El próximo 28 de julio será una fecha de especial significación para Venezuela. Están abiertas las posibilidades para que se inicie el tránsito hacia la tercera democracia del país. Las anteriores democracias fueron sucedidas por autocracias. La característica distintiva de estas democracias es la aceptación del sufragio universal, directo, secreto y transparente, como la base de un gobierno alternativo, respetuoso del Estado de Derecho y de las libertades públicas. Cuando desaparecen estas condiciones, los países se convierten en autocracias.
La elección presidencial del 28 de julio se realiza en el contexto de una autocracia. Esta debe ser una constatación ineludible. Los últimos 25 años, desde la elección presidencial de 1998, ocasionaron tal deterioro institucional que Venezuela es considerada actualmente como una franca autocracia (una de las cinco de América Latina, según Variedades de Democracia, V-Dem, de la Universidad de Gotemburgo, Suecia).
Tampoco se debe perder de vista que las anteriores democracias incubaron condiciones para que se entronizaran autocracias. En palabras de Ricardo Lagos, presidente de Chile entre 2000-2006, la democracia sucumbe cuando se deja de cuidar. El golpe de Estado del 24 de noviembre de 1948 selló el fracaso de la primera democracia. El balance mixto de la segunda democracia, la iniciada en 1958, expresado en logros en la calidad de la democracia, pero también en restricciones en el bienestar, condicionaron la génesis de la autocracia actual.
Un hecho fundamental debe anotarse. Es la primera vez en la historia que puede darse el inicio de una redemocratización a partir del voto de los ciudadanos. En las anteriores oportunidades (1947 y 1958), las elecciones se produjeron luego de establecerse los acuerdos institucionales para avanzar en democracia. En la actualidad, el voto genera los mecanismos del nuevo tránsito a la democracia.
También debe destacarse que este rol definitivo del voto lo tendrán tanto los que puedan efectivamente ejercer su derecho del sufragio, como aquellos que no lo podrán hacer, fundamentalmente porque han sido excluidos de manera discrecional y arbitraria. Sin embargo, la demostración efectiva del valor del voto como instrumento de redemocratización, expresará con claridad la significación de la decisión de cada ciudadano.
Era deseable que el inicio de este posible tránsito a la redemocratización hubiera sido precedido por la existencia de múltiples acuerdos basados en las lecciones de nuestra propia historia. Estas tareas previas hubieran facilitado la concreción de las próximas etapas, especialmente las que anteceden a la fecha de inicio del nuevo gobierno, 10 de enero de 2025.
Esto significa que en los próximos meses se deberán alcanzar acuerdos fundamentales que permitan que al iniciar el próximo gobierno se informe a los ciudadanos las decisiones que enfrentarán con contundencia la inmensa crisis política, económica y social. Tales decisiones deben tener el mayor nivel de especificidad y viabilidad. Este nivel debe ser compatible con las demandas de cambio de la población.
Estos acuerdos se deben concretar en cuatro áreas. La primera de ellas es la relación con el actual gobierno, en la forma de acordar todos aquellos aspectos que conduzcan a una sustitución prudente y sosegada. Especialmente cuando, a diferencia de las anteriores oportunidades, los adversarios políticos permanecerán ejerciendo amplias funciones dentro del manejo del Estado. Y, finalmente, porque el nuevo tránsito a la democracia supone la aceptación y reconocimiento por parte de todos los actores, con sus similitudes y diferencias. Es la mayor garantía de que esta nueva democracia sea duradera y estable. Este acuerdo configura el amplio espacio de gobernabilidad.
La segunda área de acuerdos está vinculada con el ejercicio del gobierno por multiplicidad de actores políticos intervinientes. Este acuerdo debe manifestarse en la amplitud y espíritu de inclusión, que sea capaz de integrar la mayor variedad de capacidades, y garantizar el máximo de gobernabilidad. Y consecutivo a este acuerdo político se debe concretar un “acuerdo de políticas públicas”, que sea la base de las decisiones que se deben transmitir a los ciudadanos desde el primer día de la gestión del próximo gobierno.
La cuarta área de acuerdos es la que corresponde a la gran variedad de espacios de la sociedad. Es deseable que las organizaciones de la sociedad civil, universidades, sindicatos, gremios, organizaciones empresariales y de emprendedores, iglesias, entre otras, expresen sus aspiraciones en esta nueva esta que se puede abrir, y que consoliden acuerdos que integren esfuerzos en toda la diversidad y complejidad de la vida nacional.
Esta etapa de transición debe fundamentarse en una visión de largo plazo. Que permita proponer y compartir objetivos en todos los ámbitos de la sociedad, basada en los grandes puntos de coincidencia, y que promueva avances sostenidos. Se trata de alcanzar en el menor tiempo posible una democracia plena, una sociedad de la mayor capacidad y diversidad productiva, con los niveles más altos de condiciones de vida, comparable con los mayores logros en el contexto global. Votar es el primer paso para ese tránsito. Hay que trabajarlo, pero es absolutamente posible.
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