¿Negociar es caer de nuevo en la trampa de Maduro?, por Humberto García Larralde

Humberto García Larralde 24 de mayo de 2021

La propuesta de negociación de un Acuerdo de Salvación Nacional con el régimen de Maduro, lanzada por Juan Guaidó la semana, pasada parece haber vivificado la política de la oposición democrática. Por lo menos eso es lo que se desprende de la controversia que ha suscitado. Se propone lograr:

– La convocatoria pública de elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales y municipales, con condiciones electorales adecuadas y reconocimiento internacional.

– La entrada masiva de ayuda humanitaria y de vacunas contra el COVID-19.

– Garantías democráticas para todos los actores políticos, tanto del chavismo, como de la oposición, lo que incluiría la liberación de todos los presos políticos y la consideración de medidas de justicia transicional, en un marco de reconciliación política y de reinstitucionalización del país.

– Un compromiso internacional para la recuperación de Venezuela, que permita el levantamiento progresivo de sanciones, sujeto al cumplimiento del Acuerdo.

Esta propuesta, como insistió Guaidó al anunciarla, sólo será posible a través de un proceso simultáneo de presión y negociación, nacional e internacional.

Para voces radicales de oposición se trata de una ilusión, cuando no de una traición, ya que obvia la naturaleza del régimen: éste no llegará a acuerdo alguno que pudiera contribuir a su salida. Por tanto, se estarían sembrando falsas expectativas a la población y a la comunidad internacional, que siempre ha apostado por una salida negociada, haciéndole el juego a Maduro para que alargue su permanencia en el poder. En tales términos, las opciones se reducen a una intervención extranjera o un golpe militar

Pero despachar el análisis con descalificativos fáciles, además de injusto, es contraproducente, ya que impide evaluar seriamente los alcances de lo que se propone. No puede sostenerse, a estas alturas, que Guaidó y quienes lo acompañen desconozcan la naturaleza fascista del régimen. El proceso de desengaño de los venezolanos sobre sus verdaderas intenciones ha sido demasiado duro, prolongado, amargo y costoso en lo humano. Lo que mueve a Maduro y los suyos no tiene nada que ver con el bienestar de sus compatriotas y, no obstante su retórica “revolucionaria”, no los anima proyecto alguno, sea socialista o nacionalista, que permitiría arribar a soluciones consensuadas con la democracia. Su objetivo central es, por encima de todo, perpetuarse en el poder para continuar expoliando el país. De ahí que no rectifican sus ruinosas políticas ni les preocupa restablecer el ordenamiento constitucional porque, junto a la instauración de un régimen de terror contra la oposición, son consustanciales con este fin. La consecuente miseria, hambre y muertes evitables, les rueda. Si levantaron algunos controles de precio, permitieron la dolarización transaccional y aprobaron una “ley antibloqueo” para vender activos públicos, fue porque no les quedaba de otra. Acusar a Guaidó de desconocer la naturaleza del régimen solo busca descalificar todo intento de negociación y a él como líder.

Pero, entonces, ¿a cuenta de qué una negociación con estos personeros puede tener futuro? La razón está en que el régimen tiene tanto o más interés que la oposición en explorar salidas, porque su prolongada actividad parasitaria ha minado sus propias bases de sustento. El régimen de expoliación instaurado es cada vez menos viable y expuesto a pugnas internas de todo tipo, en competencia por lo que queda de botín. Y, un poder que descansa sobre alianzas forjadas con militares traidores, bandas criminales y estados-paria para depredar a la nación, corre peligro cuando merman tan drásticamente los recursos a compartir. Adicionalmente, Maduro y sus cómplices están imputados por fiscales de Nueva York y Florida de narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo y tienen encima una investigación de la Corte Penal Internacional (CPI), además de la condena de los organismos de defensa de los derechos humanos de la ONU y la OEA, como de reconocidas ONGs. A muchos se les han congelado las cuentas que poseen afuera de dineros mal habidos. Más allá, Alex Saab habrá de ser extraditado a EE.UU. y se anticipa que, para disminuir su condena, divulgue los intríngulis de sus ilícitos con Maduro.

