Tulio Hernández 28 de marzo de 2021
@tulioehernandez
No
había terminado de diluirse el olor a pólvora en las calles de Caracas luego
del enfrentamiento entre las bandas criminales de la Cota 905 y la Guardia
Nacional; cuando otro conflicto armado, esta vez en Apure, viene a demostrar
que el Gobierno ya ni siquiera puede preservar la seguridad y la integridad del
territorio nacional. Por aferrase al poder a como dé lugar, han ido cediendo el
control de la nación a los gobiernos autocráticos de Eurasia, a grupos
terroristas colombianos y del medio oriente, y a mafias, bandas criminales y
clanes del narcotráfico. Un país desmembrado espacialmente donde sus habitantes
ya no se reconocen, entre sobrevivir o huir, solo queda despojos.
La degradación moral y el carácter delictivo de la
llamada revolución bolivariana han llegado al límite de exponer la vida de
militares venezolanos en la tarea de proteger los grupos irregulares de la
disidencia de las FARC dirigidas por Jesús Santrich, Iván Márquez y alias “El
Paisa”.
Porque -toda la prensa especializada lo sabe- ese el
trasfondo del enfrentamiento ocurrido, desde el pasado 19 de marzo, entre
tropas del Ejército venezolano y grupos irregulares de
la guerrilla colombiana en la frontera del estado
Apure (Venezuela), con el departamento de Arauca (Colombia).
El gobierno del dictador Nicolás Maduro ha sido hasta
el presente la gran alcahueta de los grupos guerrilleros colombianos -el
Ejercito de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC- que siguen
activos y se negaron a participar, o burlaron, el proceso de paz dirigido
por Juan Manuel Santos.
La dictadura no solo permite su presencia en territorio
venezolano, sino que los financia, apoya logísticamente y, tal como lo
demuestra desde hace años la Fundación
Redes, le asigna funciones de distribución de las bolsas CLAP; tareas de
control dentro de los procesos electorales; entrada a las escuelas rurales para
reclutar nuevos miembros; manejo de emisoras de radio fronterizas, y resguardo
de comunidades indígenas de los estados Apure y Amazonas.
De modo que lo ocurrido desde la noche del 19, el
enfrentamiento armado iniciado en las vecindades de la localidad apureña
de La Victoria, no es producto de la decisión de liberar el
territorio venezolano de la guerrilla colombiana sino una estrategia para sacar
de juego a la disidencia de la “Nueva Marquetalia” como se autodenomina la
guerrilla de Santrich.
La operación de las Fuerza Armadas Nacionales, que
lideran el ministro Padrino López (nunca un apellido fue tan acertado) y el
comandante estratégico operacional Remigio Ceballos, no es para combatir a la
guerrilla en su totalidad, sino a un grupo de guerrilleros que adversan a
Santrich, Márquez y “El Paisa”, los socios del gobierno de Maduro en el negocio
de la droga y en la estrategia de desestabilizar a Colombia y
al gobierno de Iván Duque.
Entre quienes disienten, sostienen varios medios
colombianos, está el grupo de Gentil Duarte, aliado a Jorge Eliécer Jiménez
Martínez alias “Arturo”, quien junto a Fabián Guevara Carrascal alias “Ferley”
controlaban el territorio de Apure a la altura de Arauquita.
Sus campamentos son los que han sido atacados por la
FANB. Es como si la policía de Estados Unidos, en un film de acción policial,
atacara a la mafia rusa no para acabar con el delito sino para limpiarle el
terreno de competidores a la mafia italiana.
