Pedro Pablo Peñaloza 23 de marzo de 2021
@pppenaloza
La presidenta de la ONG Control Ciudadano sostiene que
el cierre de las fronteras con el Caribe Neerlandés ha incentivado la economía
ilegal, y advierte que los piratas despejan las zonas para favorecer el tráfico
de personas, drogas y minerales
La frontera entre Venezuela, Curazao y Aruba es el
escenario de una particular versión de los “piratas del Caribe”. Y no se trata
de una comedia. Al contrario, parece una película de terror. Las
debilidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) han facilitado la
incursión de grupos criminales que trafican personas, drogas, oro y otros
minerales entre las costas venezolanas y el Caribe Neerlandés.
“Venezuela se está convirtiendo en un espacio
marítimo de buen resguardo para la piratería”, advierte Rocío San Miguel,
presidenta de la ONG Control
Ciudadano. De acuerdo con la experta en temas militares, dos factores
contribuyen al auge de esta actividad delictiva: la “falta de capacidad
operativa” de la FANB y la participación de “autoridades del Estado” chavista
en estas prácticas irregulares. “Parece que el Estado da patente de corso a
los piratas”, alerta.
San Miguel afirma que “la piratería que funciona en
Venezuela tiene lazos comunicantes con el poder y el Estado, se enraiza de esa
manera”. Explica que, por un lado, los criminales atacan buques, lanchas y
peñeros buscando su botín. Así cargan con motores, las pertenencias de los
pasajeros y cualquier objeto de valor que encuentren en el asalto.
Pero, por otra parte, las arremetidas también
cumplirían un fin estratégico. “La piratería está asociada al control de
zonas. Por el temor, las rutas se desvían y quedan las aguas tranquilas para el
tráfico de drogas, personas y minerales. Es decir, la piratería garantiza
zonas limpias para que operen con facilidad tráficos ilegales que proporcionan
mayores recursos”, explica la abogada.
Puertas al mar
El régimen de Nicolás Maduro cerró en febrero
de 2019 la frontera con el Caribe Neerlandés, en medio del conflicto
político y diplomático que provocó el intento de hacer ingresar ayuda
humanitaria a Venezuela. Dos años después y pese a las protestas de los
pescadores y comerciantes del estado Falcón, la medida sigue vigente.
“El cierre de la frontera termina haciendo daño a los
pobladores y negocios lícitos, al tiempo que abre una caja de pandora a
los tráficos ilícitos de todo orden ”, apunta San Miguel. Sostiene que es
un error creer que bloquear las vías de comunicación con Curazao y Aruba puede
mejorar la seguridad en la zona. “Eso demuestra el desconocimiento del
concepto de seguridad”, enfatiza.
“En la medida en que existan pasos regulados, se
contribuye con la seguridad y el desarrollo. Aquí el Ejecutivo hace un daño a
los ciudadanos, mientras barcos siguen haciendo traslados de personas y bienes.
Entonces, ¿a qué se juega? Se juega a incentivar la economía ilegal en
torno a la frontera con Aruba y Curazao”, afirma la portavoz de Control
Ciudadano.
Si bien subraya la responsabilidad de Venezuela por
“haber abandonado sus fronteras”, la analista recuerda que investigaciones
confirman que “la mayor comercialización minera ilegal se está dando en Aruba y
Curazao”. Por esa razón, considera que “Holanda tiene que dar una respuesta
frente a esta situación”, pues la propia Unión Europea ha expresado preocupación por
la minería ilegal, su impacto ecológico y el tráfico por el Caribe Neerlandés.
Negocios turbios
La activista observa que bajo la revolución chavista,
“no ha habido un proyecto nacional para la consolidación de las fronteras”. Con
respecto al Caribe Neerlandés, comenta que en el pasado se hicieron esfuerzos
para impulsar mecanismos de cooperación e integración, “pero todo eso
se deshizo al imponerse una concepción militar con la llegada de Hugo Chávez al
poder” en 1999.
Sin embargo, estima que “esta visión geopolítica está
dando un vuelco tanto para los actores estatales como para los no estatales”.
