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viernes, 11 de noviembre de 2016

Sobre la solicitud de anulación de la Asamblea Nacional; por José Ignacio Hernández por @ignandez


Por José Ignacio Hernández G.


Al leer el título de este artículo, muchos de mis lectores pensarán que ya la Asamblea Nacional fue “anulada”, con lo cual, ningún sentido tendría que el Gobierno pretenda anularla. Sería algo así como “llover sobre mojado”.

Sin embargo, lo cierto es que a fines de octubre el Gobierno anunció que presentaría una nueva demanda en contra de la Asamblea Nacional “por intentar dar un Golpe de Estado”.

Esta amenaza se concretó el 9 de noviembre. Ese día, la Procuraduría General de la República informó que el Gobierno había intentado una demanda en contra de la Asamblea Nacional ante la “intención de realizar un supuesto juicio político contra el presidente de la República, Nicolás Maduro, inexistente en la Constitución y la sustitución por la vía de los hechos de las autoridades del TSJ y del CNE (Consejo Nacional Electoral)”.

Se trata de la segunda demanda que el Gobierno interpone en contra de la Asamblea. La primera demanda  presentada se basó, igualmente, en la existencia de un “Golpe de Estado” supuestamente perpetrado desde la Asamblea, todo lo cual llevó a la Sala Constitucional a dictar varias prohibiciones en contra de la Asamblea, como comenté aquí en Prodavinci.

Lo que ahora quiere el Gobierno es iniciar un nuevo juicio en contra de la Asamblea, para que la Sala Constitucional impida a la Asamblea declarar la responsabilidad política del Presidente de la República, así como designar a los magistrados del TSJ y a los rectores del CNE.


¿Cuál es el objetivo de esta nueva demanda? En mi opinión, el Gobierno pretende avanzar en el desconocimiento de la Asamblea Nacional, a través de decisiones de la Sala Constitucional que anulen todo lo que esta decida. Muy en especial, el interés parece enfocarse en impedir que la Asamblea Nacional se pronuncie sobre la responsabilidad política del Presidente de la República.

De hecho, actualmente se espera la publicación de tres nuevas sentencias de la Sala Constitucional que podrían insistir en el desconocimiento de la Asamblea, al impedir las investigaciones sobre PDVSA, y al pronunciarse sobre dos recientes Leyes, a saber, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.

Con lo cual, si las estadísticas no fallan, la Sala Constitucional aclarará que la Asamblea no puede declarar la responsabilidad política del Presidente, ni designar a los rectores electores ni a los magistrados del TSJ. En pocas palabras: la Sala Constitucional —como lo advertí hace un año en Prodavinci— persistirá en su intención de anular a la Asamblea Nacional.

Lo que llama la atención es que esta demanda se presenta justo cuando el Gobierno y la oposición han decidido iniciar un proceso de “diálogo” para explorar soluciones a la actual crisis venezolana. Precisamente, uno de los puntos en los que la oposición ha insistido es en la necesidad de restablecer el pleno ejercicio de las funciones constitucionales de la Asamblea.

¿Cuál ha sido la respuesta del Gobierno a estas propuestas de diálogo? Una nueva demanda en contra de la Asamblea Nacional que, con toda probabilidad, reducirá todavía más las funciones constitucionales del Poder Legislativo en Venezuela.

Un dicho común entre abogados es que es preferible un mal arreglo a un buen juicio. Lo que el Gobierno demuestra con esta nueva demanda es que no está interesado en ningún acuerdo con la oposición, pero sí en una nueva sentencia del TSJ que avance en el desconocimiento de la Asamblea Nacional, en un “ping-pong” que, por los momentos, no parece tener un final claro.

10-11-16