Por Gregorio Salazar
No le temía tanto el
régimen a la realización de un referéndum Revocatorio, amenaza que bajo las
limitantes normativas que inconstitucionalmente ellos crearon siempre tendrían
la máxima posibilidad de conjurar, como a la apertura y reanimación del debate
político que insuflara nuevos arrestos a la ciudadanía opositora y que obligara
a los partidos a salir de su dispersión, vacilación e indefiniciones.
No, no estaba la cúpula
gobernante dispuesta a dejar que la lucha en el terreno comicial se avivara
cuando todavía no se habían apagado las ascuas de la simbólica victoria
opositora en Barinas, máxime si se presagiaba un llamado, por primera vez
vigoroso desde 2015, a la organización y al ejercicio masivo del voto desde los
predios de la Asamblea Nacional.
Bajo una
institucionalidad secuestrada, el inventario de los costos políticos en el
plano sancionatorio, como los que podía ocasionarle el zarpazo que asestaron el
21 de enero, tampoco resultaban atemorizantes ni paralizantes porque, en todo
caso, estamos hablando además de una camarilla política que en materia de
violación del Estado de Derecho ya traspuso todos los umbrales de la impudicia.
Quienes fueron capaces
de engullirse una Asamblea Nacional electa con mayoría calificada, o bien
resultados electorales desfavorables como el de la gobernación de Bolívar en
2017, o que por la dificultad en alcanzarlas desaparecieron instancias
gubernamentales como la Alcaldía Mayor no iban a tener ninguna clase de recato
en reincidir en la anulación arbitraria de una segunda solicitud de referéndum
revocatorio, como ya lo habían hecho criminalizando la que se produjo en 2016.
Pero aquí y ahora nada
tiene tanta fuerza convocatoria ni unifica más a los venezolanos que verse ante
la posibilidad que abre un referéndum revocatorio de hacer rodar la cabeza del
régimen, la del circense jefe de pista que preside el desmantelamiento de la
nación en todos sus ámbitos, coaligado con regímenes extranjeros.
Y eso a despecho de las
propias divisiones y paradojas internas en la oposición. Porque no es un
secreto que sectores menos radicalizados estaban por pasar a la reorganización
partidista para ir directo a las presidenciales. Planteamiento razonable pero
que hubiera tenido que lidiar contra la impaciencia de una población agobiada
al extremo.
De otro lado, quienes
sirvieron las interpretaciones jurídicas que dieron base al interinato
sostenían que unirse al revocatorio significaba el reconocimiento de la
presidencia de Maduro, amén de aquellos que consideran que no es posible
participar en ningún evento electoral convocado por un CNE con mayoría sesgada
hacia el oficialismo. Y dudoso por demás que el llamado alacranato se sumara al
impulsar la convocatoria.
Si seis meses, del 26 de abril al 20 de octubre del 2016, le llevó al régimen poner en ejecución el maquiavélico plan que concluyó con la atropelladora decisión de impedir la recolección de firmas, esta vez liquidó en una semana el derecho constitucional de los venezolanos a revocar a un mandatario que en este caso lo merece sobradamente.
Se ahorraron los seis
meses de puja y debate política que les llevó la vieja tramoya judicializadora
del 2016. Se ahorraron la millonaria campaña criminalizadora que en ese
entonces cubrió de propaganda todo el país. Evitaron tener que maniobrar al
margen de la ley con una supervisión probablemente más eficaz desde lo interno
del CNE, dicho esto sin pretender sobrevalorar el rol de los dos rectores no
chavistas, que están minoría en el directorio del ente electoral.
Pero no evitarán que la
gran mayoría de los venezolanos y la comunidad democrática internacional los
siga condenando como un régimen autocrático, cercenador de libertades y
violador de los derechos humanos, un azote para este pueblo. Ni que quienes en
el continente se pudieran considerar ideológicamente cercanos los traten de
lejitos y con tapabocas como a un contagiado y en consecuencia los excluyan de
todo podio a cuyo lado pudieran verse retratados.
La muestra más
reciente: el Senado chileno destituyó al presidente de la Comisión de Derechos
Humanos, Alejandro Navarro, señalado como negador de las violaciones a los
derechos humanos en Venezuela, además de Cuba y Nicaragua.
En esta hora, no
olvidarse que la prioridad número uno del régimen es blindar la cabeza de
Maduro y que así como lo ha hecho en el revocatorio tratará de hacerlo en las
presidenciales. Estamos a tiempo para unirnos, reorganizarnos e impedirlo.
Gregorio Salazar es
periodista. Exsecretario general del SNTP.
30-01-22
https://talcualdigital.com/revocatorio-postergando-la-decapitacion-por-gregorio-salazar/
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