¿El motivo? La frontera se ha convertido en “una mayor fuente de
riqueza ilegal”, producto del tráfico de personas, drogas, minerales y
combustible. “Esto cada vez es más visible para el país por las dinámicas
perversas en torno al anillo fronterizo de Venezuela”, comenta.
Mientras aumentan las operaciones criminales,
retrocede la presencia de la FANB. San Miguel indica que la firma de
los acuerdos entre la Armada Bolivariana y la española Navantia tenía como
objetivo fortalecer a este componente y aumentar la vigilancia costera en
las áreas jurisdiccionales y en la zona económica exclusiva, que genera
frontera con Estados Unidos.
No obstante, acota la vocera de Control Ciudadano,
todo eso “se ha venido abajo”. “Los contratos con Navantia fueron
complicados por los casos de corrupción y actualmente las patrulleras
oceánicas y de litoral no prestan el servicio adecuado que se esperaba en
términos de patrullaje, vista y registro de eventos en frontera”, asevera.
Hundidos
San Miguel dice que el Estado venezolano tiene
una posición “muy débil” en su fachada atlántica, norte y occidental a
consecuencia de los “problemas logísticos y presupuestarios de inoperatividad
que enfrenta la FANB”.
“El problema es que no hay recursos”, resume en
una línea. “Las dificultades del sostenimiento de la operatividad de la FANB
son reales en un país que no tiene ingresos, y los pocos ingresos de
Camimpeg (Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petroleras y de Gas)
no son orientados a la FANB sino al sostenimiento del poder”.
La última reforma de la Ley Orgánica de la FANB,
aprobada por la Asamblea Constituyente chavista, incluyó la creación de zonas
económicas especiales para abrir fuentes de financiamiento a la institución.
“Pero eso todavía está en pañales”, resalta San Miguel, quien agrega que la
Armada Bolivariana “sigue seca en ingresos para funcionar de manera óptima”.
Los principales líderes de este componente armado son
su comandante general, almirante William Serantes Pinto, y el jefe del Comando
Estratégico Operacional (Ceofanb), almirante Remigios Ceballos Ichaso. Pese a
que según la experta ambos “efectivos militares son muy activos en sus
buenas relaciones con el alto gobierno”, la Armada Bolivariana no ha podido
continuar sus inversiones en armamento y tiene “mal dotado al personal, sin
seguridad social y pasando trabajo en apostaderos y bases navales”.
Bajo amenaza
“La ausencia de patrullaje y de vigilancia costera en
Güiria, estado Sucre, ha generado situaciones graves de tráfico de
personas y la actuación de piratas marítimos y grupos armados”, describe la
responsable de Control Ciudadano.
A su juicio, lo que está ocurriendo en el oriente del
país, “con zonas donde no se puede entrar”, amenaza con repetirse en el
occidente. “Hay unas áreas de Falcón y de la fachada de Carabobo que están en
esa dirección. Una ruta del narcotráfico que viene por la vía
terrestre, que ha operado siempre y que encuentra espacios para seguir
fortaleciéndose, y consigue su salida natural por Falcón, Aragua y Carabobo”,
detalla.
Un puesto clave para enfrentar la presencia
guerrillera y a las mafias del narcotráfico es el comando fluvial y lacustre
del sur del Lago de Maracaibo, en el estado Zulia. ¿Cumple con su función? “Dudosamente
cumple, esa es una de las zonas más inseguras de Venezuela, con penetración de
grupos armados”, contesta.
La abogada expone que el régimen chavista no ha
honrado el artículo 15 de la Constitución, que dispone que “el Estado tiene
la responsabilidad de establecer una política integral en los espacios
fronterizos”, y ordena atender “la naturaleza propia de cada región
fronteriza a través de asignaciones económicas especiales”.
Esa deuda se traduce en la “pérdida de lo que
significa la importancia de la proyección geográfica del Estado en sus
diferentes planos”. Esto tiene un impacto en la actualidad y también en el
futuro, pues San Miguel destaca que en los próximos 50 años Venezuela
tendrá que apelar a su riqueza marítima para salir adelante.
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