda fue el ex presidente Chávez, cuando se agita el pasado histórico, advertimos que los venezolanos hemos cambiado muy poco. Pero esto también ocurre en otras sociedades. En Estados Unidos, por ejemplo, donde se libró una lucha épica a favor de los derechos civiles, llega un agitador, el señor Trump, a imponer de nuevo la tesis de la supremacía blanca. ¿Por qué íbamos a enfrentar el conflicto, si el tic social es la negación?

Yo me resisto a creer en la universalidad de los comportamientos sociales. Pareciera que este tiempo nos está reflejando una suerte de retroceso en asuntos cruciales como los Derechos Humanos o la convivencia pacífica y democrática de la sociedad, que viene deteriorándose. Una vuelta a los valores más conservadores, racistas, machistas. Pero eso no se expresa de forma idéntica en todas las sociedades. Si bien en los últimos años, en esto que se ha dado en llamar la revolución bolivariana, se ha agudizado la conflictividad y la polarización, al plantearse la sustitución hegemónica de un modelo por otro y la negación del otro y de su expresión en todos los planos, eso no quiere decir que en otros momentos de nuestra historia no hubo conflictividad y lucha por el poder, sustitución de élites políticas por otras, de actores y de propuestas. De eso da cuenta la historiadora Inés Quintero. Pero hay una diferencia fundamental en este tiempo y tiene que ver con el modelo del rentismo petrolero.

¿Qué particularidades aporta el rentismo petrolero en el imaginario político del venezolano? ¿Cómo afecta la relación entre sociedad y Estado? ¿Qué pone de manifiesto en la cultura política?

Ese modelo conformó una manera de ser, una forma de relación clientelar, con diferentes estrategias, que en un momento llevó a la conciliación de élites mucho más claramente. Cada grupo político ha usufructuado esa renta para lograr beneficios y un clientelismo electoral. Ese es un factor recurrente en nuestra historia contemporánea. Lo puedes ver en la Venezuela saudita de Carlos Andrés Pérez. Por supuesto, eso se exacerba en la llamada revolución bolivariana. Hasta tanto nosotros no reconozcamos como ese Estado mágico, del que nos habló Coronil, y ese rentismo petrolero ha conformado la sociedad venezolana y ha determinado el modelo como superficie de acción de la política no vamos a avanzar mucho. Necesitamos revisar críticamente ese andamiaje clientelar que coapta la voluntad popular. Estamos en la situación en que estamos, porque es el fin del festín petrolero. Pero lo que vemos es una continuidad de ese modelo rentista, ahora apoyado con los recursos del Arco Minero.

Hay confusión, desesperanza y frustración, una vez que el Referéndum Revocatorio fue liquidado por el CNE. Mientras se dialoga, el Gobierno responde de la forma que hemos visto. ¿Cómo queda la gente?

Justamente de eso se trata. La población sigue luchando, sin perder su norte ético, que es la salida electoral pacífica y democrática, se mantiene en pie de lucha, lo que no excluye el diálogo. Son acciones paralelas que se van desarrollando en diferentes espacios de lo público, en esferas institucionales y en la calle. Al comprobar los avances que se acuerden en el diálogo es que la población puede ir modificando su estrategia de lucha. La protesta social seguirá aunque el poder pretenda acallarla.

El mar de la felicidad también podría estar en el horizonte. Ya lo dijo Raúl Castro: “cada vez más somos la misma cosa”. Cuba es el país con la mayor tasa de suicidios de América Latina, donde el 10% de la población solo tiene una idea: escapar, huir, a cualquier precio. La tasa de natalidad es la más baja de la región. Nadie quiere traer hijos a un país donde no hay esperanza. Cada día estamos más cerca de un estado policial que controla a la sociedad como ocurre en Cuba.

No quiere decir que el poder no lo intente. Pero yo me niego y me resisto a aceptar la retórica de la impotencia y del victimismo. Por supuesto, la realidad obliga a las familias a buscar alternativas, una de ellas es la emigración. Pero eso no niega que hay una población, cada vez más creciente, en protesta y en propuestas. Esa población, a la larga, va a lograr lo que persigue, con unos objetivos que tienen que estar muy claros y con ese norte ético, que no puede perderlo. Mientras el objetivo del poder es desmoralizar, vencer, dividir. Quebrar la voluntad de cambio y generar desesperanza, que conduzca a un repliegue participativo. Pero no sé si adviertes que mientras más avanza el desconocimiento a la Constitución, más avanzan las expresiones de malestar y protesta, de toda naturaleza, de todo tipo, en todos los sectores sociales.


20-11-16