De ahí el interés en negociar, con la esperanza de que, al tomar una que otra medida en la dirección esperada y ceder en algún requerimiento, les sean levantadas las sanciones y consigan el ansiado respiro para seguir con sus “negocios”. En este orden encaja la anuencia de Maduro, ¡al fin!,  de permitir, la entrada de ayuda humanitaria del Programa Mundial de Alimentos, así como de vacunas anti Covid (a pesar de su saboteo inicial, ¡porque Guaidó había contribuido en concertar el programa COVAX para el país!); el nombramiento, por parte de la AN chavista, de dos demócratas como rectores principales del CNE; la concesión de arresto domiciliario, en lugar de cárcel, a los directivos de CITGO; la confesión, por parte de la fiscalía, de que el concejal Fernando Albán fue asesinado y torturado, estando preso en el SEBIN, que el capitán Arévalo también sufrió torturas (que produjeron luego su muerte), y que la muerte del estudiante Pernalete fue homicidio, perpetrado por un Guardia Nacional.

¿Esto nos lleva a creer que, por fin, Maduro está retornando al redil constitucional y que reconoce que ha vulnerado derechos fundamentales de los venezolanos? ¡En absoluto! Pero se ve forzado a abrirse a un proceso de negociación. De ahí los gestos referidos. Pero no todos los de su bando están contentos con ello. El ansiado alivio presupone sacrificar o marginar a algunos. La apropiación de las instalaciones de El Nacional por parte del asaltante de caminos que ha revelado ser Diosdado Cabello, tendría explicación desde esta perspectiva. A él no lo ningunea nadie y toma medidas para demostrarlo. Medidas retrógradas contra las ONGs y la amenaza de avanzar hacia formas de “estado comunal”, pudieran ser expresiones en el mismo sentido. En ese tinglado de mafias que viven del régimen de expoliación implantado –y que constituyen su principal apoyo—se agudizan las contradicciones. La muerte y captura de soldados en Apure, por parte de una disidencia de las FARC, son la medida de los riesgos involucrados en pactar este tipo de apoyos. Habrán de presentarse nuevas manifestaciones de ello.

Más indicativo, aún, de la desesperación que parece embargar el régimen por aliviar su situación es la revelación de su oferta por vender PdVSA “por piezas”, sin pasar por licitaciones públicas ni regulaciones legislativas, y que les proveería un monto que sumaría 77 millardos de dólares[1]. Pero tal oferta tendrá muy poca viabildad si el régimen no logra negociar el levantamiento de sanciones.

De ahí la potencialidad de la propuesta de Guaidó. Vincula necesariamente una negociación de esta naturaleza con un programa de compromisos a cumplir, que desembocarían en unas elecciones presidenciales y legislativas creíbles y aceptables. Por supuesto, lo clave está en jugar cuadro cerrado con los países democráticos que apoyan el retorno de la democracia en Venezuela y de quienes depende el levantamiento de estas sanciones. Obviamente, Maduro y los suyos no darán su brazo a torcer, por lo que la amenaza de reforzar las sanciones y de interferir los apoyos de Rusia, Cuba, Irán y China, podrá ser decisiva. La negativa de las mafias a ceder debe traducirse en un costo inadmisible para sí. En el plano interno, presupone limar las diferencias entre sectores de la oposición democrática y forjar los consensos y la unidad de propósitos que permitan alimentar la confianza de la comunidad internacional en su seriedad y responsabilidad. Si el acuerdo de salvación nacional es respaldado por todos y cuenta con un sólido apoyo internacional, habrá de debilitar aún más a los fascistas.

Desde esta perspectiva, la discusión, ahora divisiva, sobre si participar o no en los comicios regionales y municipales convocados pasa, por los momentos, a un segundo plano. Se subordina a la conquista de condiciones apropiadas para la realización de elecciones, esbozada como primer punto del acuerdo propuesto. ¿Es realmente positiva la designación de Enrique Márquez y Roberto Picón al CNE? Tendrá que ponerse a prueba en los próximos meses.

Humberto García Larralde