Deslizándose por el tobogán autoritario, por @ysrraelcamero

YSRRAEL CAMERO 20 de febrero de 2015

@ysrraelcamero

En una irresponsable apuesta el gobierno ha decidido atrincherarse en el poder, aislarse de la sociedad y deslizarse por el tobogán autoritario de la represión y la persecución política.

La detención de Antonio Ledezma, Alcalde Metropolitano de Caracas, y el proceso contra Julio Borges, Coordinador Nacional de Primero Justicia, constituyen los más recientes pasos de un deslizamiento autoritario que podría conducir al régimen a convertirse en una dictadura cerrada, como parte de un intento desesperado de salvar al sistema que pretendieron implantar.

Ante la posibilidad de una derrota en las elecciones parlamentarias, apretar aún más el anillo tendido alrededor de la oposición parece entonces ir más allá de una simple respuesta táctica, evidenciando la decisión de transitar la última etapa que nos llevaría de un autoritarismo competitivo a uno hegemónico.

El objetivo del régimen ha sido siempre mantenerse en el poder de manera absoluta y permanente, impidiendo cualquier forma de alternabilidad y competencia efectiva, esta nueva ola represiva ratifica esta línea de acción.

LA PERVIVENCIA DE LA ARENA ELECTORAL

Hace tiempo que en Venezuela no vivimos en democracia, pero perviven aún rituales democráticos, incluyendo elecciones competitivas, que deben ser defendidos y utilizados por las fuerzas democráticas para movilizar a la sociedad hacia un cambio en el funcionamiento y en la correlación del poder, es decir hacia el necesario cambio político que haga posible reconstruir la democracia en Venezuela.

Estos rituales aún tienen capacidad para modificar al poder, por eso el régimen se moviliza como un todo en cada coyuntura electoral, y las elecciones parlamentarias planteadas para 2015 no son la excepción.

Efectivamente, el gobierno está actuando para preservar su control en la Asamblea Nacional, pero no parece resultar sencilla la empresa en esta ocasión. La crisis económica que se encuentra en el centro de las preocupaciones de los venezolanos ha tenido un impacto político negativo sobre el gobierno de Nicolás Maduro, que se hunde cada día en las encuestas. El discurso de la “guerra económica” no convence a nadie, y la persecución contra comerciantes y empresarios no solo profundiza la crisis sino que además no se ha convertido en una recuperación de la popularidad gubernamental.

La pésima gestión de la economía abre un boquete inmenso que podría derivar en una derrota electoral para el gobierno. No está la nomenklatura dispuesta a permitirlo. Una victoria de las fuerzas democráticas que cambiara sustancialmente la correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional produciría sin duda una crisis político-institucional que podría arrastrar a todo el régimen y al sistema.

Frente a esto dividir a las fuerzas democráticas y promover la abstención entre los opositores ha sido la táctica favorita de la nomenklatura para ganar las parlamentarias, pero la tasa de caída en la popularidad del gobierno se acelera cada día, por lo que dicha táctica parece ser insuficiente.

EL TOBOGÁN AUTORITARIO: PORQUE UNA COSA TRAE LA OTRA

Esta insuficiencia coloca nuevamente en el centro de la agenda la tentación autoritaria, pero hay que agregar dos factores que hacen posible que el gobierno tomara la decisión de deslizarse por este tobogán, uno interno, proveniente de sus propias inseguridades y debilidades, y uno externo, que deriva de las debilidades percibidas en la oposición.

El primero deriva del alto nivel de incertidumbre que las elecciones parlamentarias desatan en la nomenklatura, no se reconocen seguros, se saben débiles para evitar que la indignación popular frente a la ruina económica se convierta en voto castigo. Esta incertidumbre es un incentivo para que la agenda represiva, siempre presente, se adueñe de la situación.

El segundo factor deriva de las debilidades percibidas en las fuerzas democráticas. Como señalamos anteriormente el año 2014 dejó organizativamente débiles a los movimientos y partidos opositores, la prematura lucha por el liderazgo resquebrajó la efectividad política de la MUD, lo que se ha expresado en 2015 en una capacidad escasa de convocatoria a movilizaciones de calle.

