Trino Márquez 17 de febrero de 2022
@trinomarquezc
El
chavismo, y su versión más degradada, el madurismo, acabaron con la democracia
en todas las esferas. Levantaron un sistema fundado en la arbitrariedad
jurídica, el autoritarismo político y la ineptitud operativa. Este último
componente se manifiesta en el colapso generalizado de los servicios públicos
en todo el territorio nacional, fenómeno demostrado con meridiana claridad en
diferentes investigaciones.
La visión actual de la democracia en el planeta incluye –como es tradicional– la libertad de información, pensamiento, expresión, desplazamiento dentro del territorio nacional, disensión, ejercicio de la crítica y protesta de forma pacífica, entre muchas otras expresiones.
También
incorpora la separación de los poderes públicos, la igualdad ante la ley
–preeminencia del Estado de derecho-, concepto a partir del que se consagra el
respeto a los derechos humanos y a las minorías, el predominio del principio
‘un ciudadano un voto’, fundamento de la elección de gobiernos asentados en el
voto popular, universal y secreto; además de un amplio conjunto de conquistas
obtenidas a lo largo de la lucha tenaz de los pueblos contra los factores que
aspiran a engraparse al poder, desconociendo la libertad, la igualdad y los
derechos fundamentales del ser humano.
Desde
finales del siglo XIX, pero especialmente luego de finalizada la Segunda Guerra
Mundial, tomó cuerpo la visión que incorporó la equidad y homogeneidad en la
calidad de vida de las mayorías, como parte sustancial de la democracia. Los
partidos políticos, los sindicatos y otros agentes de la sociedad civil, se
dieron cuenta de la imposibilidad de hablar de libertad e igualdad, es decir,
de democracia, si los gobiernos y las élites no mejoraban las condiciones de
vida de la población mediante la provisión de servicios públicos que hicieran
más confortable, sencilla y amable la vida de los ciudadanos.
Las
fuerzas progresistas tuvieron un papel clave en el proyecto de universalizar el
bienestar a través de la inversión en electricidad, transporte público, vías de
comunicación, suministro de agua, construcción de viviendas, educación y salud.
Los partidos y organizaciones asumieron que la democracia no podía sustentarse
solo en la igualdad jurídica y política, sino que también debía construir una
plataforma objetiva, que le permitiese a la gente sentirse libre e igual.
Las
democracias liberales comprendieron que las sociedades no pueden igualarse de
forma compulsiva –tal cual plantean los comunistas y otras doctrinas
colectivistas-, acabando con la propiedad privada y fijando salarios similares
para todo los trabajadores. Las medidas coercitivas introducen desestímulos que
conspiran contra la producción, la productividad y la eficiencia de la
sociedad. La igualdad, y por la tanto la democracia, deben afincarse en la
homogeneidad de las condiciones materiales básicas de vida.
El
régimen actual representa un evidente retroceso con relación a los logros
alcanzados durante los cuarenta años de vida democrática.
La
mayoría de la población, hasta 1999, llegó a disfrutar de servicios de calidad.
En Caracas, el Metro y el Metrobús fueron medios de transporte que unieron a
los ciudadanos de Este a Oeste y de Norte a Sur, reduciendo los contrastes
sociales. En el Metro podía verse desde el alto ejecutivo hasta el modesto
trabajador de una empresa pública o privada.
Para
contar con electricidad, no había que vivir en un lujoso edificio cuyos
propietarios estuviesen en capacidad de gastar miles de dólares en la compra de
una planta eléctrica.
Para
surtirse de agua a diario y de forma permanente, no había que contratar una
empresa que perforara el suelo para llegar a pozos profundos.
Para
conectarse a internet y disponer de ese servicio con regularidad, no había que
buscar una compañía privada y pagarle a precios internacionales, en un país con
un ingreso promedio mensual miserable. La Cantv, aunque estaba en manos
particulares, proveía la conexión a cifras módicas.
Las
universidades autónomas nacionales, a pesar de que se quejaban de los
presupuestos anuales por deficitarios, funcionaban con holgura, satisfacían las
demandas básicas de los docentes, estudiantes y empleados, y servían como
mecanismo de ascenso social.
Los
estudios más recientes que conozco –destaco los del Observatorio Venezolano de
Servicios Públicos (OVSP) y los de Consultores 21- muestran un país
desvencijado, en el cual la gente reciente que su calidad de vida se ha
envilecido porque ninguno de los servicios requeridos en su vida cotidiana
funciona de forma regular y eficaz.
Aunque
existen algunas diferencias regionales según el servicio que se considere,
siendo las zonas más castigadas el estado Zulia y la Región Oriental, la nación
se encuentra, en general, arruinada.
Más de
70% de la población, en promedio, se queja de la baja calidad de la educación
que reciben los niños y jóvenes, del deterioro de los centros de salud
públicos, la electricidad, el agua, la recolección de basura, el transporte
colectivo, las vías de comunicación y la conectividad a internet, indispensable
para atenuar los efectos letales del coronavirus en el sistema escolar.
Venezuela se ha empobrecido de forma uniforme e integral.
Este
fenómeno ocurre, aunque existan los grupos minoritarios con acceso a dólares de
forma regular y suficiente, que pueden financiar esos servicios sin mayores
dificultades.
El
viejo proyecto democrático –universal, inclusivo e igualitario- se fue a pique
con el gobierno de Nicolás Maduro. Del Estado Social de Derecho –diseñado en la
Constitución de 1961 y reafirmado en la Carta de 1999- no queda sino una
caricatura, que se ve en las irrisorias ayudas económicas que ocasionalmente
otorga el gobierno y en las cajas Clap, que de vez en cuando reciben algunos
sectores.
Entre
los grandes desafíos planteados por la reconstrucción nacional se encuentra
volver a convertir los servicios públicos en un mecanismo para asentar la
democracia. Millones de venezolanos están pasándola muy mal
Trino
Márquez
@trinomarquezc
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