LA DETENCIÓN ARBITRARIA DEL ALCALDE METROPOLITANO DE
CARACAS, ANTONIO LEDEZMA, UN PASO MÁS QUE PROFUNDIZA EL AUTORITARISMO
En medio de una
crisis económica-financiera sin precedente, el gobierno encabezado por Nicolás
Maduro profundiza su conducta represiva y de persecución política contra la
oposición venezolana, violando los más elementales Derechos Humanos que
garantiza la Constitución.
La detención
arbitraria y violenta del Alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma,
constituye un atropello más del gobierno en su manifiesta y reiterada conducta
de impedir que los sectores democráticos se expresen libremente.
El gobierno
militarista que hoy pretende someter a Venezuela ha urdido una trama perversa
de supuestos planes desestabilizadores, con los que, sin prueba alguna, se
pretende involucrar a líderes de la oposición.
Se utiliza el
Poder Judicial, conculcado a su servicio, para encarcelar de manera arbitraria
a dirigentes como Leopoldo López y Daniel Ceballos; se hostiga de manera
permanente a la diputada María Corina Machado; se amenaza bajo falsas
acusaciones al diputado Julio Borges; y se ordena la detención ilegal del
Alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma.
La comunidad
internacional ha rechazado de manera contundente estas acciones y ha hecho
llamados para que cesen estos atropellos; para que se restituya el Estado de
Derecho; para que se liberen a los presos políticos injustamente detenidos.
Estamos
convencidos de que estos atentados ameritan que las organizaciones hemisféricas
asuman su papel de preservación de las libertades y la democracia. La Carta Democrática Interamericana (OEA),
el Protocolo de Ushuaia II (Mercosur) y la Declaración
Especial sobre la Defensa de la Democracia y el Orden Constitucional de la CELAC, contienen disposiciones expresas
que obligan a los gobiernos que los han suscrito a tomar medidas frente a las
flagrantes violaciones constitucionales que han venido ocurriendo en nuestro
país desde hace muchos años.
Hoy muchos se
preguntan si están o no vigentes tales instrumentos jurídicos vinculantes. Si
tal ordenamiento internacional está en vigor ¿qué impide entonces a los
gobiernos del hemisferio, de Latinoamérica, de Suramérica o de Mercosur actuar
de manera inequívoca y resuelta en resguardo de la Democracia y de los Derechos
Humanos en Venezuela?
El Grupo Ávila,
desde Venezuela, denuncia ante el mundo los reiterados atropellos contra los
Derechos Humanos que tienen lugar en nuestro país, la persecución contra
líderes políticos y el encarcelamiento arbitrario de dirigentes de la
alternativa democrática.
Caracas, 25 de Febrero 2015
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