Por Hugo Prieto
¿Qué íbamos a imaginar,
los que conocimos la tierra de nadie, que ésta se iba a tragar a la UCV? Ni en
la peor borrachera. Ahora, que las universidades autónomas son pueblos
fantasmas, el gobierno del señor Nicolás Maduro ordena -mediante una mera
instrucción- que se congele el cobro de la matrícula en las universidades
privadas. Lo que está en juego es su propio funcionamiento.
La instrucción viene
además acompañada de una orientación política, definida exclusivamente por el
Gobierno. La supuesta necesidad de orientar la oferta académica hacia 15
carreras tecnológicas que contribuyan a aumentar la producción industrial y de
alimentos en un país quebrado. Imponer, instruir, ordenar. No será un modelo
democrático sino totalitario.
Benjamín Scharifker*
tiene mucho que decir acerca de estos temas.
El anuncio del Gobierno
de congelar la matrícula universitaria, ¿qué implicaciones puede tener?
Como cualquier otra
institución, la Universidad tiene costos. Uno de ellos, el principalísimo diría
yo, es el talento. Si no podemos afrontar el costo del talento, la Universidad
no puede funcionar y el talento está representado, fundamentalmente, por los profesores,
pero también por los estudiantes y el personal administrativo que pueda
garantizar una serie de servicios. Hay que tener la posibilidad de
ofrecer becas, todo tipo de orientaciones, opciones culturales, deportivas,
para no hablar de las inversiones que hay que hacer para crear el conocimiento
que pueda ser transferido a la sociedad. Entonces, si no tenemos la posibilidad
de compensar los costos, que son necesariamente elevados, a través de ingresos,
la institución colapsa y sencillamente no puede funcionar. Se afecta, en primer
lugar, al sector universitario, pero también a la sociedad en su
conjunto.
El país tiene un enorme
problema con el talento. Las empresas, por ejemplo, realizan grandes esfuerzos
para retener personal calificado, no siempre con éxito. La fuga de cerebros,
que corre como parte de la diáspora, afecta a instituciones como Fe y Alegría,
una de las bases de la educación primaria. La gente, sencillamente, se va del
país. ¿Aquí lo que está en riesgo es la sociedad del conocimiento?
No solamente está en
riesgo, sino que ha sido comprometida. Hemos visto en los últimos años y,
fundamentalmente en 2020, el colapso de las universidades públicas. Hubo que
transformar la forma en que operan las universidades, no sólo en Venezuela sino
en todo el mundo, a raíz de las nuevas condiciones que impuso la pandemia, de
forma tal que pudiéramos operar a distancia. Eso involucró inversiones que no
estaban previstas en sistemas de información, en plataformas de educación
virtual, en capacitación, tanto para profesores como para personal
administrativo, y proveer conectividad para retener personal y garantizar el
funcionamiento en tiempos de pandemia. Bueno, las universidades públicas no
pudieron hacer esas inversiones, porque el financiamiento que proviene de los
recursos fiscales de la nación fue completamente insuficiente, no sólo para
pagar salarios a profesores sino para proveer servicios estudiantiles. Y
tampoco han podido poner a punto su plataforma y su conectividad para ofrecer
servicios. Las universidades autónomas -UCV, USB, ULA, LUZ, UDO, UC- han
quedado prácticamente paralizadas por carencia de condiciones para que pueda
haber actividad.
¿Cómo han enfrentado
esta situación las universidades privadas?
Mal que bien hemos
podido procurar recursos para poder funcionar y no solamente sobre la base de
la matrícula que es, digamos, la fuente de financiamiento más importante y
tradicional, sino crecientemente de organizaciones -nacionales y extranjeras-
que muy generosamente nos han dado recursos para retener personal, para poder
hacer inversiones y proveer de servicios a los estudiantes. Otro punto a
considerar es que la mayoría de las universidades privadas -entre ellas la
Metropolitana- son instituciones sin fines de lucro. No hay personas ni instituciones
que reciban dividendos de la universidad. Todos los recursos se invierten en
capital humano y en todo lo concerniente a su funcionamiento.
