Jesús Delgado 17 de marzo de 2024
El
pasado 5 de marzo y después de semanas de gran expectación, el Consejo Nacional
Electoral de Venezuela (CNE) anunció que las elecciones presidenciales se
celebrarán el 28 de julio. No podemos dejar de lado el simbolismo de las fechas
y es que ese día es el natalicio de Hugo Chávez. De manera que parece que el
régimen de Maduro, herido de muerte por su baja popularidad (entre 15% y 20% de
acuerdo con las encuestas más favorables), acude a la épica del expresidente
para intentar remontar la cuesta.
En las circunstancias actuales, con los partidos opositores (incluso el Partido Comunista) intervenidos judicialmente, la candidata más popular de la oposición (con gran diferencia) ilegalmente inhabilitada, el Consejo Nacional Electoral bajo la subordinación del PSUV, sin tiempo para una campaña de inscripción y actualización del registro electoral en buenas condiciones –ni para realizar las auditorías al sistema automatizado– y sin observación electoral internacional profesional y apartidaria garantizada, las elecciones serían un simulacro para que la élite gobernante retenga el poder por un sexenio más.
Así
fue en 2018, cuando se dejó fuera de la competencia a la oposición genuina y se
permitieron candidaturas débiles y afines para intentar legitimar los
resultados. Recordemos que esta estrategia de poco le sirvió al gobierno porque
gran parte de la comunidad internacional desconoció el proceso y fue lo que
justificó las sanciones impuestas por los Estados Unidos.
La
estrategia de la oposición
La
oposición debe evaluar una gran variedad de escenarios y los integrantes de la
Plataforma Unitaria decidirán si inscribir la candidatura de María Corina
Machado o llegar a un consenso para una o varias candidaturas de back
up que la puedan representar.
De
cualquier manera, este es un escollo que el liderazgo opositor deberá resolver
y para lo que tiene pocos días ya que el 25 de marzo es la fecha límite para la
inscripción de las candidaturas.
Ahora
bien, ¿qué pueden hacer la sociedad civil y la comunidad internacional? Además
de exigir condiciones de competitividad, la eliminación de las inhabilitaciones
ilegales y otras arbitrariedades, el foco debe estar en la campaña de
inscripción y actualización del registro electoral. Independientemente de lo
que la oposición resuelva, se debe garantizar el derecho al voto de los
millones de venezolanos, dentro y fuera del país, que actualmente no están
habilitados.
Esto
no es un capricho. Distintos instrumentos internacionales, como la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos o la Carta Democrática Interamericana, garantizan el derecho de las
personas a participar en los asuntos políticos de sus países a través del
sufragio: el derecho a elegir y a ser electos.
Por su
parte, el artículo 64 de la Constitución establece que «son electores o
electoras todos los venezolanos y venezolanas que hayan cumplido dieciocho años
de edad y que no estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación política».
Aunque
la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) contraviene el texto
constitucional al establecer que «solo podrán sufragar en el exterior los
electores y las electoras que posean residencia o cualquier otro régimen en que
denote legalidad de permanencia fuera de Venezuela», restringiendo así el
derecho al voto de todas aquellas personas que se encuentran de manera
irregular fuera del país, lo cierto es que ni siquiera aquellos que cuentan con
residencia legal han podido inscribirse o actualizar sus datos en el registro
electoral.
Millones
de personas deben aún inscribirse
Actualmente
más de 10 millones de venezolanos con edad para votar deben inscribirse o
actualizar sus datos en el registro electoral: 4 millones con edades
comprendidas entre 18 y 35 años no están inscritos en el registro electoral,
otros 4 millones mayores de edad residentes en el exterior están inscritos para
votar en Venezuela y no han podido actualizar su lugar de residencia y
votación. Finalmente, un millón y medio de residentes en Venezuela necesitan
actualizar sus datos de domicilio y centro de votación.
Quizá
para un padrón electoral como el de México, Brasil o Estados Unidos, con
cientos de millones de electores, este número no haga la diferencia. Pero de
acuerdo con el último corte del padrón electoral venezolano hay 21 millones de
electores, de manera que los 10 millones de venezolanos privados de su derecho
político serían más que determinantes en los comicios de este año.
En su
anuncio del 5 de marzo el CNE informó de que la campaña de inscripción y
actualización del registro electoral se celebrará entre el 18 de marzo y el 16
de abril. ¿Es suficiente un mes para inscribir y actualizar el registro de más
de 10 millones de personas? Imaginemos ciudades como Bogotá, Lima, Quito o
Santiago de Chile, con millones o cientos de miles de venezolanos.
Queda
claro que la
voluntad del régimen, a través del CNE como brazo ejecutor, es privar a
esos 10 millones de venezolanos de votar.
Quizá
la comunidad internacional y la sociedad civil organizada no decida quién será
el o la candidata de la oposición, pero debe exigir que se respeten los
derechos políticos de los venezolanos, tanto a votar como a ser votados.
Jesús
Delgado Valery
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico