Fernando Camino Peñalver 03 de mayo de 2020
@fernandocaminop
El
régimen creó un conjunto de leyes, con la finalidad de intervenir el normal
funcionamiento de cada uno de los componentes de los circuitos
agroalimentarios. Entre las más punitivas de estas leyes está el Decreto Ley de
Costos y Precios Justos, creada con el objeto de establecer regulaciones y
mecanismos de administración, control e intervención en la comercialización de
los alimentos. Esta ley se creó por decreto presidencial, amparada por una ley
habilitante de la Asamblea Nacional, en ese momento con mayoría chavista.
Este
decreto ley se aprueba, sin cumplir con una norma fundamental que es la
consulta obligatoria con todos los sectores que pueden ser beneficiados o
afectados por su aplicación, como en este caso serían los sectores productivos
y los consumidores. Además, este decreto ley viola artículos de nuestra carta
magna, como el 305 y el 315 que garantizan la promoción, la protección y la
prioridad a la producción nacional de alimentos, así como el respeto a la
propiedad. Mediante su aprobación se crea la tristemente célebre Sundde,
destinada a aplicar sanciones, como multas, arrestos, intervenciones y toma de
control de las empresas afectadas. En la mayoría de los casos estas medidas se
toman por vías de hecho, es decir sin el debido procedimiento e invirtiendo la
carga de la prueba: la culpabilidad se presume y debes demostrar tu inocencia,
todo empresario es culpable hasta que se demuestre lo contrario.
En
El Plan País Agroalimentario se establece, como una de las medidas para
garantizar la seguridad jurídica de los productores y de los consumidores, la derogación de este
decreto ley. Ya que se atenta contra el derecho de los consumidores a tener
disponibilidad de alimentos de su preferencia, suficientes y en la oportunidad
que lo requiera, sin controles de ninguna naturaleza. También la supresión y
liquidación de la Sundde, por considerar que un organismo de esta naturaleza,
no puede existir en un Estado de Derecho. La protección que requiere el
consumidor en un Estado Democrático, por ejemplo, es la seguridad de que los
alimentos que consume sean totalmente inocuos y en sus etiquetas estén
indicadas sus características exactas en lo que se refiere a contenido
nutricional y cantidad de sus ingredientes.
Los
controles de la producción y de la comercialización de alimentos crean precios
injustos que castigan al consumidor. El Estado lo que tiene que controlar es el
gasto público, porque gastar más de lo que ingresa genera dinero que no ha sido
recaudado, es decir dinero inorgánico, que aumenta la demanda artificialmente y
supera la oferta de bienes y servicios creando una espiral indetenible de
aumento de precios. En vez de aplicar controles a la producción, se requiere
una política económica efectiva que le de fortaleza a la moneda nacional, para
que la población tenga confianza y no busque la protección de sus ahorros en
monedas extranjeras. De esta manera se controla la inflación y se estabiliza la
relación del bolívar con las otras monedas.
El
Estado tiene el deber de promover la libre iniciativa privada, para que exista
la propensión a invertir, producir y de transar bienes y servicios. Los
controles a la producción y a la comercialización son necesarios, cuando
determinados sectores pretendan
cartelizar los precios validos de su situación de dominio en perjuicio del
consumidor, para evitarlo el Estado crea leyes que no lo permiten, pero estas
leyes la aplican los tribunales competentes y no mediante procedimientos
administrativos de un funcionario dependiente de un organismo como el Sundde.
La
seguridad jurídica y las políticas públicas acertadas, junto con la aplicación
de técnicas avanzadas, insumos suficientes y oportunos y financiamiento
adecuado, generan producción y productividad y eso se traduce en mayor volumen
y mayor oferta de alimentos. Una oferta suficiente de alimentos activa la
competencia y la competencia nivela los precios, amplía la oferta y mejora la
calidad, el resultado son precios verdaderamente justos sin controles ni
intervenciones. De eso se trata el Plan País Agroalimentario.
Un
Estado responsable no abandona a su población vulnerable, no la manipula con
dádivas ni con falsos programas de asistencia alimentaria, que disfrazan la
intención del sometimiento ideológico y de castrar su derecho a la protesta. Un
Estado responsable aplica un plan de subsidio directo, para que la población
vulnerable, mientras supera el desempleo y la precariedad, tenga recursos para
comprar los alimentos de su preferencia, las medicinas que le hagan falta y
pagar el transporte para garantizar su movilidad. De todo esto se trata el Plan
País.
Fernando
Camino Peñalver
@fernandocaminop
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