Ya el entorno era
bastante adverso, incluso antes de la pandemia, porque Venezuela está inmersa
en una profunda crisis económica y en una emergencia humanitaria compleja.
Podríamos decir, sin menoscabo a la verdad, que ya el agua había llegado al
cuello. ¿Ustedes han discutido esto con el Gobierno? ¿Han planteado esta
situación?
Hemos tenido
conversaciones a lo largo del tiempo. Este tema del congelamiento de la
matrícula es una instrucción que hemos recibido del ministerio de Educación
Universitaria, en una reunión que sostuvimos el pasado 6 de enero. Allí, entre
otros asuntos, se mencionaron los lineamientos gubernamentales, con respecto a
los ejes de desarrollo de Venezuela, por parte de quienes administran el país
en este momento. Las prioridades que quieren establecer para el desarrollo de
la nación que, en el criterio del ministro, deben estar muy enfocadas en la
producción, entre otras cosas, porque ha habido una reducción muy importante de
la producción en Venezuela y esto no es un secreto para nadie.
¿Cuál sería el papel
que jugarían las universidades?
Como estrategia para
revertir esa situación, había que concentrar la oferta universitaria en 15
carreras tecnológicas, vinculadas a la producción industrial, la producción
agroalimentaria e incluso la producción de servicios de salud. Al final, el
ministro también dijo que las universidades privadas captaban el 30 por ciento
de la población estudiantil, por lo que él requería que los servicios que ellas
prestan se mantuvieran accesibles y que, por tanto, congelasen las matrículas
universitarias. Básicamente, eso no fue objeto de discusión, eso fue una comunicación.
Vino luego un oficio en el que se reiteraba ese requerimiento. Nosotros no
solamente estamos dispuestos, sino interesados, en discutir este asunto en
profundidad. En nuestro criterio, las universidades requieren de opciones para
cubrir sus costos. De lo contrario, no podemos asegurar la calidad de lo que
nosotros hacemos.
Si bien la educación es
un derecho constitucional, también es un servicio. Y como usted apunta, los
servicios tienen un costo. La posición del Gobierno es que las tarifas tienen
que ser inclusivas, casi siempre en detrimento de la cobertura y calidad de los
servicios que se prestan. Por esa vía hemos llegado al colapso. Ahí está, como
ejemplo, el ruinoso estado del metro de Caracas. No sé si en el Gobierno del
señor Maduro han entendido este problema.
Sí, es una situación
generalizada. La escasez de combustible, por ejemplo, tiene que ver con la
pérdida de capacidades en el sector petrolero venezolano. ¿Por qué decae la
producción de petróleo? Algunos dicen que es producto de las sanciones, pero si
vemos las cifras, nos damos cuenta de que eso ocurre desde el mismo
momento en que se perdió la capacidad de las personas de PDVSA. Tenemos que
recordar que en 2002 se despidió, de golpe y porrazo, a casi 20.000 empleados
que fueron sustituidos con personas que no necesariamente tienen las mismas
capacidades y al no poder disponer de personas con capacidades, con
conocimientos, con destrezas, pues sencillamente la producción decayó. Y lo
mismo ocurre con el agua, la electricidad, las telecomunicaciones, en fin, con
todos los servicios en Venezuela, incluyendo lo que tiene que ver con el tema
del conocimiento.
¿Podría describir cuál
es la situación, tal como lo hizo con el sector petrolero?
Desde el año 2008, y de
manera continua, ha habido una disminución de la producción de conocimientos en
el país, si tomamos como indicador la publicación de artículos en revistas
especializadas de nivel internacional. Ese año producíamos casi el cinco por
ciento del conocimiento en América Latina, actualmente no llegamos al uno por
ciento. Entonces, ha habido una reducción drástica en nuestra capacidad para
producir conocimientos, así como la ha habido para producir recursos humanos,
que además no cuentan con un entorno para desarrollar su talento. Eso es lo que
explica, en gran medida, que alrededor de cinco millones de venezolanos se
hayan ido del país. En ese entorno, las universidades privadas hemos podido
compensar a nuestro personal y ofrecer condiciones de trabajo estimulantes que
logren retener y atraer talento. Cualquier restricción que se imponga a estas
capacidades para sostener operaciones tan complejas, como lo son las
universidades, atentan contra un derecho constitucional que tiene que ser
materializado a través de servicios muy concretos.
