Por Froilán Barrios
En el contexto de la
Agenda Venezuela desarrollada durante el segundo gobierno de Rafael Caldera
(1993-1998) se impulsó en una primera fase la bonificación del salario de los
trabajadores, para luego de alcanzarse el acuerdo de revisión de la retroactividad
de las prestaciones sociales, en 1997, se concertó en el ámbito de la Comisión
Tripartita salarizar los bonos concedidos por el presidente de la República,
pues estos habían alcanzado la cantidad aproximada de 80% del ingreso mínimo
global de los trabajadores del sector público y privado.
Para quienes apliquen
el retrovisor de la historia laboral, el salario mínimo de un trabajador en
Venezuela a mediados de 1998 era de 15.000 bolívares y al convertir en salario
los bonos presidenciales, el salario mínimo llegó en las postrimerías de su
mandato a 100.000 bolívares, que en dólares se traducía aproximadamente en 196
dólares, un tanto distante del valor de la canasta alimentaria de 250 dólares
de la época, lo que derivó en controversias entre las centrales obreras y
corrientes sindicales en nuestro país.
Sin embargo, para aquel
entonces el hoy cuestionado “presidente obrero”, quien venía de militar a
comienzos de los noventa en un parapeto de partido marxista leninista
denominado Liga Socialista y siendo para ese momento flamante telonero de Hugo
Chávez en el MVR, desgarró sus vestiduras calificando de flexibilidad
neoliberal y explotador al acuerdo tripartito de lograr sumar al salario los
bonos adjudicados por el gobierno de Caldera de finales de siglo.
Pues bien, a 24 años de
aquella reforma salarial las paradojas de la historia nos conducen a otro
escenario, donde el otrora delegado sindical del Metro de Caracas, autoerigido
luego en forma fraudulenta como “presidente obrero”, ha pulverizado la más
importante institución laboral como es el salario, convirtiéndole en una
caricatura y en una burla para los trabajadores de cualquier parte del planeta,
a tal extremo que es el peor salario asignado a nivel global, como lo han
calificado la OIT, la ONU y centrales sindicales continentales.
Su gestión desde 2013
ha sido digna del más pervertido esquirol. En su más reciente etapa, a través
del ministro de Trabajo de turno, emitió un memorándum en octubre de 2018 para
suspender todas las contrataciones colectivas del sector público hasta el
presente, y cuando las convoca desmantela las conquistas laborales logradas
como lo ha hecho con los trabajadores petroleros y el sector educación.
Luego, continúa en su
ofensiva brutal contra el salario al sustituirlo por bonos de la patria, al
cual tienen acceso solo aquellos trabajadores que se han inscrito en el Sistema
Patria, siendo risible las cantidades que le asignan en cada oportunidad. Solo
en 2020 entregó 30 bonos que oscilan entre 1 y 2 dólares, cuyo procedimiento
coloca al beneficiario en la condición de limosnero que espera absorto y
doblegado la dádiva presidencial, y ahora en 2021 concede bonos a educadores y
personal sanitarios cercanos a los 12 dólares.
Entre tanto, el reclamo
de los sindicatos y gremios consiste en exigir la negociación colectiva como
método establecido en los convenios internacionales, la Constitución Nacional y
leyes del trabajo, que determinan al empleador Estado convenir las exigencias
laborales de salarios, seguridad social y condiciones de trabajo. Pero este los
sustituye por unos bonos de la miseria, muy distantes de la actual canasta
alimentaria de 250 dólares y de la otrora canasta de bienes de 1998.
En definitiva, el
“presidente obrero” actúa como un desclasado o lo que es similar, como aquellos
conversos que renegaron de sus principios en procura de sus intereses
personales. En este caso llevó a la guillotina a millones de trabajadores,
promovió la diáspora más despiadada a nivel global, solo para lograr el
capricho de mantenerse en el poder y servir de acólito a las potencias que
saquean los recursos nacionales en detrimento de la condición de vida de los
venezolanos.
Finalmente, para los
trabajadores, los sindicatos, gremios y el conjunto de la población, el
objetivo se dirige a la reconquista del trabajo digno, que garantice rescatar
de nuevo la condición de vida decente, ante un régimen criminal que se escuda
en las sanciones para ofrecer solo miseria y control ciudadano a cambio de
bonos-limosna y precarización laboral.
20-01-21
https://www.elnacional.com/opinion/los-bonos-miserables-del-desclasado-maduro/
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