Humberto García Larralde 11 de mayo de 2020
Como
empiezan a advertir los analistas, la emergencia de enfrentar la epidemia del
Covid-19 le viene como anillo al dedo a muchos autócratas como excusa para
incrementar su control. El usurpador Maduro no es la excepción. Su decreto de
Estado de Excepción y de Emergencia Económica[1] muestra el cinismo y el
desapego con la realidad conque persigue tal propósito. Según su artículo 7:
“Corresponde al Poder Judicial y al Ministerio Público … garantizar la
aplicación estricta de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
y la ley para reforzar la lucha contra el delito e incrementar la celeridad
procesal, así como las atribuciones que le correspondan en la ejecución de este
Decreto.” Una Constitución cuyos preceptos en defensa de los derechos humanos
ha violado tanto, si le sirve ahora para avalar las sanciones a quienes no se
sometan a los controles que querrá imponer.
Pero
la mera aparición de este decreto viola la Constitución que ahora se invoca. Su
artículo 339 obliga a que el decreto de Estado de Excepción sea presentado a la
Asamblea Nacional y a la Sala Constitucional del TSJ dentro de los ocho días
“para su consideración y aprobación”. No sólo que no ha sido presentado –ni se
presentará—a la Asamblea Nacional, sino que Maduro se “auto otorga” con este
decreto la potestad de no tomarla en cuenta. Su artículo 2 autoriza ignorar a
otros poderes públicos (negritas mías, HGL) para “Aprobar y suscribir contratos
de interés público y sus enmiendas, para la obtención de recursos financieros,
asesorías técnicas o aprovechamiento de recursos estratégicos para el
desarrollo económico del País” (# 16); autorizar “operaciones de crédito
público, sus reprogramaciones y complementos, que regirán para el Ejercicio
Económico Financiero 2020; así como las que permitan ampliar los montos máximos
de endeudamiento que podrá contraer la República durante el Ejercicio Económico
Financiero 2020.” (# 19); y “los límites máximos de recursos y egresos de la
República Bolivariana de Venezuela, de los entes descentralizados
funcionalmente y de los entes político territoriales con regímenes
presupuestarios especiales, que regirán para el Ejercicio Económico Financiero
2020.” (# 20). Es decir, se desprende de todo control en materia
presupuestaria, y en cuanto a endeudamiento y control de recursos de entes
descentralizados. El perfecto autócrata.
Recordemos
que Maduro tiene años auto-renovándose “Estados de Emergencia” sin
consentimiento de la Asamblea Nacional ni ateniéndose a los lapsos de vigencia
establecidos en la Constitución. Ha servido como una “ley habilitante” de hecho
permanente para jugar con los destinos de los venezolanos.
Luego,
sin temor al ridículo, sostiene (artículo 2) que la suspensión de garantías que
autorizaría el Estado de Emergencia es para, “evitar los perniciosos efectos de
la guerra económica dirigida contra el pueblo venezolano….” (negritas mías).
¡Pero si la guerra económica contra el pueblo la viene aplicando el propio
Maduro desde 2013! ¿Necesita acaso un decreto para seguir destruyendo al país?
Cabe señalar que la Constitución impide, en su artículo 337, que se suspendan
“derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al
debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos
intangibles”. Si Maduro nunca les paró, ¿los va a respetar ahora estando en
“emergencia”?
Con
el mayor cinismo, Maduro se burla de las penurias que ha infligido a la
población al anunciar (# 34): “Medidas excepcionales dirigidas a proteger los
derechos humanos del pueblo Venezolano (negritas mías) a la vida, la salud y la
alimentación … frente a medidas coercitivas unilaterales, arbitrarias, ilegales
y contrarias al derecho internacional promovidas y ejecutadas por Poderes
Públicos de otros Estados, o por autoridades de organismos multilaterales
actuando con fines particulares.” Los derechos que su gestión le ha negado a
los venezolanos durante largos años, ¡es culpa del imperio y del FMI!
