Por Jesús Alexis González, 14/11/2016
La sociedad,
definida como un grupo de individuos que interactúan entre sí teniendo
perspectivas de vida comunes como un reflejo de un nivel cultural con alto
grado de semejanza, facilita la estructuración de grupos de poder con la finalidad de cumplir una determinada función
dentro de dicha sociedad; con especial relevancia en cuanto a la aspiración de
ser consultados para la toma de
decisiones que afectan el desenvolvimiento
social como un todo. En tal contexto, los
partidos políticos son un claro ejemplo de un grupo de poder quienes
adelantan acciones (o deberían) para impulsar comportamientos colectivos(incluidos muy especialmente los
electorales)en pro de alcanzar metas socioeconómicas que eleven el bienestar
general, apuntaladas por el aporte de soluciones
viables y oportunas; siendo de obviedad manifiesta que cuando las
instituciones partidistas actúan sin la eficiencia debida en razón a
condicionar su desenvolvimiento a intereses
soterrados de corte individualista, se genera un ambiente de ¡apoliticismo! que hace referencia a
una actitud de indiferencia o desinterés
de los ciudadanos frente a la política partidista y al conjunto de ideas
que confluyen sobre ella, equivalente a una disidencia pasiva hacia toda manifestación de política al punto de
propiciar la aparición de un individuo
apolítico que rechaza y le aburre cualquier debate, discusión o pensamiento
relacionado con ese ámbito vital en la
vida republicana al extremo de desprenderse de aquellas actividades
vinculadas con el acontecer político.
Así expresado, se perfila un disenso
político como un derecho a estar
en desacuerdo con las bases o con las personas que ejercen el poder como
una manifestación democrática hacia el
respeto y la tolerancia del pensamiento colectivo, en un ambiente donde un consenso (acuerdo sobre un tema de
especial interés) no implica que todas las partes del grupo queden conformes
con la decisión tomada.
A la luz de los puntos “acordados” (12/11/16) entre el
Gobierno y la MUD en el denominado Dialogo
Nacional (¿?), puede inferirse la presencia de un exceso de interlocutores
oposicionistas que contribuyeron a desmovilizar
a los ciudadanos en su clamor de calle para impulsar la realización del
referendo revocatorio presidencial (ni en 2016 o 2017), con una subyacente
renuncia al más idóneo instrumento de
resolución de conflictos que permitiría interrumpir constitucionalmente el
nefasto mandato de N. Maduro; todo ello en una aparente “complacencia compartida” que intenta “controlar” nuestra conducta al impedir sea
escuchada la voz del pueblo en su rechazo al deterioro de la calidad de vida,
principalmente caracterizado por una inflación anualizada superior al 800% que
entre enero a octubre 2016 registró un ¡¡526%!!
(el promedio mundial está cercano al 2%), por una recesión económica, por
una escasez de medicinas y alimentos, por una caída de la capacidad de compra
de la familia (ha disminuido en más de la mitad), por un crecimiento de la
pobreza, y por el ¡hambre! que afecta a cerca del 80% de la población.
Vale destacar, que los puntos “acordados” luego de “un análisis muy serio sobre
el tema de la agenda electoral” (que simplemente y sin tanta estéril
“dialogadera” basta con hacer cumplir la CRBV) consistieron apenas, sin negar
su importancia, en (1) Haber logrado
el reconocimiento gubernamental a la
AN (¿?); (2)
La elección de un CNE equilibrado a instancia de ambas partes (¿?); (3) Se repitan las elecciones parlamentarias en Amazonas (¿un
reconocimiento a un fraude electoral?); (4)
El reconocimiento oficialista que los presos políticos son “personas
detenidas” (¿por delitos comunes?) y que algunos de ellos serán liberados sin
indicar nombres (y mucho menos de Leopoldo López que tiene 1.000 días preso) ni
fecha (¿?); y (5) Permitir el ingreso al país de alimentos y medicinas (¿era
necesario dialogar para abrir un “canal humanitario”?, ¿crueldad o chantaje?).
Poco faltó para “anunciar” que las elecciones
presidenciales se celebrarán en diciembre 2018 (¿un hecho trascendente?),
como en efecto posteriormente expresó N. Maduro (13/11/16) descartando un
anticipo de elecciones o la reactivación de un referendo revocatorio de su
mandato, “Que nadie se obsesione con procesos electorales que no están en la
Constitución”, afirmó categóricamente; al tiempo de extender por quinta vez y
por 60 días más el decreto de Emergencia
Económica y Estado de Excepción a nivel nacional; anuncio que fue precedido
por lo señalado en el “comunicado oficial” del ente “Dialogo Nacional” en el campo económico-social en cuanto a que
el Gobierno Nacional y la MUD acordaron trabajar de manera conjunta para “combatir toda forma de sabotaje, boicot o
agresión a la economía venezolana”, dando por valido que ello existe al
punto de ser la principal causa de la crisis; ¡¡se apolitiza uno!!
El equipo “negociador” por parte de la MUD, está
implícitamente negando con su actuación (suponemos no intencionalmente) el perfil proactivo del venezolano acostumbrado
a no permitir que las situaciones difíciles nos superen y a tomar la iniciativa
sobre nuestra vida, al punto de estar dispuestos a trabajar (actuar/participar)
en todo aquello que puede ayudarnos a
estar mejor equivalente a referenciar la libertad que tenemos de escoger
nuestra actitud frente a las diferentes situaciones que confrontamos; con
el agravante que la alianza opositora “sentada”
en la Mesaestá conformada por 18 partidos (COPEI no es convocado por su situación
interna y otros se encuentran “vetados”) donde todos (con excepción del partido
MUD)están ilegales (el CNE dio plazo
hasta junio 2017 para regularizar la situación); siendo que 4 de ellos (G-4) inclinan las
decisiones que afectan a todos los venezolanos
a pesar de haber obtenido en la Elección Presidencial 2013 el 30,2% de los habitantes inscritos,
donde el de “mayor” votación alcanzó el 11,7%
en una cuantificación numérica que no deja duda alguna sobre la necesidad de la unidad para vencer. En
caso contrario, se inducirá, más
temprano que tarde, una explosión
reactiva de la energía negativa reprimida (indignación) que puede gestar
acontecimientos sociales conflictivos hasta provocar un arranque de ira desenfrenada a través de actos de violencia, agresiones,
ataques, etc, que puede encontrar su máxima expresión en un conflicto social.
Finalmente, deseamos enfatizar con espíritu
democrático que la presión del pueblo
observada en actividades de calle debe retomarse de inmediato a sabiendas que la energía acumulada
(cargada de indignación) no requiere de una sofisticada planificación de eventos por parte de un “ente
coordinador”; quien en todo caso ha de asimilar la posibilidad que una lava humana integrada por una
población descontentapuededespertar y
pasarle por encima tanto al Gobierno (y el “chavismo”) como a la MUD, abriendo
espacio al apoliticismo impulsado
por la voluntad ciudadana hacia la aspiración que se incorporen a la vida
política (para bien o mal) “novatos” provenientes
del mundo económico relacionados con grandes
corporaciones exitosas (de probidad manifiesta en la responsabilidad social
empresarial), dando inicio en Venezuela a un experimento socio-político
vinculado con la “Corporatocracia”.
Economista Jesús Alexis González
@jesusalexisgon
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