Juan Manuel Ojeda 22 de mayo de 2021
@jmojedag
El análisis concluye que los extranjeros
participan poco en ilícitos, pero están sobrerrepresentados en casos de tráfico
de droga. Pero, dicen los autores, esto sería un problema acotado.
“Los
extranjeros participan poco en delitos y, más aún, su participación relativa ha
venido cayendo en los últimos años”. Esa es una de las principales conclusiones
a las que llega el capítulo “Inmigración y delincuencia: Un problema acotado”.
El estudio es parte de la segunda edición del libro del Centro de Estudios
Públicos (CEP) llamado Inmigración en Chile: Una mirada multidimensional, que
será lanzado este martes.
El
capítulo, escrito por los autores Nicolás Blanco, Loreto Cox y Valeria Vega,
utilizó datos facilitados por la Defensoría Penal Pública (DPP) para causas
cerradas entre los años 2006 y 2018. Blanco explica el principal hallazgo del
análisis realizado: “El objetivo de esta investigación consistía en revisar
este mito que asocia a los migrantes con la delincuencia, con el objetivo de
poder desmentirlo o corroborarlo a la luz de la evidencia de los datos, y lo
que encontramos fue que efectivamente es falso”.
El
texto explica que “el gran flujo de inmigrantes al país en los últimos años no
ha venido acompañado de un aumento en su participación en delitos, sino lo
contrario” (ver infografía). En esa misma línea, los autores señalan que “los
datos para Chile son contrarios a la creencia, extensamente compartida, de que
los inmigrantes elevarían los índices de criminalidad: los extranjeros en Chile
participan poco en delitos y, es más, su participación ha venido cayendo en años
recientes”.
El
director nacional del Servicio Jesuita a Migrantes, José Tomás Vicuña, comenta
estos hallazgos. A su juicio, “si los datos muestran lo contrario a la
percepción, debemos preguntarnos por qué existe ese mito”. Vicuña considera que
“distintas autoridades públicas han relacionado una y otra vez la migración con
delincuencia o cuando hay algún hecho delictual, medios de comunicación señalan
la nacionalidad de quien lo comete como algo primordial”.
Esto,
plantea el sacerdote, “ocurre en Chile y en el mundo, entonces se va tejiendo
un relato que erróneamente relaciona algo que no existe: vínculo entre
migración y delincuencia”.
En esa
misma línea, el jefe de la unidad de Defensas Especializadas de la DPP, Pablo
Aranda, dice que las conclusiones a las que llega el CEP son una “confirmación
de lo que hemos venido sosteniendo desde hace años”, ya que “nuestras cifras
nos indican que si bien la proporción de imputados ha subido en los últimos
años, sigue siendo muy baja, ya que en 2019 alcanzó el 4% del total de
imputados que atendimos”. En esta misma línea, afirma que la mayoría de los
casos por los que los migrantes son detenidos “son por delitos de baja
penalidad”.
“Esta
idea de la migración vinculada a la criminalidad no es más que un estereotipo que
debemos combatir, pues genera una estigmatización y discriminación. Por lo que
resulta muy peligroso utilizar esta idea a la hora de establecer una política
migratoria, ya que no se trata de cuestiones que estén intrínsecamente
relacionadas”, finaliza Aranda.
Tráfico
de drogas
Otra
de las conclusiones del estudio del CEP es que la excepción a la baja
participación de inmigrantes en delitos son aquellos relacionados a la Ley de
Drogas. “Los extranjeros están sobrerrepresentados en delitos de drogas, en casi
tres veces entre las imputaciones y en más de cuatro veces en el caso de las
condenas”, afirman los autores.
Sin
embargo, también agregan que “en cualquier caso, la concentración de
extranjeros en delitos de tráfico de droga y en el norte no ha crecido más allá
del aumento reciente de la población extranjera”. En esa misma línea, dicen que
este es un “problema acotado” y que está fuertemente concentrado en el Norte
Grande.
En la
DPP están conscientes de este fenómeno. “Efectivamente, entre los delitos por
lo cuales son detenidos los extranjeros, los que se encuentran contenidos en la
Ley de Drogas es uno de las causas principales. Con todo, estos casos
constituyen una proporción cercana al 10% del total de estos delitos”, dice
Pablo Aranda.
El
abogado añade que esto “responde a un fenómeno criminal muy focalizado que
tiene que ver con el uso de los pasos fronterizos con Perú y Bolivia para el
tráfico de drogas”. Plantea que en este contexto, las organizaciones criminales
utilizan personas, especialmente mujeres indígenas en situación de
vulnerabilidad social o económica, para ingresar droga al país.
“La
prevención de estos delitos exige una política de colaboración interestatal más
que un sistema penal represivo para los extranjeros”, concluye Aranda.
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