Trino Márquez 14 de mayo de 2020
@trinomarquezc
El
anuncio por parte de Nicolás Maduro de un mes más de cuarentena, sin haber
presentado un balance completo de lo que está ocurriendo, de cuáles son las
perspectivas para el futuro cercano y de cómo se normalizará progresivamente el
país, parece tener un solo objetivo: reducir a cero el costo político de la
incuantificable crisis que vive el país.
Intenta
lograr que la falta de gasolina, el verdadero Covid-19, el acelerado repunte de
la inflación en el área de los alimentos, la devaluación vertiginosa, la falta
de electricidad, agua, gas doméstico y efectivo, la pérdida de empleos, el
deterioro del transporte público y de todo el sistema de salud, no erosionen al
régimen. Entretanto, Maduro persiste en su posición: no acepta ninguna salida
negociada que pase por la convocatoria a unas nuevas elecciones presidenciales
libres. Prepara el terreno para anunciar los comicios legislativos cuando la
oposición se encuentre en condiciones de extrema debilidad, y a la mayoría del
país le parezca un lujo asiático concurrir a una cita electoral en medio de
tanta precariedad. En ese momento chantajeará a su clientela y la movilizará a
las urnas de votación. Esa franja de votantes le bastará para ganar con
comodidad la mayoría de la Asamblea Nacional.
Mientras
la nación esté acuartelada y aterrorizada por el temor a la expansión del
corona virus, los partidos políticos, sindicatos, gremios profesionales,
federaciones estudiantiles, ligas campesinas y asociaciones empresariales, no
podrán deliberar, trazar planes y movilizar a sus militantes para protestar por
el deterioro tan atroz de la calidad de vida. El gobierno no tendrá rivales de
consideración.
Los
ciudadanos no podrán organizarse para denunciar y combatir, digamos, los abusos
que cometen los miembros de los distintos cuerpos de seguridad del Estado con
la distribución de la gasolina. El acceso al combustible está mostrando el
perfil más degradado de las Fuerzas Armadas, cuerpo que se desdibujó desde hace
mucho tiempo. Los oficiales de esa -¿puede llamársele institución?-, no importa
si son generales o tenientes, atropellan a la gente: pasan por encima de las
largas colas que se forman o cobran cifras escandalosas por surtir de
combustible un vehículo. Ya no es el contrabando de extracción el que sirve de
fuente de enriquecimiento ilícito. No es necesario. El lucrativo negocio puede
realizarse dentro del territorio nacional. En Venezuela, luego de la
destrucción de las refinerías de crudo, se pasó de repente a vender la gasolina
más cara del planeta, sin que ninguna institución del Estado bolivariano asuma
la defensa del consumidor. Los organismos dedicados supuestamente a proteger
los ciudadanos, se ensañan contra Empresas Polar, la gran surtidora de
alimentos del país, pero se abstienen de detener los abusos contra los conductores
que pasan días en interminables filas de automóviles. En esa red de corrupción
participan agentes uniformados a quienes el gobierno les permite perpetrar toda
clase de desmanes.
El
costo de la desidia, la ineficacia y la descomposición gubernamental es
inexistente. El aislamiento social, y su consecuencia práctica, el
confinamiento, le permite actuar al régimen con entera comodidad y sin ninguna
clase de riesgo. Puede manipular y adulterar episodios lamentables como la
chapuza de Macuto, sin que su versión sea contrastada en amplios escenarios con
otras opiniones. Se trae sin inconvenientes a soldados rusos que violan la
soberanía nacional o a iraníes que cobran fortunas por intentar poner a
funcionar refinerías construidas con tecnología norteamericana. No existen
límites que no puedan violar impunemente.
El
régimen encontró en el Covid-19 un aliado formidable. Un socio que, a pesar de
provenir de China, no lo esquilma, sino que le sirve de forma incondicional y
gratuita a librarse de las responsabilidades por el inmenso desastre que ha
creado.
Trino
Márquez
@trinomarquezc
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