Una ola represiva como la que estamos viviendo debería ser respondida masivamente, con contundencia cívica, con expresiones unitarias de solidaridad pública contra los perseguidos, sea Julio Borges, Antonio Ledezma o cualquier otro. Esta debilidad para movilizarnos fue percibida por el gobierno, que consideró que la represión y la persecución no generarían una resistencia importante en la sociedad democrática, no tendrían un alto costo político. La incapacidad de aumentar el costo político de la represión termina facilitando la labor al gobierno.

¿Qué pretende el gobierno con esta nueva ola de persecuciones políticas y de represión dirigida?

1. Primero sembrar el miedo, tanto en el electorado opositor como en los mismos dirigentes políticos y sociales, atacar incluso a los más moderados entre los diputados opositores tiene el signo del “castigo ejemplarizante”, que pretende generar una reacción de inhibición, bloquear la capacidad de respuesta.
2. Segundo, compactar su base sociológica y política alrededor del discurso de la urgencia política, desviando la atención del fracaso económico y alineando a simpatizantes, militantes, dirigentes, burócratas, en una acción de “defensa” contra el “enemigo interno”.
3. Tercero, provocar una reacción visceral en sectores radicales de la oposición que justifique la implantación de la lógica de la escalada represiva, ahondando las divisiones dentro de las fuerzas democráticas y creando las condiciones de “caos” para justificar la declaración de un “Estado de Excepción” lo que significaría suspender las elecciones parlamentarias.
4. Cuarto, lo que nos lleva del acercamiento táctico al cambio estratégico, pretendería consolidar el poder centralizado de forma absoluta y permanente sobre la sociedad, implantando un gobierno abiertamente autoritario y represivo, que se justificaría a través de una actualización de la doctrina conservadora de la “seguridad nacional”, propia del militarismo latinoamericano.

EL NEOMILITARISMO VENEZOLANO Y EL RETORNO DEL “ENEMIGO INTERNO” 

Esta nueva ola represiva no se está dando en medio de un vacío legal, ni es simplemente una respuesta arbitraria y desesperada del gobierno, sino que es parte de un proceso de reforzamiento de los rasgos autoritarios del régimen, cada vez más militarizado, que tiene su correlato en la emergencia de una nueva doctrina militar, de una actualización del viejo militarismo latinoamericano.

Vivimos bajo un nuevo tipo de régimen militar-civil, un autoritarismo rojiverde. Desde sus orígenes el militarismo ha sido consustancial con el régimen. El MBR-200, formado en 1983, fue una secta militar como muchas en América Latina, dedicada a montar una conspiración contra la democracia venezolana. La primera aparición pública del chavismo en 1992 fue un intento de Golpe de Estado militar con muy escasa presencia civil.

Desde 1999 en Venezuela hemos presenciado una progresiva militarización de la vida pública. Al inicio del régimen las guarniciones militares se convirtieron en receptoras de una parte importante de los recursos públicos y en redistribuidoras de servicios sociales. Hoy tenemos una inmensa cantidad de militares en cargos gubernamentales a todos los niveles, desde ministros, hasta un importante conjunto de gobernadores, el Presidente de la Asamblea Nacional, muchos diputados y alcaldes. Es sabido que en el juego de facciones del PSUV el sector militar tiene gran poder.

El establecimiento de una nueva forma de tutelaje militar sobre la sociedad, de militarización de lo público, de encuadramiento de la ciudadanía bajo el control de una elite castrense es también un fenómeno que podemos percibir con claridad. No olvidemos el discurso de Vladimir Padrino López el 5 de julio de 2014 que fijó una nueva “doctrina militar”.

En este marco es que debemos prestar atención a dos documentos de reciente data, primero, la infame Resolución 8.610 del Ministerio de la Defensa publicada el 27 de enero, que reglamentó la represión militar contra las manifestaciones públicas y, segundo, el Decreto 1.605 de la Presidencia de la República, titulado “Reglamento Orgánico de la Dirección General de Contrainteligencia Militar”, publicado en Gaceta Oficial el 10 de febrero.

Sobre el primero mucha tinta ha corrido, ha sido demandada su inconstitucionalidad ante el Tribunal Supremo de Justicia, pero quiero hacer énfasis en un aspecto particularmente grave: su origen. Con este reglamento se ratifica al Ministerio de la Defensa, es decir a la Fuerza Armada, como responsable del mantenimiento del orden público, de la represión de las manifestaciones y de la reglamentación del derecho constitucional a la protesta, permitiéndose incluso el empleo de fuerza mortal con armas de fuego contra manifestantes.

