Paulina Gamus 18 de diciembre de 2022
“Los criminales ganan más que los políticos
por eso unirse a los primeros es una gran tentación para los segundos.”
Joe Barcala.
Cuando
me decidí a escribir esta nota, tenía otro título en mente: La vista
gorda, pero éste que utilizo me pareció algo más elegante, aunque el tema a
tratar no lo sea en absoluto. En pocos días, entre las emociones desbocadas que
despierta el Mundial de Qatar, hemos visto dos casos en nuestro subcontinente
en los que a pesar de que los gobiernos son populistas y con rasgos
autoritarios, una institución indispensable de toda democracia, como es la
justicia, funciona.
La vicepresidente argentina Cristina Kirchner ha sido condenada a seis años de cárcel e inhabilitada para ejercer cualquier cargo público. Lo más probable es que la susodicha no pase un solo día entre rejas, pero la sola sentencia por sí misma es un triunfo de la lucha contra la corrupción. Los jueces encontraron a Kirchner responsable de defraudar al Estado por unos 500 millones de dólares mediante el desvío de contratos de obras públicas a empresarios amigos.
El
otro caso que se veía venir porque en Perú las destituciones de presidentes
siempre se ven venir (cinco presidentes en cinco años) es el de Pedro Castillo
quien pasó de presidente a preso en cuestión de dos horas. Las denuncias de
corrupción y de otros delitos, condujeron a la crisis que hoy vive ese país.
Muertos, heridos y destrucción por manifestaciones populares en un país cansado
de una inestabilidad continua y de la convicción general de que los
congresistas que destituyen presidentes no son muy distintos de ellos. Aún no
sabemos cuánto se robó el «cara de yo no fui» de Pedro Castillo,
esperamos noticias.
Si
volvemos a Cristina Kirchner y a la cantidad por ella defraudada (suponiendo
que sea lo único de lo que C.K se apropió o defraudó) tengo que reconocer –muy
a mi pesar– que la vicepresidenta ha sido hasta cierto punto recatada en echar
mano a la cosa pública.
Ubiquémonos
en Venezuela y sumemos solo cuatro de los más protuberantes casos
de asalto al erario público: Rafael Ramírez ex ministro
de Petróleo, 4.850 millones de dólares. El apodado «Tuerto» Andrade
(Alejandro), ex escolta de Hugo Chávez y ex tesorero de la Nación, sentenciado
en los EEUU a 10 años de cárcel por fraude contra el patrimonio venezolano
estimado por la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) en
2.400.000.000 de billetes verdes, Su colaboración como confidente (vulgo
«sapo») con la Justicia de ese país rebajó su condena a 3 años y 6 meses más 1
año de libertad supervisada.
Los
bolichicos de Derwick, empresa contratada para la instalación y ensamblaje de
plantas de generación de electricidad, cobraron sobreprecios de 2.900 millones
de dólares para construir centrales eléctricas que nunca ejecutaron. Cada vez
que hay un apagón o un bajón en el suministro de electricidad, recuerdo a sus
progenitoras.
Haiman
El Troudi, ex presidente de la C.A. Metro de Caracas, recibió 145 millones de
dólares de Alfa, empresa fachada de Odebrech. Es dueño de tres
inmuebles en Francia y un edificio en París, por un
valor de 16 millones de euros, más una cuenta congelada en
Suiza a su esposa y a la suegra por 45 millones de dólares.
El
saqueo a Venezuela, la perversa trama de corrupción alcanza los 400.000 mil
millones de dólares. No hay cifras exactas de cuánto han robado el Gobierno y
sus enchufados porque la Contraloría General de la
República –en más de 20 años– ha investigado solo un caso importante
de corrupción conocido como Pudreval (miles de toneladas de
alimentos ya caducos importados por el Gobierno de Chávez). Más recientemente y
como retaliación política, el ministro de Petróleo Tareck El Aissami, denunció
por corrupción a su antecesor Rafael Ramírez y a su entorno.
La
vista gorda ante estos robos sin antecedentes en Venezuela y quizá en el mundo,
es propia de un país en el que no existen instituciones independientes. La
justicia, por llamarla de alguna manera, se urde en Miraflores.
Otra
evidencia pública (y además internacional) de ojos que no ven o de vista gorda,
es la locura colectiva que provoca el Mundial de Qatar. A nadie o quizá a unos
pocos para no generalizar, les importa todo el entretejido de corrupción que
está detrás de la elección de ese país extremista islámico y cómplice con el
terrorismo internacional, como sede de este mundial 2022. Si omitimos lo más
cruel e inhumano que sustenta esta contienda futbolística –la muerte de unos
7.000 obreros en la construcción de la infraestructura– podemos ver en Netflix
el documental “Los entresijos de la FIFA” que no deja hueso sano al
implicar a los entonces presidentes en ejercicio Nicolás Sarkozy, de Francia y
Lula Da Silva, de Brasil y a un montón de dirigentes políticos y deportivos, en
la tramoya de sobornos que armó el gobierno de Qatar para obtener la sede.
Como
guinda del pastel, acaba de estallar en el parlamento europeo el llamado Qatergate que
ha llevado a la destitución de la vicepresidenta del organismo y diputada
griega Eva Kaili, por haber recibido dinero de Qatar para influir en las
decisiones de la institución. Es un terremoto que la hace tambalear.
La
vista gorda con la corrupción que desde hace años rodea a la FIFA se parece
mucho a los ojos que no ven con la corrupción que en los últimos 23 años ha
transformado a Venezuela en un país paria entre las naciones. En ambos casos la
vida sigue y aquí no ha pasado nada.
Paulina
Gamus
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico