Ángel Bermúdez 21 de mayo de 2021
@angelbermudez
Alejandro
Andrade vivía en una mansión valorada en más de US$8 millones, coleccionaba
caballos de competencia, relojes de marca y autos de lujo.
En
noviembre de 2018, Andrade fue condenado en Estados Unidos a 10 años de prisión
por lavado de dinero y se convirtió en la figura más emblemática de las
numerosas denuncias de malos manejos de fondos públicos que durante años han
surgido en la Venezuela chavista.
Este
teniente retirado fue guardaespaldas y secretario privado del fallecido mandatario Hugo
Chávez, quien lo nombró como Tesorero Nacional de Venezuela entre
2007 y 2010.
En ese
lapso, Andrade se enriqueció dando acceso a ciertos empresarios privilegiados a
miles de millones de dólares que él manejaba gracias al sistema de control de cambios
instaurado en ese país.
Durante
el juicio reconoció haber cobrado sobornos por US$1.000 millones y se
comprometió a entregar a las autoridades estadounidenses un monto equivalente.
Así
fue como le fueron decomisadas cinco propiedades, diez vehículos de lujo, 17
caballos de competencia, 35 relojes de marca, así como el dinero depositado en
nueve cuentas bancarias en EE.UU. y Suiza.
Nunca
antes se había recuperado en un juicio criminal en Florida tanto dinero
procedente de la corrupción en un país extranjero.
"Es
el caso más grande en la historia de Florida bajo la Ley de Prácticas
Corruptas en el Extranjero", dice a BBC Mundo el abogado Michael Díaz,
director principal del bufete Diaz Reus & Targ, quien representó a dos
personas implicadas en el juicio de Andrade.
Pero
este no es el único proceso de corrupción en Venezuela que se investiga en
Estados Unidos, donde hasta febrero de 2021 había 38 casos que involucraban a
164 personas y numerosas empresas, de acuerdo con la ONG Transparencia
Venezuela, una filial de Transparencia Internacional.
El
pasado 21 de abril, un tribunal de Florida condenó a Edoardo Orsoni, un
exrepresentante legal de la estatal PDVSA, por haber aceptado sobornos de
empresarios a cambio de la concesión de contratos con la petrolera venezolana.
Orsoni
se comprometió a devolver US$4,5 millones, incluyendo la entrega
de dos propiedades en un condominio de lujo en el cotizado barrio de Brickell,
en Miami.
Entre
los montos recuperados en los juicios de Andrade y Orsoni hay una diferencia
enorme, pero en ambos casos se trata de cantidades importantes para una
Venezuela que está inmersa en una profunda crisis económica.
De
cualquier modo, no será fácil que esos fondos regresen a su país de origen.
Pero,
¿de cuánto dinero estamos hablando?
El
destino desconocido de US$300.000 millones
Venezuela
vivió una bonanza petrolera durante la primera década de este siglo que, con
algún altibajo, se extendió hasta 2014. Se estima que en ese periodo obtuvo
ingresos por US$1 billón, es decir, un millón de millones de dólares.
De
esos fondos, de acuerdo con denuncias hechas en 2016 por Jorge Giordani, quien
fue miembro del gabinete de manera casi ininterrumpida durante 14 años (primero
con Chávez y luego con Nicolás Maduro), se habían perdido unos US$300.000
millones, cuyo uso no aparecía bien respaldado en las cuentas públicas.
Considerado
como el "cerebro" económico del chavismo como ministro de
Planificación, Giordani salió del cargo en 2014, cuando se distanció de Maduro.
Transparencia
Venezuela ha ubicado alrededor del mundo 236 casos relacionados con corrupción
en Venezuela, de los cuales sólo se conoce la cantidad de dineros públicos
comprometida en 114 casos: US$52.000 millones.
Pero
¿cuánto de este dinero se ha recuperado en Estados Unidos? No hay una respuesta
exacta hasta ahora.
