Leopoldo López 27 de marzo de 2021
@leopoldolopez
A mediados de septiembre de 2020 se produjo un salto
cualitativo en la lucha por los Derechos Humanos y la Democracia en Venezuela:
la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos
sobre la República Bolivariana de Venezuela -designada por Michelle
Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU-
presentó el compendio, más de 400 páginas, que demuestra, a partir de
testimonios confiables y sólida documentación, las prácticas de secuestros,
desapariciones forzosas, ejecuciones extrajudiciales, torturas , violencia
sexual y de género, tratos crueles y humillantes, con los que el poder somete a
la sociedad venezolana. Crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen encabezado
por Nicolás Maduro.
La trascendencia del documento es múltiple. Cristaliza
años de sacrificios y desvelos de los familiares de las víctimas, innumerables
denuncias hechas por activistas y organizaciones defensoras de los Derechos
Humanos, representa a miles de testimonios de personas cuya dignidad, cuya
integridad física y moral han sido violentadas por el Estado torturador, a
pesar de no haber cometido delito alguno.
El que haya sido una misión internacional, integrada
por profesionales experimentados e irrefutables, potenció el valor de todo
cuanto allí se narra: despejó las dudas y neutralizó las
campañas de contrainformación, puesto que dejó en claro que la existencia
del Estado Torturador de Maduro es real. Demostró que hay modelos y
patrones de conducta para violar los Derechos Humanos. Puso en evidencia las
cadenas de mando que van desde Maduro y Padrino López hasta los perpetradores.
Desnudó las omisiones y la complicidad de la Fiscalía General de República
y de los sistemas judiciales civil y militar, que existen para garantizar la
impunidad de estos crímenes.
La reacción del régimen al informe fue estrictamente
una: descalificar la Misión. Señalar, con falsas afirmaciones, que la
investigación no tenía sustento. Pero lo único que cabía esperar, que se
produjera un cambio y cesaran de inmediato las prácticas del Estado Torturador
y comenzarán las investigaciones que deberían conducir al castigo de los
responsables, no ocurrió. Lo que sí ha pasado, es que los delitos se han
mantenido y se han intensificado.
En el marco de la 46ª sesión del Consejo de los
Derechos Humanos de la ONU -10 de marzo-, la jurista Marta Valiñas, presidenta
de la mencionada Misión, presentó la actualización del informe. Su relato
no deja lugar a dudas. Entre las cosas que destaca, mencionaré algunas: la
muerte en reclusión, del dirigente de la etnia pemón, Salvador Franco, a quien
se le negó la atención médica que necesitaba para salvar su vida; la grave
situación de salud y el estado degradante del lugar donde se encuentran
detenidos, que afecta al capitán Luis de la Sotta y al coronel -ya jubilado-
Oswaldo García Palomo, ambos sometidos a torturas y tratos infamantes; las
detenciones arbitrarias de, al menos, 36 ciudadanos, señalados por sus críticas
al régimen; la detención de Gilberto Sojo, miembro de Voluntad Popular y
parlamentario -quien ya estuvo preso y había sido liberado-, y del periodista
Roland Carreño, el 27 de octubre del 2020, miembro del equipo del presidente
Juan Guaidó, a quien se acusó de crímenes insólitos, como conspirar,
financiar el terrorismo y traficar con armas.
Entre muchos otros aspectos que es necesario subrayar,
y con ello pulsar el botón de alarma, está el de la ampliación
del “concepto estatal del enemigo interno”, que ahora se ha
extendido a organizaciones y activistas de ONG’S, dedicados a la defensa de los
derechos humanos y a labores humanitarias, como ha ocurrido con la detención
simplemente absurda de Johan León Reyes, Yordy Bermúdez, Layners Gutiérrez
Díaz, Alejandro Gómez Di Maggio y Luis Ferrebuz, miembros de Azul Positivo,
organización fundada en 2004, especializada en la prevención de enfermedades de
transmisión sexual, de forma particular, el VIH. En la Venezuela arrasada por
el hambre y las enfermedades, con un Estado que no ofrece respuesta alguna a
estas críticas realidades, la única reacción del régimen de Maduro es la
persecución y la cárcel para quienes trabajan para aliviar las penurias de las
personas. Mucho más podría agregar a esta relación: la continuación del juicio
infundado al diputado Juan Requesens, las diligencias del fraudulento TSJ para
asegurar la impunidad de los asesinos del capitán Rafael Acosta Arévalo, o el
descaro con que continúan los programas de ejecución extrajudiciales -hasta
mediados de marzo el número de ejecutados durante el 2021 superaba los 200
casos-.
He dicho, e insisto aquí, que lo deseable es que la
Unión Europea y Estados Unidos hagan un esfuerzo político y diplomático, y
establezcan un programa conjunto de sanciones a los responsables de las
violaciones, no solo a los ejecutores, sino también a los que han dado
las órdenes; a los que han diseñado los programas de persecución y
represión; y a cada uno de los cómplices, aquellos que disponiendo de los
medios para evitar asesinatos, torturas, secuestros, desapariciones forzadas,
violaciones y un sin número de abusos, nada han hecho por evitarlo.
Leopoldo López.
@leopoldolopez
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