En contraste, el Reglamento Orgánico de la Dirección General de Contrainteligencia Militar no ha levantado mayor polémica, quizás por su reciente data, pero nos trae a colación un hecho gravísimo, el retorno de la noción del “enemigo” interno. Este concepto, proveniente de la arcaica Doctrina de Seguridad Nacional, fue empleado para justificar la persecución, tortura y asesinato de miles de opositores políticos bajo las dictaduras del Cono Sur. El opositor era percibido y tratado como el “enemigo interno” de una guerra que peleaban los militares contra su propia población. ¿Somos acaso los opositores los “enemigos” que plantea este Reglamento de Contrainteligencia? ¿Con este reglamento actuó el SEBIN contra el Alcalde Antonio Ledezma en el momento de su detención? Esto no puede ser tolerado.

LA TRAMPA DE LA DERIVA RADICAL: LA ESPIRAL REPRESIVA

Una peligrosa tentación se abre frente a este deslizamiento autoritario, y la legítima indignación ciudadana ante al atropello, la arbitrariedad, el abuso de poder puede alimentar la espiral represiva que los autoritarios necesitan para terminar de cerrar los resquicios que aún quedan de democracia.

Acá repito un punto que debemos tener presente los días por venir, la protesta es un derecho ciudadano, consagrado en la Constitución y legitimado por una larga historia de luchas democráticas, el respeto a los Derechos Humanos es una obligación del Estado, también consagrado constitucionalmente, pero la protesta inteligente y oportuna es un deber político que debe ejercerse responsablemente.

Aquellos que pretenden suspender las elecciones parlamentarias y encaminarnos al escenario de una dictadura cerrada están interesados en que se desate una frustrante espiral de radicalización y represión progresiva, para así justificar el establecimiento de un Estado de Excepción.

Ni la violencia ni la abstención nos acercan al objetivo de construir un cambio político que nos conduzca juntos al restablecimiento de la democracia, así como tampoco lo hacen la pasividad, el miedo y la frustración.

PERSISTIR EN LA RUTA, CONSTRUIR EL CAMBIO

Las movilizaciones cívicas, pacíficas, unitarias, con objetivos claros, que brindan respuesta política a la crisis socioeconómica que vivimos los venezolanos, que se proyectan popularmente en todo el país, que suman voluntades diversas en ciudades, pueblos y caseríos, que construyan nuevos vínculos, que nos permitan retejer las redes sociales, éstas son las que nos acercan al rescate de la democracia.

Esto pasa por mantener mano firme en el timón, debemos enfrentar la persecución con fortaleza cívica y unitaria, actuando en solidaridad con el perseguido y denunciando al perseguidor, debemos apoyar a quienes sufren represión y denunciar al represor.

Es una obligación democrática exigir la liberación de todos los presos políticos, incluyendo a Leopoldo López y Antonio Ledezma, exigir el retorno de los exiliados, incluyendo a Manuel Rosales y Carlos Ortega, presentar un frente unitario en solidaridad con los perseguidos, como lo es hoy Julio Borges. No debe haber mezquindad alguna porque la persecución de uno nos daña a todos.

No debemos perder contacto con la realidad, en dos sentidos, primero, no desviarnos del drama que vive cotidianamente la familia venezolana de a pie, de la escasez, de la violencia cotidiana, pero también, en segundo lugar, con nuestra obligación política de presentar candidaturas unitarias para las elecciones parlamentarias que elegirán la nueva Asamblea Nacional.

Una victoria de la alternativa democrática en la Asamblea Nacional sería un hecho político demoledor para el régimen, que derivaría en una crisis político-institucional de grandes proporciones, por eso desde el gobierno hacen lo posible por evitar ese escenario.

Esta victoria democrática podría abrir las puertas de la democracia en Venezuela. Pero no se construirá una victoria electoral de las fuerzas democráticas en las elecciones parlamentarias sin movilizaciones cívicas, sin unidad efectiva ni solidaridad activa con el que sufre, con el que es oprimido, con el que lucha. Recordemos siempre que solo la esperanza vence al miedo, es nuestra obligación entonces construir la esperanza posible que remueva todos los temores enquistados en la población.

YSRRAEL CAMERO

@ysrraelcamero