"El
Departamento de Justicia sabe cuánto ha decomisado en cada caso. El gobierno
tiene esas cifras, pero no están disponibles para el público de una forma
sistemática y organizada, por lo que para saber esta información hay que ir
juntando datos sueltos en notas de prensa y resoluciones judiciales", dice
a BBC Mundo Nate Sibley, investigador de la Iniciativa contra la
Cleptocracia del Instituto Hudson.
El
Departamento de Justicia de EE.UU. declinó participar en este reportaje,
mientras que el Departamento del Tesoro no respondió a las consultas de BBC
Mundo sobre este tema.
Cifras
manejadas por la Iniciativa para la Recuperación de Activos de Venezuela
(Inrav), una ONG formada por ciudadanos venezolano-estadounidenses, valoran en
unos US$1.500 millones el monto de los bienes decomisados hasta
ahora en el contexto de estos juicios por corrupción en Estados Unidos.
Aunque
no hay una cifra oficial acerca de cuánto de ese dinero se encuentra disponible
de forma inmediata, varias fuentes conocedoras del tema coincidieron al decir a
BBC Mundo que hay unos US$500 millones.
El
resto corresponde a bienes decomisados que no han sido vendidos aún o están relacionados
con procesos judiciales aún inconclusos.
Para
poner estas cifras en contexto, cabe destacar que el monto total
decomisado equivale a casi una cuarta parte de las reservas internacionales del
Banco Central de Venezuela (unos US$6.269 millones), mientras que el
dinero que toda la comunidad internacional ha dedicado durante los últimos
cuatro años a atender la crisis migratoria de Venezuela suma unos US$580
millones.
Aunque
el de Andrade es el mayor caso resuelto de recuperación de bienes robados por
la corrupción en Venezuela, no es el proceso más grande que se conozca.
En
Andorra están siendo juzgados varios exfuncionarios de PDVSA acusados de cobrar
US$2.300 millones en sobornos.
La
gran diferencia es que en Estados Unidos ya hay varios juicios concluidos y que
muchas de las personas que han sido investigadas en ese país han colaborado
activamente con la justicia, optando por declararse culpables y por facilitar
las investigaciones.
En la
práctica, eso ha derivado en una mayor recuperación de bienes y, también, en
unas condenas atenuadas o, incluso, inexistentes.
El
abogado Michael Díaz afirma que las dos personas a las que representó en el
caso Andrade (un familiar y un exsocio del extesorero chavista) nunca fueron
imputadas ni sufrieron alguna sanción como la revocatoria de la visa
estadounidense. Eso sí, colaboraron con las investigaciones y
entregaron bienes equivalentes a unos US$300 millones.
En el
caso de Orsoni, otro cliente de Díaz, pese a su admisión de culpa le
sentenciaron a cumplir solamente tres años en libertad condicional.
Esta
pena atenuada fue solicitada por la propia Fiscalía, que señaló en un documento
que el acusado había provisto una "asistencia sustancial que favoreció la
investigación del gobierno y el enjuiciamiento de otras personas que han
cometido delitos contra Estados Unidos".
¿De
quién es el dinero?
Pero
¿qué pasa con esos recursos una vez que son decomisados al terminar los
juicios?
"Legalmente
la propiedad de los bienes decomisados se transfiere a Estados Unidos",
responde Nate Sibley, del Instituto Hudson, un centro de estudios con sede en
Washington.
Una
vez concluidos estos procesos penales este dinero es depositado en un fondo del
gobierno estadounidense en el que se acumulan los recursos procedentes de todos
estos juicios por corrupción en distintos países del mundo.
Esos
recursos pueden ser usados para cubrir los gastos asociados con la
investigación y con el decomiso y gestión de los bienes recuperados, así como
para retribuir a las agencias del gobierno que participaron en el caso y para
responder a las reclamaciones de los acreedores o de las víctimas.
"No
suele ser un proceso particularmente transparente, es algo que ocurre tras
bastidores entre las agencias gubernamentales", apunta Sibley.
Díaz
explica que el Departamento de Justicia decide cuáles de sus agencias
compartirán esos fondos.
Señala
que en el caso de Andrade la instrucción que recibieron sus clientes por parte
del Departamento de Justicia fue entregar la mitad de los recursos al
Departamento de Seguridad Nacional y la otra parte, al Cuerpo de Alguaciles de
Estados Unidos.
"Todo
eso se hizo con la aprobación del Departamento del Tesoro e incluso del
Ejecutivo, del presidente de Estados Unidos", asegura.
Sibley
afirma que aunque no haya mucha transparencia y pese a que efectivamente en el
corto plazo el gobierno estadounidense puede usar esos recursos para financiar
otras operaciones anticorrupción, el objetivo final es devolverlos a sus países
de origen.
"Ellos
no toman simplemente el dinero y se olvidan. Saben que ese dinero fue robado",
afirma.
Pero,
entonces, ¿es posible que Venezuela recupere ese dinero? Es complicado…
Fondos
a Venezuela
"El
retorno de activos recuperados de la corrupción se hace constantemente cuando
es de Estado a Estado", dice a BBC Mundo María Alejandra Márquez,
presidenta de la Inrav(Iniciativa para la Recuperación de Activos
de Venezuela).
Advierte,
sin embargo, que en el caso de Venezuela la situación es más difícil que en
otros lugares.
Explica
que una forma en la que los países recuperan ese dinero es peleando caso por
caso en los tribunales, donde deben argumentar que el dinero debe regresar al
país que fue victimizado, pero que esto suele ser un proceso lento y
complicado.
"Es
una tarea titánica. La verdad es que Venezuela no tiene ni la situación
ni la capacidad institucional para llevar eso a cabo en este
momento", señala.
Los
países de donde fueron sustraídos los fondos también pueden acceder a esos
recursos cuando sus autoridades judiciales cooperan activamente en la
investigación, por lo que al concluir el proceso pueden compartir los recursos
recuperados con el país de destino.
Una
última fórmula se basa en acuerdos entre Estados.
Márquez
señala que en las circunstancias actuales no luce viable la aplicación de estos
mecanismos en el caso de Venezuela, pues el gobierno de Nicolás Maduro no
es reconocido por más de 50 países (incluyendo Estados Unidos) y "no
cuenta con tres poderes separados y funcionales".
"El
drama de Venezuela es que es un Estado que es a la vez víctima y victimario,
porque sus instituciones son las que causan el daño que termina afectando a la
gente y al propio país", explica.
Nate
Sibley coincide. "No hay posibilidad de que ese dinero sea entregado a
Maduro. Obviamente, Estados Unidos no va a devolver el dinero a países en
los que va a volver a ser robado y ese es el caso de Venezuela en este
momento", opina.
El
gobierno de Maduro, por su parte, afirma que Washington quiere asfixiarle
económicamente para forzar un cambio de gobierno en Venezuela.
El
mandatario y otros portavoces de su gabinete han acusado a Estados Unidos de
"apropiarse ilegalmente" de los recursos congelados en ese país,
incluyendo cuentas bancarias y la refinería Citgo.
En
cuanto a la posibilidad de que el dinero recuperado en los juicios por
corrupción sea entregado al gobierno interino encabezado por el opositor Juan
Guaidó, reconocido por Washington, Sibley también encuentra limitaciones.
"El
principio que guía la política de EE.UU. es que se debe devolver el dinero de
una manera que beneficie al pueblo venezolano. En este momento, Guaidó
es considerado como presidente legítimo en Washington pero él no controla las
palancas del poder que le permitirían distribuir ese dinero
directamente en Venezuela de una forma que pueda favorecer a la gente como, por
ejemplo, con la distribución de ayuda humanitaria", asegura.
Lo
intentos de Guaidó
Pese a
ello, el gobierno de Guaidó ha intentado por varias vías acceder a esos fondos.
Carlos
Vecchio, a quien Washington considera como embajador en Estados
Unidos del gobierno interino, dice a BBC Mundo que desde 2019 han intentado
recuperar el uso de esos recursos en favor de Venezuela.
"Cuando
me tocó asumir esta responsabilidad, lo primero que hicimos fue activar todas
estas líneas con el gobierno de EE.UU. Hablamos con ellos sobre la necesidad de
crear un fondo que se alimente de los bienes que ellos han recuperado de la
corrupción", afirma Vecchio.