Para
sostener tan cínica tergiversación, se cae a embustes anunciando (artículo 2, #
1) “regulaciones … para garantizar el impulso de los motores Agroalimentario,
de producción y distribución de los rubros considerados como estratégicos para
la satisfacción de necesidades de los habitantes de la República Bolivariana de
Venezuela.” ¡¿Motores!? ¡¿Satisfacción de necesidades!? ¡¡Por Dios, hasta
cuándo seguir tomándonos por estúpidos!! Continúa (# 25) con, “El establecimiento
de un marco regulatorio transitorio y excepcional que permita … el
financiamiento de proyectos del sector agroindustrial para el desarrollo de un
nuevo esquema productivo, bajo las líneas de acción emanadas de la Gran Misión
Abastecimiento Soberano.” ¡Cómo, si ya destruyó al sistema financiero nacional!
Claro, el monopolio de la importación de alimentos de que gozan los militares a
cuenta de esa Gran Misión debe poder disfrutarse de otra forma, ahora que no
hay divisas. ¡Controlemos directamente al sector agroindustrial!
Continúan
con los eufemismos (# 18): “Conformar estructuras organizativas y dictar
regulaciones transitorias y excepcionales, para la realización de
procedimientos que garanticen la oportuna, eficiente y equitativa producción y
distribución de alimentos, materia prima, productos e insumos del sector
agroproductivo, industrial, agroalimentario, farmacéutico, de higiene personal
y aseo del hogar”. En el # 24: “La activación, potenciación y optimización del
funcionamiento de un Sistema de Determinación de Costos, Rendimiento, Precios
Justos, y Precios Acordados que ordenen y garanticen el equilibrio de las
relaciones comerciales y el acceso a los bienes y servicios fundamentales que
determine el Ejecutivo Nacional.“ Los # 22, 23 y 26 complementan estas medidas
intervencionistas anunciando procesos y mecanismos “de centralización, control
y seguimiento” (…) “de los productos, bienes y servicios del sistema
agroindustrial nacional; así como, el de producción, almacenamiento,
distribución y comercialización de alimentos, fármacos, productos de higiene
personal, aseo del hogar y del sistema eléctrico nacional.” Es decir, el
retorno a las prácticas de control de precios e intervenciones que han
destruido la oferta de alimentos, desaparecido los fármacos y provocado el
colapso del sistema eléctrico.
Por
si fuera poco, en su artículo 4° asoma la amenaza de un “corralito” al
referirse a “coordinaciones con el Banco Central de Venezuela a los fines de
establecer límites máximos de ingreso o egreso de moneda venezolana de curso
legal en efectivo, así como restricciones a determinadas operaciones y
transacciones comerciales o financieras, restringir dichas operaciones al uso
de medios electrónicos debidamente autorizados en el país”. Según los numerales
12, 13 y 14 del artículo 2, ¡siempre podemos usar criptoactivos (Petro) como
medios de cambio! En todo caso, el ejecutivo posee facultades de
prestidigitador habilidoso. El artículo 2 señala (# 3 – 6 y 30) mecanismos
financieros, disponibilidad oportuna de billetes y monedas, economías
presupuestarias y otros tejemanejes entre fondos, cuando es más que sabido
–luego de haber encogido la economía en más de un 70%, destruido la industria
petrolera y entrado en default–, que la única fuente de financiamiento que
tiene a mano es la “maquinita” del BCV. Pero como los pasivos del Instituto
Emisor han sido estirados al límite, el numeral 7 abre opciones adicionales de
endeudamiento utilizando como garantías a los “activos productivos del País”.
Finalmente,
en todo pregón fascista no podían faltar: “…planes especiales de seguridad
pública que hagan frente a las acciones desestabilizadoras que atenten contra
la paz de la Nación, la seguridad personal y el resguardo de las instalaciones
y bienes públicos y privados.” (Art. 2 # 21), o la alusión al sempiterno
“enemigo externo” al señalar (# 35), “Medidas especiales en el orden de la
política exterior de la República Bolivariana de Venezuela, en respuesta a la
injerencia de otros Estados en contra de funcionarios y ciudadanos
venezolanos.”
La
adopción de medidas de emergencia ante la pandemia del Covid-19 no está en
discusión. Pero se supone que deben ser para ayudar a la población a
sobreponerse a este peligro. Lo que anuncia Maduro es el regreso a las
prácticas que produjeron la presente catástrofe –antes de que apareciera el
Coronavirus–, acompañado de un mayor control de la población. Está en su
naturaleza. ¡Razones para insistir ahora en un auténtico Gobierno de Emergencia
Nacional para no seguir hundiéndonos aun más!
Humberto
García Larralde es economista, profesor (j) de la Universidad Central de
Venezuela, humgarl@gmail.com
Humberto
García Larralde
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