El resultado de los enfrentamientos ha sido dramático
para la población local que ha tenido que huir en estampida para no quedar
crucificada en medio de la balacera. De acuerdo a las declaraciones del alcalde
de Arauquita, Etelivar Torres Vargas, el municipio colombiano
vecino, la mañana del lunes 22 habían llegado a los refugios abiertos, para
recibir a quienes huyen, 168 venezolanos. A las 5 de la tarde ya
habían arribado 1.200, y mientras escribo esta nota, miércoles 24
en horas de la tarde, el diario El Tiempo de Bogotá,
publica una declaración de José Miguel Vivanco, Human
Rights Watch (HRW), quien manifestó a través de Twitter su
preocupación por los venezolanos que se desplazaron a Colombia huyendo
de los enfrentamientos, en una cifra que calcula ya ha llegado a tres
mil.
La información oficial sobre la confrontación está
saturada de hermetismo y, como siempre, de medias verdades, manipulaciones
y fake news. La primera gran mentira, es la versión de que la
operación militar, hecha con aviones de guerra K8, helicópteros y soldados en
tierra, granadas y ametralladoras, que llenaron de pánico a la población
apureña, fue una respuesta a grupos irregulares que trataban de ingresar a
Venezuela desde Colombia.
Lo verdad es que todos los vecinos sabían,
incluso portales internacionales como Infobae, que
una semana atrás había movilización de militares y equipo de guerra a la zona
controlada desde hace ya largos meses por un campamento de las FARC comandado
por alias “Ferley”, en una zona conocida como Tres Esquinas.
Estamos ante una calamidad triple. Primero, para los
venezolanos, que como si no fuera suficiente con haber tenido que emigrar de
la Emergencia Humanitaria Compleja que azota a Venezuela desde
el 2017, ahora tienen que huir, como los colombianos de otra época, por una
confrontación bélica.
En segundo lugar, para las autoridades del municipio
colombiano de Arauquita que tienen que tomar medidas de emergencia,
abrir refugios, alimentar y atender sanitariamente a una migración inesperada.
Y, en tercer lugar, para el gobierno colombiano, que ha tenido que movilizar
tropas del Ejército, la Armada y la Aviación para proteger preventivamente su
territorio.
No había terminado de diluirse el olor a pólvora en las
calles de Caracas luego del enfrentamiento entre las bandas criminales de
la Cota 905 y la Guardia Nacional, una escena de barbarie
absoluta, cuando otro conflicto armado viene a demostrar que
el Gobierno ya ni siquiera puede preservar la seguridad y la integridad del
territorio nacional.
En las ciudades controlan, cada vez más, las bandas
armadas. Por el oriente, Sucre, el territorio es dominado por los
grandes clanes del narcotráfico. Por el sur oriente en Bolívar, por
las mafias del oro y los garimpeiros que cometen el mayor
ecocidio en el llamado Arco Minero del Orinoco. Por el sur
occidente la soberanía nacional está hipotecada por la presencia de elenos y faracos usando
a jóvenes venezolanos como combatientes en una franja que incluye Amazonas, Apure, Barinas, Táchira y Zulia.
Y en el subsuelo, las reservas petroleras ya
no son venezolanas sino un reparto entre chinos, iraníes y rusos.
Por ahora, como soberano y propio, solo nos queda el espacio aéreo. Porque una
buena parte de las reservas internacionales, que los chavistas convirtieron en
barras de oro, están secuestradas en el Reino Unido. Y las
empresas, algunas veces prósperas que tuvimos en el exterior, como Citgo en Estados
Unidos y Monómeros en Colombia, están en
una situación incierta que cualquier cosa con ellas puede ocurrir. Venezuela se
desangra con cinco millones de sus pobladores desterrados. Y ahora se
descompone espacialmente perdiendo su territorio por obra de una cúpula de
gobierno conformada por civiles de ultra izquierda y militares golpistas que,
por ambición e incompetencia, por aferrase al poder a como dé lugar, han ido
cediendo el control de la nación a los gobiernos autocráticos de Eurasia,
a grupos terroristas colombianos y del medio oriente, y a mafias, bandas
criminales y clanes del narcotráfico que nos hacen cada vez menos nación, menos
país y menos unidad territorial. Cada vez mas despojos.
Tulio
Hernández
@tulioehernandez
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