Según
la prensa estadounidense, las negociaciones con el gobierno del entonces
presidente Donald Trump para compartir ese dinero no
dieron resultado, lo que obligó a los representantes del gobierno de Guaidó a
acudir a los tribunales, donde no corrieron con mejor suerte.
En un
juicio realizado en 2020, un tribunal de Florida rechazó los intentos de los
abogados contratados por el gobierno interino para obtener una restitución de
fondos por un caso de corrupción en PDVSA.
De
acuerdo con la Fiscalía, la petrolera venezolana no solamente no puede
ser considerada como víctima -por ser una institución completamente
controlada por un estado soberano-, sino que además fue "cómplice" en
los esquemas de soborno y de lavado de dinero que estaban siendo juzgados.
Michael
Nadler, quien fue fiscal asistente en el distrito sur de Florida y participó en
varios de estos procesos, incluyendo el de Andrade, explicó a BBC Mundo que
Venezuela también tenía dificultades para demostrar que había sufrido pérdidas
pues en muchos casos los contratos por los que se habían pagado sobornos habían
sido cumplidos cabalmente.
Vecchio
afirma que en 2019 le plantearon al Departamento de Justicia la necesidad de
cambiar la definición de víctima que estaban aplicando, argumentando que el
pueblo venezolano necesitaba ser resarcido.
Al
mismo tiempo, intentaron convencer al gobierno de Trump de crear un fondo para
repartir los recursos recuperados en estos juicios por corrupción.
Ambos
esfuerzos resultaron infructuosos.
La
ventana de la Ley Verdad
Pero
mientras las negociaciones con el Ejecutivo no terminaban de avanzar, en el
Congreso se trabajaba en la "Venezuela Emergency Relief, Democracy
Assistance, and Development Act of 2019", mejor conocida como Ley
Verdad, una norma aprobada en diciembre de 2019 con apoyo bipartidista que
contempla la posibilidad de crear un fondo para recoger los recursos
recuperados de la corrupción para devolverlos a un futuro nuevo gobierno en
Venezuela.
Pero
esa norma dejaba la creación del fondo en manos de la Casa Blanca, que no lo
concretó.
Entonces,
según afirma Vecchio, estuvo trabajando con varios senadores de ambos partidos,
incluyendo a Bob Menéndez, Marco Rubio, Tim Kaine y Ted Cruz, para crear por
ley este fondo con recursos recuperados de la corrupción en Venezuela.
"Creo
que hay una oportunidad de que estos recursos puedan utilizarse,
siendo manejados por el gobierno de EE.UU. bajo una mínima coordinación con
nosotros (el gobierno de Guaidó). Estaría controlado y supervisado por ellos y
se podría usar para la ayuda humanitaria, para la compra de vacunas",
señala Vecchio.
Esta
iniciativa avanzó el 29 de abril, cuando los senadores Marco Rubio y Ted Cruz
introdujeron en el Congreso un proyecto de la Ley de Preservación de la
Responsabilidad por los Activos Nacionales (PANA, por sus siglas en inglés) que
contempla la creación del fondo con el dinero recuperado en los juicios de
corrupción vinculados con Venezuela.
Según
la propuesta legislativa, esos recursos serían manejados por el Departamento de
Estado para "el desarrollo de la democracia y de la sociedad civil"
en Venezuela.
María
Alejandra Márquez, de Inrav, señala que disponer del fondo permitiría proteger
esos recursos recuperados y agilizar el proceso de devolución pues cada vez que
concluyera un juicio, el juez podría ordenar enviar directamente ese dinero al
fondo.
Considera
que las normas sobre el uso del fondo deberían contemplar cómo, cuándo
y a quién se le va a entregar ese dinero.
"La
situación de Venezuela es tan irregular que si no se toman decisiones
creativas para proteger este dinero, es indudable que no va a volver a
Venezuela. Se va a perder en el tiempo en la burocracia estadounidense
a la espera de que Venezuela algún día arregle su situación y venga a
reclamarlo", concluye.
Tomado
de: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-57081595
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