Por María de la Esperanza Hermida, 30/08/2012
Lo sucedido en Amuay bien pudiera
calificarse como el peor accidente laboral en la historia de la industria
petrolera venezolana y ante su magnitud, salta la duda acerca de la eficacia de
INPSASEL para determinar la responsabilidad del Estado como patrono. Esta obligación no se circunscribe sólo
a una palabra de condolencia, a un ascenso post mortem o a la atención médica,
pues implica la prevención.
El 28 de mayo de este año acompañamos
desde PROVEA el diseño de una Queja presentada ante el Comité de Libertad
Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por el Sindicato
Único de Trabajadores Petroleros, Petroquímicos, Gasíferos y Conexos del Estado
Falcón (SUTPGEF), a propósito de la denuncia encabezada por Iván Freites, su
Secretario General. Para
entonces, una de las principales actividades desarrolladas por la Guardia
Nacional acantonada en las adyacencias del Centro de Refinación Paraguaná
(CRP), consistía en evitar que Iván Freites y demás miembros de la Junta
Directiva del SUTPGEF, se comunicara con los trabajadores, hicieran asambleas y
en general, impedir que transitaran por las instalaciones del CRP, bajo el argumento
de que la industria petrolera es una “zona de seguridad”. Es decir, un espacio
donde las actividades sindicales están prohibidas. Quizá algunos de esos
funcionarios de la Guardia Nacional, hoy hayan sufrido algún daño en su
organismo físico y eso es triste y lamentable. Pero es
peor que Ramírez, el “ministro”, haya pretendido acallar la denuncia permanente
del sindicato y de los trabajadores que conocen mejor que nadie la falta de
prevención en esas instalaciones, y quien lejos de resolver la omisión de
cumplimiento a su responsabilidad como patrono, invirtiendo el dinero necesario
en adecuar los procesos a condiciones seguras de trabajo, haya optado por la
represión. Es como matar al
mensajero… Ahora, irónicamente, pareciera como si desde el centro de la tubería
de gas en mal estado, haya salido otro tipo de grito, otra forma de denuncia.
Estalla en la cara de la ineficiencia y de la burocracia, toda la verdad. Pareciera que la PDVSA “roja rojita” es esa que sale
ardiendo en las fotos, roja por las llamas de incendio en Amuay.
Son notorias las deficiencias de INPSASEL
en cuanto a la certificación de enfermedades ocupacionales (Caso Ovallera, por ejemplo) y su complicidad ante las
denuncias de condiciones inseguras en la industria petrolera, en las empresas
básicas de Guayana y en general, en los organismos públicos.
INPSASEL y el Ministerio del Trabajo, han
hecho caso omiso a las denuncias formuladas desde hace más de 3 años
consecutivos por José Bodas, Secretario General de la Federación Unitaria de Trabajadores
Petroleros de Venezuela (FUTPV), relativas a las fallas en el Complejo de Jose,
el derrame petrolero en Guarapiche, los accidentes de PetroAnzoátegui,
PetroPiar y un sin fin de empresas mixtas que operan sin garantizar las
condiciones de salud y seguridad en el trabajo.
Dado el agotamiento de las instancias
nacionales para hacerse escuchar y en vista de la retaliación de la que ha sido
objeto por sus denuncias, en mayo de este año y contando con el acompañamiento
de Provea, José Bodas también formuló una Queja ante OIT denunciado al
Ministerio de Energía y Minas, por violar la libertad sindical a los representantes de los trabajadores
petroleros que no son genuflexos al gobierno, ya que se les excluyó de la
discusión y firma de la convención colectiva, efectuada entre gallos y media
noche, este mismo año. Entre los excluidos por un acuerdo entre la Central
Sindical Socialista y Ramírez como Ministro de Energía y Minas, además de
Bodas, está Iván Freites del SUTPGEF y Fran Luna (Zulia), miembros de la
Corriente Clasista Unitaria Revolucionaria Autónoma (C-CURA).
Este análisis global del problema que
está detrás del accidente de Amuay, es que el artículo 129 de la Ley Orgánica
de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo (LOPCYMAT), norma que
entró en vigencia hace 7 años, determina que el empleador en el responsable
principal de los eventos que ocurren dentro del centro de trabajo y además,
establece claramente las sanciones a las que se expone el patrono cuando el
trabajador es afectado en su vida y en su salud, con motivo del trabajo. Amuay
como centro de trabajo, pertenece a la empresa PDVSA que posee el carácter de
empleador. PDVSA, constitucionalmente, pertenece al Estado.
Entonces el Estado por órgano del Ministro de Energía y Minas, en primera
instancia, debe responder civil, administrativa y tal vez, penalmente, por lo
ocurrido en Amuay. Que no haya otra muestra de impunidad como la de Tacoa!
En recientes declaraciones al diario
larense El
Impulso, el
médico ocupacional y fundador del INPSASEL, Francisco González, señalaba que
Venezuela es uno de los 3 países en Latinoamérica que consagra
constitucionalmente el derecho a la salud en el trabajo
“…lo cual nos convierte en un país
vanguardia en materia de protección a los trabajadores”. Pero una mirada a la
Valuación Actuarial de la Asamblea Nacional 2003, contenida en el Boletín
Epidemiológico del INPSASEL 2007 (último año que INPSASEL publicó una cifra
oficial sobre el tema), así como a las proyecciones de la Organización Internacional
del Trabajo referidas a Venezuela, evidencian que nuestro país se sitúa más
bien en la perspectiva de contabilizar 369.746 accidentes laborales para 2012,
respecto a 4.113.785 trabajadores expuestos. Estas fuentes no indican los
sectores productivos donde la incidencia de accidentes laborales tendría mayor
frecuencia y magnitud. Además, INPSASEL no publica las estadísticas oficiales
actualizadas sobre accidentalidad y morbilidad laboral, desde hace 5 años.
Estos hechos obligan a matizar el optimismo de Francisco González, a quien se
le reconoce por sus aportes y preocupación constante sobre la materia.
María de la Esperanza Hermida,
Coordinadora
de Exigibilidad, PROVEA
@espehermida
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