Prensa AN 20 de julio de 2016
La
Comisión de Política Interior acordó presentar este jueves en la plenaria de la
Asamblea Nacional, un acuerdo en el que se rechazará la violencia “sistemática
aplicada por funcionarios de la Guardia Nacional en las distintas regiones del
país”.
Así lo
informó la diputada Delsa Solórzano este miércoles, tras culminar la reunión de
la referida instancia legislativa. La parlamentaria explicó que en estos 6
meses la comisión ha recibido cerca de unas 500 denuncias por parte de
venezolanos que han sido víctimas de maltrato por el cuerpo de seguridad y
quienes en su mayoría han visto violentado su derecho a protestar en contra del
desabastecimiento y exigir comida”, lamentó.
En ese
sentido la dirigente expuso que los casos más emblemáticos fueron los de Delta
Amacuro donde 23 personas fueron privadas de libertad y exiliadas a un penal en
el estado Guárico por salir en Tucupita a pedir alimentos para sus hijos.
“Hoy
recibimos las denuncias de un grupo de mujeres del estado Nueva Esparta quienes
constantemente son violentadas por funcionarios de la Guardia Nacional por el
hecho de pararse hacer colas a las afueras de los supermercados a las 4 de la
mañana” explicó.
Expuso
que cerca de unas 50 mujeres son blanco y objeto de la percusión en esta
entidad del país por parte de la GN y que, por esta razón, los diputados
enviaron este miércoles comunicaciones al Ministro de la Defensa y al Defensor
del Pueblo para exigir que no continúen las fuerzas castrenses en las calles
asumiendo la seguridad y el manejo de las protestas.
“Vamos
a solicitar a estos organismos que se respete la Constitución porque no es la
Guardia Nacional la que debe manejar con represión y persecución el tema de las
protestas (…) En todo caso la protesta pacífica está contemplada en la
Constitución y es la Policía Nacional, de acuerdo a la instrumentación vigente,
quien debe actuar en los focos de violencia si los hubiera”, explicó Solórzano.
En esa
línea, explicó la diputada que se han incrementado en el último mes las
denuncias motivado al desabastecimiento. “En Yaracuy, Delta Amacuro, Nueva
Esparta, Caracas, en el Zulia, en fin cientos de personas todos los días
protestan por esta situación que nos conduce a un cataclismo”, opinó la
legisladora.
“En la
actualidad hay incluso personas privadas de libertad injustamente y como
castigo el gobierno impone el destierro de sus regiones para hacer un viacrucis
la vida de quienes protestan, todo esto será recogido y presentado en un informe
la Plenaria”, finalizó.
Prensa
AN
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