No veo señales que
apunten en una dirección distinta a la forma en que el Gobierno ha tratado este
problema. Seguimos en ruta hacia la pérdida de conocimientos y capacidades.
¿Hasta qué punto pueden aguantar las universidades privadas?
Tenemos que reflexionar
sobre los mecanismos de financiación de la educación en general, y de la
educación superior en particular, tanto pública como privada. En Venezuela
tenemos una situación en la que las universidades públicas dependen para su
financiamiento, casi en el 100 por ciento, de recursos fiscales que provienen
del presupuesto de la nación y en las universidades privadas, en una proporción
similar, del pago de matrícula por parte de los estudiantes. Ambos mecanismos
de financiamiento son inviables. Casi en ninguna parte del mundo disponen de
estructuras tan rígidas como las que tenemos aquí. En otros países vemos
fuentes que provienen no sólo de la propia labor educativa, digamos, de la
docencia de las universidades, sino que hay una agregación de valor, cuya fuente
son los servicios que las universidades ofrecen, que le van agregando
conocimiento a la producción empresarial, a las gestiones gubernamentales y a
los emprendimientos.
¿Esquemas de
financiamiento similares a los que funcionan en los países desarrollados?
Podríamos mencionar a
México, Brasil y Chile, donde las universidades tienen vinculaciones
productivas, tanto con las empresas como la gestión gubernamental, lo que
aumenta la capacidad para generar ingresos. Entonces, las instituciones no
dependen solamente de la matrícula o de los ingresos fiscales. Otras fuentes de
financiamiento provienen de las asesorías, las consultorías y los productos que
se desarrollan junto con otras entidades. ¿De dónde han surgido las
innovaciones tecnológicas que caracterizan a la sociedad del conocimiento? De
esas interacciones productivas entre universidades y empresas del sector
industrial y de servicios. Ahora, en Venezuela, esas interacciones son
prácticamente inexistentes. Ésa es la reflexión que tenemos que hacer.
Benjamín Scharifker retratado por Roberto Mata
La gratuidad de la
educación en Venezuela es un dogma, diría que en la acepción religiosa del
término. Está prohibido debatir sobre ese tema. Pero se implora la necesidad de
crear un nuevo modelo político. Somos como los abogados constitucionalistas,
nos encanta indagar en el marco general, pero cuando vamos a un asunto
específico, a una ley en particular, la cosa se complica. No veo que aquí se
discuta qué hacer con el modelo educativo y básicamente con la educación
superior.
Aquí tenemos que abrir
un debate sobre el financiamiento de la educación superior. Es un problema
severo, que tiene que ser resuelto. Y no sirven los dogmas. Tenemos que
someterlo al análisis. En el mundo hay países desarrollados, y también en
América Latina, donde la educación pública es gratuita, donde los estudiantes,
como ocurre en Venezuela, no pagan matrícula, pero luego tenemos otros países
en los cuales las universidades sí la cobran. De tal manera que educación
pública y educación gratuita no son sinónimos. Aclaro que no estoy proponiendo
que aquí se cobre. Eso tiene que ser el producto de un análisis. En Venezuela
se eliminó el cobro de matrícula por lo menos desde 1958. En ese momento el
Estado tenía la capacidad de proveer un financiamiento apropiado. La pregunta
es ¿puede el Estado sostener a las universidades? En Inglaterra, por ejemplo,
se cobra la matrícula, pero hay mecanismos que garantizan tanto el acceso de la
población a las universidades como la eficiencia de las universidades. Pero
ninguno de esos mecanismos los tenemos presentes en Venezuela. No tenemos
evaluaciones de los programas académicos, ni del desempeño de las
universidades, que dirijan los recursos eficientemente hacia donde puedan ser
más eficaces en el logro de los objetivos. Por eso digo, tenemos que abrir una
discusión, deslastrada de ideologías, de dogmas, de forma tal que podamos
encontrar soluciones, que seguramente involucrarán a diversos sectores de la
sociedad.
