Gonzalo González 26 de mayo de 2021
Hay
quienes sostienen que estamos ante una apertura del régimen para negociar una
solución a la crisis política. Al respecto resulta conveniente glosar algunas
acciones del oficialismo en el mes en curso para evaluar la afirmación arriba
mencionada:
Se continúa
ignorando las recomendaciones del Comité de Expertos (pluralmente integrado) en
torno a cómo gestionar la pandemia; y a la vista nada de plan de vacunación. Se
insiste criminalmente en usar covid-19 como mecanismo de control sociopolítico.
Ocupación
militar de las instalaciones de El Nacional cuando estaba
pendiente una apelación de la empresa ante la decisión conocida. Algunos
especulan que esto es un round de la disputa a lo interno en
el seno del chavismo; diferencias debe haberlas, pero la magnitud, alcance y
los órganos del Estado involucrados en el operativo restan credibilidad a la
especulación. Lo ocurrido es congruente con la política chavista ante la prensa
libre e independiente.
El TSJ
prorrogó la intervención del partido Acción Democrática en vísperas de un
proceso electoral. Es una compensación a Bernabé Gutiérrez y su claque por su
cuota perdida en el CNE.
El
traslado de los presos políticos a centros de detención de procesados y
condenados por delitos comunes (cuando lo justo es que recuperen su libertad
sin restricciones) es presentado como una concesión y un gesto positivo, cuando
en realidad puede terminar siendo para ellos una tragedia mayor porque pasan de
la tutela del Estado a la del pranato.
Continúa
el acoso a las oenegés de diverso espectro y ámbito de acción para dificultar
su funcionamiento y propiciar la desaparición de las mismas.
El
contralor general advirtió que todo lo referente a las inhabilitaciones
políticas es de su competencia. Afirmación innecesaria y dirigida a
obstaculizar cualquier arreglo político al respecto.
Difícilmente
esos actos del régimen puedan ser asumidos como de apertura y propiciatorios de
un ambiente menos crispado y estimulante a una interlocución productiva. Actúan
de esa manera porque consideran que controlan la situación y la gobernabilidad
no corre peligro inminente.
Soplan
vientos de negociación, las fuerzas democráticas más relevantes —tanto
endógenas como exógenas— dicen estar dispuestas a propiciar ese camino, también
la ciudadanía lo ve con buenos ojos porque siente que sería la mejor fórmula;
el régimen, a su manera y formas, también dice quererla.
El
asunto es que para que se materialice esa opción de manera productiva —y no
aborte como en el pasado— y sirva solo para que el oficialismo gane tiempo hay
que despejar algunas incógnitas y superar debilidades del lado democrático.
De
cara a un proceso de negociación las fuerzas democráticas venezolanas se
encuentran en una situación de debilidad manifiesta: divididas, desmovilizadas,
con varias estrategias andando y con una capacidad de presión ciudadana
bastante precaria. Del lado de los aliados internacionales la situación tampoco
es la mejor, los Estados Unidos y la Unión Europea, si bien coinciden en
apostar por una negociación y en usar el recurso de las sanciones como
instrumento de presión al chavismo, no han logrado avanzar en la coordinación
de esfuerzos, en definir qué es lo que se asume como propuesta en el campo
electoral ni en el tipo de presión lo suficientemente potente y creíble para
persuadir tanto a los poderes internacionales que apoyan al régimen como al
régimen mismo de aceptar una salida electoral justa, libre y transparente.
En
relación al nuevo CNE, los rectores no chavistas parecieran estar en la tónica
de que se debe participar en los comicios de noviembre, sí o sí, a despecho de
las condiciones y de la falta de confianza de la sociedad en un organismo con
mayoría chavista.
Lo
expresado por el vicepresidente Márquez en el sentido de que hay que prepararse
para unos comicios medianamente transparentes no ayuda a recuperar la confianza
del electorado. Tampoco entiendo cómo, si saben del deterioro del organismo
comicial y de la falta de personal técnico calificado, aceptan juntar en un
mismo proceso la elección de gobernadores y diputados regionales —que es lo que
tocaría— con la elección de alcaldes y concejales. Juntar ambos comicios es una
empresa harto compleja para la cual, al día de hoy, el CNE no está (según
fuentes internas del organismo y otras técnicamente solventes) preparado para
gestionar con la eficiencia del caso. Esa es otra inexplicable concesión al
chavismo.
Gonzalo
González
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