Trino Márquez 28 de enero de 2021
@trinomarquezc
El régimen de Nicolás Maduro destruyó a Pdvsa, a la Corporación Venezolana de Guayana, a la Cantv y Movilnet, a la Petroquímica, y a todas las empresas estatizadas durante las dos últimas décadas. Acabó con empresas tan exitosas como Agroisleña y La Electricidad de Caracas, entre los numerosos casos que podrían mencionarse. Durante años se hizo el distraído frente al contrabando de extracción de gasolina y alimentos subsidiados que salían para Colombia y Brasil en grandes camiones. Continúa permitiendo que el Arco Minero sea saqueado por las distintas mafias que controlan esa región. Allí, al sur del país, el Estado desapareció. Lo que domina es la barbarie.
Ese gobierno, que ha fomentado durante décadas la
corrupción y el asalto a la riqueza nacional –y que, de paso, está muy cerca de
perder Guyana, por desidia e irresponsabilidad- ahora acusa de corrupción a
Juan Guaidó, a los diputados electos en diciembre de 2015 y a un grupo
importante de personas que han acompañado al joven dirigente político a lo
largo de esa compleja etapa que se abre cuando Nicolás Maduro decide, en
los hechos, desconocer los resultados de los comicios legislativos de 2015,
convocar la Constituyente y llamar a las ilegítimas elecciones presidenciales
de de 2018, desconocidas por la mayoría de los países democráticos. Como se
recordará, la toma de posesión para el nuevo período presidencial que comenzaba
el 10 de enero de 2019, fue cuestionada por la oposición venezolana, con el
respaldo de la Unión Europea, un amplio sector de la OEA, el Grupo de Lima,
Estados Unidos y gran parte de las naciones democráticas. A partir de ese
momento, se consideró que, en términos jurídicos, la Presidencia había quedado
vacante y que el Presidente de la Asamblea Nacional debía cubrir ese vacío.
Ahora, muchos de quienes criticaron el llamado a las
elecciones de 2018, se negaron a reconocer a Maduro como jefe de Estado,
exigieron que el entonces Presidente de la AN cubriera el vacío constitucional
y se opusieron a aceptar la validez de las votaciones del pasado 6 de
diciembre, se hacen los desentendidos. Se han convertido en acérrimos
adversarios de Guaidó y de los diputados agrupados a su alrededor. Sin embargo,
previamente denunciaron como farsa la convocatoria de diciembre pasado, no
propusieron ninguna iniciativa válida frente a lo que convendría hacer cuando
esa cita se produjera y se instalara la nueva AN oficialista, el 5 de enero.
Esta falta de consecuencia y coherencia ha ido acompañada con llamados
piadosos a unas negociaciones abstractas, para la cuales no existen las
condiciones previas indispensables: acuerdos unitarios en el plano político,
organizativo y programático.
Los dirigentes de Avanzada Popular se dirigieron al
Parlamento Europeo para pedirles a los eurodiputados que admitieran que el
período de la AN electa en 2015 había expirado. ¿Cuál es propósito de
semejante demanda? No es otro que enrarecer aún más las relaciones dentro de la
oposición.
El objetivo fundamental de preservar el foro electo en
2015 consiste en impedir que Maduro siga disponiendo a su antojo de los
recursos nacionales y se endeude de forma alegre como lo hizo en el pasado. La
contraparte legislativa opositora persigue proteger los activos de la nación en
el exterior y mantener una trinchera para la lucha política. Esto lo entendió
perfectamente Josep Borrel, la Unión Europea y los gobiernos que han defendido
la tesis de la continuidad administrativa. También parece haberlo
comprendido la naciente administración de Biden. Mientras exista la dualidad de
poderes, aunque uno –el opositor- se encuentre internamente muy debilitado, los
gobiernos opuestos a Maduro contarán con mayores argumentos para propiciar el
diálogo, una salida pacífica, constitucional y electoral, meta que se busca
alcanzar desde hace mucho tiempo. En el caso particular de Estados Unidos, el
gobierno tiene una excusa formidable en sus manos para evitar que se liquide
Citgo y otros bienes de la República que se encuentran en esa nación
El
gobierno sabe que mientras exista ese incordio que es la AN de 2015, votada por
más de catorce millones de venezolanos, le será imposible alcanzar el
reconocimiento de la AN electa en diciembre pasado y darles legitimidad a los
acuerdos aprobados en ese aquelarre, controlado férreamente por el oficialismo,
con más de 90% de los diputados. El régimen es tan insaciable, que no
tuvo ni siquiera la gentileza de darles sesenta diputados -21%’ a los miembros
de la mesita y de otros grupos que participaron como comparsa.
La estrategia de Maduro ha sido clara: descalificar,
calumniar y amenazar a Guaidó, sus compañeros y seguidores. Decir que se han
enriquecido de forma obscena con los recursos de los venezolanos. Inventar
mansiones y fortunas incompatibles con personas que no recibieron sueldos a
partir de 2016, porque el régimen se negó a pagarles. El ariete de esta
demolición es Jorge Rodríguez, cuyo paso por el CNE dejó muchas sospechas
razonables. Lamentable que en esta jauría, orquestada por el régimen y todo su
aparato comunicacional, participen medios informativos y dirigentes que dicen
ser opositores.
Trino Márquez
@trinomarquezc
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