Esta instrucción del
Gobierno, digamos, de orientar la acción de las universidades hacia objetivos
enmarcados en el modelo político del chavismo no es nueva. Se manifestó, muy
tempranamente, en el Gobierno del expresidente Hugo Chávez. Ahora que se
pretende ignorar la conflictividad, el malestar y la protesta con la elección
del 6 de diciembre, se retoma este propósito. No veo, como usted lo propone,
ningún debate que involucre a la sociedad venezolana. ¿Cuál es su opinión?
Usted está tocando un
punto álgido, que es la imposición en Venezuela de un modelo totalitario, donde
el Estado dirige la vida de las personas, tanto en el ámbito público como en el
privado, incluso en el ámbito familiar y personal, poniendo una serie de
limitaciones que impiden el ejercicio de la libertad. Si no tenemos capacidades
en las artes, por ejemplo, tampoco las tenemos para inculcar valores en las
personas. En el ámbito de la educación, ése es un elemento fundamental. Que
podamos apreciar una serie de valores que nos sean comunes. Es muy preocupante
que se tenga esta visión «desarrollista», por llamarla de algún modo, en donde
sólo nos ocupemos de lo que son necesidades inmediatas, porque entonces, muy
rápidamente, la sociedad deja de tener coherencia, deja de tener cohesión. Y no
logra desarrollarse de una manera armónica. ¿Por qué tenemos un problema tan
severo de corrupción? No es sólo por la inexistencia de mecanismos de control
fiscal o por la inacción de la justicia, sino porque tenemos un problema en la
conformación de los valores, no sólo los que nos inculcan individualmente en la
familia, en la escuela, sino también en la forma en que la sociedad compensa la
actividad de las personas, no sólo económicamente, sino a través del
reconocimiento. Bueno, todo esto requiere que haya un desarrollo de la sociedad
de una manera muy concatenada entre distintas disciplinas. Entonces, que
estemos concentrando la oferta académica en 15 disciplinas, que fue el
planteamiento que hizo el ministro, es tremendamente preocupante.
Aquí es donde los
modelos totalitarios, sean del signo que sean -izquierda o derecha- coinciden.
Un Hegemón que prefigure los trazos de “la nueva sociedad”, del “hombre nuevo”
que surja de las cenizas de un sistema corrupto. Pareciera que la ecuación está
despejada para avanzar en esa dirección.
Eso es lo que
aparentemente se quiere imponer, un régimen totalitario que cercene la libertad
de las personas. Ahí no es la iniciativa de las personas la que incentive, la
que promueve el desarrollo, a través del conocimiento, del emprendimiento, de
la innovación, sino que es la imposición por parte de terceros que llevan a las
sociedades a ser improductivas, lo vemos en los extintos países comunistas, en
Cuba, donde no hay ningún estímulo para que la gente, a través de su
imaginación, de su creatividad, de su emprendimiento, puedan establecer
mecanismos de producción. Todo gira alrededor del Estado, lo que lleva a un
postramiento de las economías. No es un problema de izquierda o derecha lo que
estamos viviendo en Venezuela, sino un conflicto entre libertad y autoritarismo,
entre libertad y opresión. Mientras los venezolanos nos sintamos oprimidos por
fuerzas que nos impiden desarrollar nuestros propios intereses con plena
libertad, no vamos a tener la capacidad para desarrollar nuestra sociedad y
seguiremos perdiendo capacidades productivas, como ha venido ocurriendo por
varios lustros.
***
*Químico por la Universidad
Simón Bolívar, exrector de la USB y profesor Emeritus. Rector de la Universidad
Metropolitana, UNIMET.
24-01-21
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